La Comunidad investiga una de cada seis oposiciones por sospechas de filtraciones

A principios de 1998, 434 personas se enfrentaron a unas oposiciones para ser gobernante en el hospital Gregorio Mara?¨®n, de la Comunidad de Madrid. El examen era competido, ya que s¨®lo hab¨ªa 11 plazas de funcionario a adjudicar. El Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) public¨® meses despu¨¦s los ganadores. Diez eran afiliados, familiares o c¨®nyuges de miembros de la Coalici¨®n Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT), un sindicato af¨ªn al PP entre cuyos fundadores y dirigentes figuran afiliados al partido. El und¨¦cimo beneficiado era un alto cargo de UGT.

Cuatro a?os despu¨¦s, 4.275 personas se enfrentaron a otras oposiciones, en este caso para optar a 56 plazas de administrativo del Gobierno regional. Los resultados fueron los mismos, pero al rev¨¦s. De los diez aspirantes que obtuvieron mejor calificaci¨®n, nueve eran de la UGT, hijos o c¨®nyuges de afiliados. La CSIT coloc¨® al noveno y al und¨¦cimo aprobado.

Funci¨®n P¨²blica ha tenido que cambiar dos veces el sistema de selecci¨®n de los tribunales

En total, 460.000 personas han aspirado a un empleo p¨²blico en las 246 oposiciones organizadas por Direcci¨®n General de Funci¨®n P¨²blica del Gobierno regional desde 1998. En 42, casi una de cada seis, Funci¨®n P¨²blica ha tenido que ordenar una inspecci¨®n -"informaci¨®n reservada", es su denominaci¨®n administrativa- ante las sospechas y filtraciones.

Fuentes sindicales, confirmadas por el Gobierno regional, han confirmado que "casi todas las denuncias han sido contra CSIT, seguida por UGT". Contra los otros dos grandes sindicatos de la regi¨®n, CC OO y el que agrupa al sindicato de m¨¦dicos y enfermeros (Cesm y Satse) "no ha habido denuncias relevantes".

CSIT no ha querido contestar a las preguntas planteadas por EL PA?S sobre estas y otras oposiciones. Fernando S¨¢nchez, secretario de Sanidad de UGT, respondi¨® que "ninguna acusaci¨®n ha podido ser demostrada por la Comunidad ni los tribunales de justicia". Miguel ?ngel L¨®pez, director general de Funci¨®n P¨²blica, admite que, pese a los indicios, "no se ha podido demostrar nada en ning¨²n caso". "En dos ocasiones hemos ordenado repetir las oposiciones

[una tercera acaba de ser suspendida por la Consejer¨ªa de Sanidad] por evidencias, pero ni nosotros ni las investigaciones judiciales han atribuido las filtraciones a una persona concreta".

Fuentes jur¨ªdicas explican que "en una oposici¨®n, sino se pilla a alguien con papeles fechados y que permitan demostrar que alguien ten¨ªa las preguntas antes del examen, es imposible llegar a nada". "Se puede citar a los opositores, pero los que ten¨ªan las preguntas no se inculpar¨¢n y quienes no, denunciar¨¢n al resto, pero sin pruebas", a?aden estas fuentes.

L¨®pez da otra raz¨®n que impide anular procesos a posteriori, cuando se hace p¨²blica la lista de aprobados. "No podemos anular una oposici¨®n porque los que obtienen la mejor nota son afiliados a un sindicato o familiares. No podemos porque ser¨ªa ilegal indagar la afiliaci¨®n sindical o el parentesco de los aprobados". Es lo que ocurri¨® en la oposici¨®n de 1998 a gobernantes. Amador Rodr¨ªguez, ex responsable de Sanidad de CC OO, denunci¨® ante Funci¨®n P¨²blica que el 91% de los aprobados era de CSIT. "Ped¨ª una investigaci¨®n y denunci¨¦ el caso ante la fiscal¨ªa. Los resultados fueron desoladores", explica. Los fiscales le dijeron que no pod¨ªa demostrarse nada. Funci¨®n P¨²blica le respondi¨®, en una contestaci¨®n oficial por escrito, que se abstuviera de hacer "acusaciones de tal gravedad, que pueden rozar la injuria o la calumnia, si no puede demostrar su veracidad".

Rodr¨ªguez, que hoy se ha retirado de la primera l¨ªnea sindical y habla a t¨ªtulo personal, dice que se qued¨® "perplejo" al recibir la respuesta de Funci¨®n P¨²blica: "Parece que sea yo el que tenga que demostrar las irregularidades y no el Gobierno, que es el que debe garantizar el derecho de la gente a aspirar en igualdad de condiciones a un empleo p¨²blico".

El ex responsable de Sanidad de CC OO exprimi¨® su imaginaci¨®n para poner en evidencia las "irregularidades de CSIT". En una ocasi¨®n, se fue al notario dos semanas antes de unas oposiciones a auxiliar de control y le entreg¨® un listado con 38 personas que iban a superarlas. Todas estaban vinculadas al CSIT y dos tambi¨¦n al PP. "S¨®lo fall¨¦ ocho, pero es que siete de ellas fue porque hab¨ªan aprobado otras oposiciones y pasaron de ¨¦stas".

Una de las dos oposiciones que Funci¨®n P¨²blica ha ordenado repetir es la de enfermeras para el Gregorio Mara?¨®n. Fue en 1998, 6.824 personas aspiraban a 101 plazas y aunque el recurso que justific¨® la medida fue que las preguntas no se ajustaban en el temario, fuentes del Gobierno regional precisan que "hab¨ªa fundadas sospechas que implicaban a CSIT". El sindicato Satse llev¨® el caso a la fiscal¨ªa. "Nos reunimos con los fiscales, pero no se pudo demostrar nada. Hab¨ªa un aspirante que ten¨ªa las preguntas apuntadas en un papel, pero claro, eso no es una prueba porque puede haberlas copiado en la misma oposici¨®n".

Gabriel Espa?a ocup¨® el mismo cargo que Amador Rodr¨ªguez, pero en UGT. Hace dos a?os denunci¨® ante los ¨®rganos internos del sindicato pr¨¢cticas fraudulentas, sobre examen para administrativo de 2002, "tr¨¢fico de influencias en favor de familiares y amigos". La respuesta del sindicato fue abrirle un proceso de expulsi¨®n que logr¨® evitar con un recurso a los tribunales.

Funci¨®n P¨²blica admite que, ante las reiteradas sospechas de fraude y filtraciones, ha tenido que cambiar dos veces los sistemas de selecci¨®n de los tribunales. Tambi¨¦n se ha visto obligada a "regular hasta el m¨ªnimo detalle" sus procedimientos internos. Hasta 2001, los sindicatos eleg¨ªan a sus representantes en los tribunales calificadores, de los que eran miembros de pleno derecho con acceso a los ex¨¢menes.

En 2001, Funci¨®n P¨²blica retir¨® a los sindicatos algunas atribuciones. Sus representantes pasaron a ser meros "observadores", en teor¨ªa con menor acceso a las preguntas. El esc¨¢ndalo de las oposiciones de 2004 a auxiliar administrativo, con 18.400 aspirantes para 364 plazas y que fueron suspendidas por Funci¨®n P¨²blica tras detectar irregularidades, demostr¨® que este sistema tampoco funcionaba, admiten fuentes sindicales y del Gobierno.

Fuentes que participaron en la investigaci¨®n de estas irregularidades, confirmadas por otras las sindicales, observaron "movimientos sospechosos de CSIT y UGT que hab¨ªan logrado colocar una persona af¨ªn en puestos claves del tribunal". "El objetivo era repartirse luego parte de los aprobados. Pero ocurri¨® lo que ha pasado en otra ocasi¨®n m¨¢s: una o m¨¢s personas con acceso a las preguntas se salen del gui¨®n, reparten la prueba por su cuenta y acaba extendi¨¦ndose tanto la filtraci¨®n que es detectada por el Gobierno regional", afirman estas fuentes.

Este caso ha sido investigado por la Comunidad y la Fiscal¨ªa de Madrid. Funci¨®n P¨²blica analiz¨® los resultados con una nueva herramienta que, mediante complejos c¨¢lculos estad¨ªsticos, confirm¨® las filtraciones: 70 personas hab¨ªan respondido bien todas las preguntas del examen te¨®rico, cuando lo esperable por ex¨¢menes anteriores eran menos de 10. Adem¨¢s, la nota media "era mucho m¨¢s elevada de lo previsible, lo que demuestra que la filtraci¨®n fue m¨¢s extendida que a esas 70 personas", afirman fuentes del Gobierno regional.

Pese a las evidencias, tampoco esta vez pudo atribuirse la filtraci¨®n a nadie, aunque en esta ocasi¨®n "se estuvo m¨¢s cerca que nunca de lograrlo". Funci¨®n P¨²blica somete ahora a "todos los ex¨¢menes al control estad¨ªstico". "Si en los resultados detectamos una desviaci¨®n de notas no justificada, suspender¨ªamos la prueba", algo que hasta ahora no ha sucedido.

Tras la oposici¨®n de 2004, Funci¨®n P¨²blica volvi¨® a cambiar el sistema de elecci¨®n de los tribunales calificadores, ahora por sorteo ante notario de sus miembros.

"El objetivo no puede ser sacar fuera de los tribunales a los sindicatos, que deben estar y responsabilizarse en los procesos de selecci¨®n. La cuesti¨®n es crear mecanismos de seguridad que impidan las filtraciones. Hay ejemplos de ello, como son los ex¨¢menes para los m¨¦dicos residentes", explica Espa?a. ?ste muestra su preocupaci¨®n por la "las redes clientelares que se han formado en algunos sindicatos". "Hay grupos reducido de personas que han ayudado a cientos de aspirantes a conseguir un empleo p¨²blico. Esto ha creado redes de contactos e intereses muy fuertes", a?ade.

El responsable de un centro de formaci¨®n para oposiciones a?ade que "las oposiciones son un gran negocio". "En algunos ex¨¢menes se presentan hasta 20.000 personas y muchas acuden a centros de formaci¨®n de los propios sindicatos y que cobran a los aspirantes cientos de euros. Multiplica y calcula el dinero que mueve todo esto".