La tentaci¨®n vive al lado

Se han abierto las compuertas y una mancha gigante de corrupci¨®n se extiende por toda la superficie de nuestro territorio. Este territorio se divide en Espa?a, seg¨²n los ¨²ltimos datos, en 8.108 municipios. Como es l¨®gico, no se pueden homologar las actividades urban¨ªsticas de las grandes ¨¢reas metropolitanas con otras m¨¢s reducidas, o con la variedad de zonas que eran agr¨ªcolas y han dejado de serlo gracias a una r¨¢pida partida de casino jugada por algunos ediles y promotores con cartas marcadas. Las ganancias alcanzan, en algunos casos, el diez mil por cien.

Los factores de corrupci¨®n son muy variados. En primer lugar, la tan tra¨ªda y llevada autonom¨ªa municipal proclamada por la Constituci¨®n y reforzada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Esta decisi¨®n ha sido calificada por los expertos como el derrumbe del derecho urban¨ªstico estatal y es, en gran parte, la causa de la preocupante situaci¨®n que estamos viviendo. En todo caso, es urgente una ley de Financiaci¨®n de los Municipios que refuerce sus potestades financieras y tributarias, para que el urbanismo juegue su verdadero papel y la especulaci¨®n, si es posible, desaparezca.

Ha llegado el momento de utilizar el derecho penal; la c¨¢rcel es un remedio disuasorio

La ley de 1992 se decant¨® por el sistema de libre desarrollo de la propiedad privada, olvidando su funci¨®n social, liberalizando gran parte del suelo para que los ayuntamientos se financiaran con un tanto por ciento de la especulaci¨®n. La pr¨¢ctica totalidad de la superficie del pa¨ªs, no especialmente protegida, se convirti¨® en un man¨¢ urban¨ªstico. En este contexto la creaci¨®n de una figura representativa de la m¨¢s descarnada privatizaci¨®n de la vivienda, el agente urbanizador, ha resultado catastr¨®fica y nos ha situado en el punto de mira de la Uni¨®n Europea.

Las denuncias se acumularon ante la Comisi¨®n de Peticiones del Parlamento Europeo, solicitando la intervenci¨®n de las instituciones europeas ante la impasibilidad de las locales, la ineficacia de los recursos legales y las tard¨ªas y muchas veces desalentadoras respuestas de los tribunales de justicia.

El Parlamento Europeo puso en marcha una comisi¨®n que se traslad¨® a nuestro pa¨ªs para entrevistarse con todas las instituciones implicadas. El primer informe es de septiembre de 2005. Algunas de sus conclusiones deber¨ªan hacernos reflexionar. Se nos acusa de utilizar m¨¦todos de expropiaci¨®n leoninos, de provocar un impacto desastroso en el medio ambiente y en la ecolog¨ªa de numerosas zonas costeras y de haber subordinado el inter¨¦s p¨²blico a los intereses especulativos.

Todos estos factores inoculan a los ciudadanos un sentimiento negativo para la salud de la democracia. Debemos estar alertar frente al peligroso recurso a la resignaci¨®n o el cinismo que iguala a todos en la corrupci¨®n.

En una carrera desenfrenada, los ayuntamientos peque?os se han lanzado a planificar miles de viviendas con el inevitable complemento de un campo de golf. Reconozco que esta oferta es seductora pero a la larga fantasiosa, insostenible y ruinosa. Los que de buena fe creen que van a revitalizar la precaria vida del pueblo deber¨ªan meditar sobre lo que se le viene encima. Mayores impuestos, servicios insuficientes y desolaci¨®n durante gran parte del a?o. Pero no se le puede negar a ning¨²n alcalde, de los miles que gobiernan en los peque?os municipios, tener las mismas ocurrencias que sus vecinos de al lado.

El territorio deber¨ªa ser la base del desarrollo urban¨ªstico ordenado y el t¨¦rmino municipal deber¨ªa integrarse en su ¨¢mbito. Las pol¨ªticas racionales pasan por la planificaci¨®n de superficies mayores que las de un peque?o municipio.

Te¨®ricamente, la ¨²ltima palabra la tienen, con matizaciones, las Comunidades Aut¨®nomas, por lo menos en la letra de la ley. La realidad es mucho m¨¢s creativa y produce los efectos esperados cuando se mantienen intactos los factores que generan la tentaci¨®n.

Por otra parte, la redacci¨®n de una ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos que permitiera sostener sus gastos de funcionamiento, reducir¨ªa las tentaciones. Una recalificaci¨®n seguida de licencia para construir es comparable al milagro de los panes y los peces. Las cantidades son tan tentadoras y generadas de forma tan f¨¢cil y artificial con la sola utilizaci¨®n de un papel, que resulta ilusorio evitar que todos quieran participar del fest¨ªn. Una parte para el Ayuntamiento y otra para las finanzas del partido. ?Por qu¨¦ no una parte para el que gracias a su capacidad de decisi¨®n ha sido el art¨ªfice de este milagro? La tentaci¨®n vive al lado.

Ante la grav¨ªsima lesi¨®n a los intereses colectivos y la propia supervivencia del medio ambiente, ha llegado el momento de utilizar el derecho penal, si bien de forma serena y proporcional. Serena porque no se pueden llevar todas las actuaciones al campo del derecho penal, y proporcional porque las sanciones resultan rid¨ªculamente bajas ante la gravedad de estas conductas criminales.

En los casos de prevaricaci¨®n las penas que inhabilitan para volver a ser elegido o desempe?ar cargos p¨²blicos deben ser acompa?adas de unos cuantos a?os de prisi¨®n. El cohecho del que corrompe al funcionario y del funcionario que se deja corromper, merece una pena de prisi¨®n m¨¢s dura.

La c¨¢rcel, a pesar de opiniones respetables en contra, es un remedio disuasorio. Si adem¨¢s mejoramos los mecanismos de confiscaci¨®n de los bienes adquiridos ilegalmente y los reintegramos a la comunidad, habremos conseguido un objetivo que puede enderezar las cosas.

En cuanto a la nueva Ley del Suelo, a¨²n estamos a tiempo de que abandone medidas que se han mostrado ineficaces y desastrosas. En mi opini¨®n, no se puede desligar la regulaci¨®n del suelo de las t¨¦cnicas urban¨ªsticas y de los procedimientos expropiatorios como si se tratase de compartimentos estancos. Me parece impecable el prop¨®sito de poner el territorio y el suelo al servicio del inter¨¦s general, seg¨²n el principio de desarrollo sostenible. Los desatinos de las leyes generan los monstruos como los de Cullera. El n¨²cleo de la cuesti¨®n radica en someter las leyes sectoriales a estos principios.

Es el momento de las pol¨ªticas p¨²blicas de vivienda que, utilizando a fondo el derecho de superficie -como se ha hecho a la inversa con los aparcamientos de residentes- lo pongan al servicio de los objetivos constitucionales y legales. Si es que todav¨ªa queda alg¨²n terreno de propiedad municipal o p¨²blica.