"Hay que demoler las viviendas ilegales"

Antonio Vercher Noguera, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, tiene como misi¨®n coordinar a los fiscales de toda Espa?a en la defensa de la naturaleza y en la lucha contra los incendios, los vertidos ilegales, la contaminaci¨®n ac¨²stica y todos los delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, excepto las grandes tramas de prevaricaci¨®n urban¨ªstica, que corresponden a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Formado en Cambridge y Harvard, Vercher tendr¨¢ a su cargo guardias civiles y polic¨ªas, agentes ambientales, bi¨®logos y urbanistas en la fiscal¨ªa, reci¨¦n creada por el Gobierno para atajar la proliferaci¨®n de esc¨¢ndalos urban¨ªsticos. El fiscal apuesta por "demoler las viviendas ilegales" a trav¨¦s de una interpretaci¨®n m¨¢s restrictiva del C¨®digo Penal. Vercher recomienda a los compradores que comprueben en el registro que todo est¨¢ en orden antes de adquirir una vivienda.

"Las comunidades han olvidado que hay un delito en el C¨®digo Penal. Se interpreta la normativa para legalizar viviendas"

"Soy optimista. Creo que la situaci¨®n va a cambiar gracias a la nueva visi¨®n que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo"

Pregunta. Desde que se detecta una infracci¨®n urban¨ªstica hasta que llega la sentencia que ordena una demolici¨®n, se ha construido, se ha vendido, ha desaparecido el promotor, y cuando se ordena la demolici¨®n hay propietarios que han comprado de buena fe y no queda m¨¢s remedio que consolidar la situaci¨®n. ?Qu¨¦ va a hacer?

Respuesta. Es cierto. Desde la Fiscal¨ªa del Estado se trata de buscar soluciones m¨¢s pr¨¢cticas mediante la aplicaci¨®n del art¨ªculo 319.3 del C¨®digo Penal, es decir, la demolici¨®n. La fiscal¨ªa considera adem¨¢s que la demolici¨®n es un tema que hay que replantearse y que hay que buscar f¨®rmulas que sirvan para que sea aplicable.

P. ?Hay que demoler?

R. Hay que demoler. Lo que pasa es que hay que matizar. Mientras las normas administrativas dicen "se demoler¨¢" taxativamente, el C¨®digo Penal dice "se podr¨¢ demoler". Esto tiene su l¨®gica porque as¨ª, el juez analizar¨¢ si es mejor o peor demoler. Lo que se pretende es dar un margen de maniobra para que la demolici¨®n se ajuste a la realidad y sirva para proteger el medio ambiente, pero se ha interpretado hasta ahora como una cautela contra la demolici¨®n.

P. Entonces, la fiscal¨ªa va a tratar de potenciar las demoliciones.

R. Exactamente.

P. ?Y si hay propietarios, terceros que hayan comprado de buena fe y con licencia?

R. Hay soluciones por v¨ªa de la responsabilidad civil, est¨¢n el registro de la propiedad; hay muchas opciones... Hombre, es evidente que cuando uno compra, tiene que ir al registro. Es una cosa que a m¨ª me deja completamente at¨®nito: cuando uno compra y se gasta tantos millones y no averigua c¨®mo est¨¢ aquello. Es algo que no comprendo. Luego podr¨¢ hacer toda suerte de manifestaciones o argumentaciones, pero es algo que no acaba de casar del todo.

P. Pero el comprador puede tener todas las licencias...

R. Pero estas cosas son de dominio p¨²blico. Si hay alguna irregularidad, normalmente estas propiedades se ofrecen a menor precio. Luego, todo es clamar al cielo porque en una cosa que era buc¨®lica, pastoril, azul y maravillosa, aparece un vicio oculto desconocido. Habr¨¢ que ver qu¨¦ ha pasado, qu¨¦ es lo que sab¨ªa el comprador y, si acaso, utilizar las v¨ªas que ofrece el sistema de responsabilidad civil para pedir una indemnizaci¨®n.

P. Y, sin embargo, las autonom¨ªas legalizan todas estas construcciones pasado un tiempo.

R. Las autonom¨ªas han olvidado que hay un delito en el C¨®digo Penal. Hay comunidades que dicen: 'si la obra es legalizable, se legalizar¨¢. Si no, se aplicar¨¢ el principio de equidad' para evitar la demolici¨®n. Se interpreta la normativa de notar¨ªas y registros para legalizar viviendas. Estamos viendo una enorme y extraordinaria imaginaci¨®n que aplicada a I+D provocar¨ªa que quintuplic¨¢semos el n¨²mero de patentes. El problema es que esa imaginaci¨®n se est¨¢ aplicando a un contexto improcedente. Hay interpretaciones ins¨®litas que olvidan el C¨®digo Penal.

P. Pero en Espa?a hasta el ex presidente Aznar tiene una casa construida con una licencia considerada ilegal. ?No habr¨ªa que actuar tambi¨¦n contra ayuntamientos, alcaldes y concejales?

R. Si la construcci¨®n es ilegal puede haber una conducta delictiva y ah¨ª s¨ª que hay que proceder penalmente. Sin vuelta de hoja. El C¨®digo Penal castiga la prevaricaci¨®n urban¨ªstica que cometen autoridades o funcionarios y a eso tenemos que ajustarnos.

P. ?Qu¨¦ opina de la proliferaci¨®n de campos de golf?

R. ?Qui¨¦n juega al golf aqu¨ª? El golf es un se?uelo que da un toque de distinci¨®n. Es como comprarse un Mercedes o un BMW. Por lo menos ahora por ley que hay que garantizar el abastecimiento de agua. Y lo est¨¢n haciendo las confederaciones hidrogr¨¢ficas.

P. Pero en la pr¨¢ctica no funciona. En Murcia se est¨¢n anunciando campos de golf y, a la vez, pidiendo un trasvase...

R. Que no funcione porque no se respete y las implicaciones que eso puede tener es otro tema, pero que existe una base legal para que esto no ocurra esto es cierto.

P. ?A qu¨¦ atribuye la explosi¨®n del urbanismo y la corrupci¨®n?

R. La construcci¨®n se ha visto como algo positivo. La vivienda es una de las prioridades del espa?ol de a pie. Vienen 50 millones de extranjeros al a?o a los que hay que darles alojamiento y el clima de Espa?a la hace apetecible a amplios sectores de europeos. Como la construcci¨®n es m¨¢s rentable que la Bolsa, se ha disparado. Tambi¨¦n ha contribuido la Ley del Suelo de 1998, que convert¨ªa casi todo el suelo en urbanizable, y la eclosi¨®n de los convenios urban¨ªsticos, que nacieron para temas puntuales y que no deber¨ªan servir para modificar aspectos esenciales del planeamiento urban¨ªstico.

P. ?Cambiar¨¢ esta situaci¨®n?

R. Soy optimista. Creo que la situaci¨®n va a cambiar gracias a la nueva visi¨®n que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo, que limita el terreno urbanizable; a que la econom¨ªa est¨¢ girando hacia aspectos productivos que nada tienen que ver con la construcci¨®n, y a que las grandes inversiones est¨¢n yendo a la Bolsa; la industria est¨¢ notando este efecto.

P. La reforma del C¨®digo Penal que prepara el Gobierno prev¨¦ cambios en delitos ambientales ?Qu¨¦ hace falta?

R. En urbanismo se habl¨® de tipificar las reparcelaciones [divisi¨®n artificial de un terreno para poder construir m¨¢s viviendas] pero el problema es que estamos en fase de aplicaci¨®n de los delitos urban¨ªsticos y me parece aventurado ofrecer redacciones nuevas de esos art¨ªculos cuando a¨²n no hemos acabado de apurar lo que hay.

P. En general hay una sensaci¨®n de impunidad, de dificultad para detener, imputar y condenar a los incendiarios.

R. Esa sensaci¨®n debe ser del pasado, porque este a?o, con unos 60 detenidos de los que bastantes siguen en prisi¨®n... Lo que se ha visto este a?o es una importante reacci¨®n social, que es fundamental. En el momento en que el ciudadano responda frente al incendio o frente al delito contra el medioambiente exactamente igual que responde frente al robo de su cartera, esa sensaci¨®n de impunidad desaparecer¨¢ m¨¢s todav¨ªa.

P. Pero los incendios siguen sin denunciarse... ?Convendr¨ªa, como han postulado algunas fiscal¨ªas, imponer la pena de alejamiento a los pir¨®manos o que el fiscal pudiese otorgar a un testigo la condici¨®n de protegido?

R. Esas y otras opciones pueden ser de ayuda y de inter¨¦s, pero la fiscal¨ªa ya dijo que la denuncia puede ser an¨®nima y no ha servido.

P. El arsenal punitivo del C¨®digo, con penas de hasta 20 a?os para castigar los incendios ?es suficiente?

R. Yo creo que s¨ª.