"Algunas condenas a menores tendr¨ªan que ser m¨¢s duras"

Lo primero que instal¨® en su despacho fueron unas fotos gigantes de sus seis hijos hechas por ¨¦l. Mientras posa, Arturo Canalda, flamante Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, mantiene con el fot¨®grafo una r¨¢pida conversaci¨®n sobre t¨¦cnicas y marcas de c¨¢maras. Tiene 40 a?os y los ¨²ltimos 10 los ha dedicado al Partido Popular: desde que empezase a trabajar con Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educaci¨®n hasta hace unos d¨ªas, en que dej¨® de ser viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y entreg¨® su carn¨¦ del partido para convertirse en el ¨²nico Defensor del Menor que hay en Espa?a.

Durante esta d¨¦cada ha trabajado en las tres administraciones y entre otras tareas, que repite de corrido, ha sido gerente del 112, del Canal de Isabel II, y jefe de la Polic¨ªa Municipal. Duerme tres horas y media al d¨ªa. As¨ª, el fin de semana anterior a su incorporaci¨®n, el pasado lunes, ya se hab¨ªa le¨ªdo un grueso informe sobre la situaci¨®n de los ni?os. Sus primeras opiniones sobre los temas m¨¢s pol¨¦micos que competen a los derechos de los menores difieren de las de su antecesor, Pedro N¨²?ez Morgades. Sobre el reciente apoyo de los fiscales a que se castiguen con penas de c¨¢rcel, como delito de atentado, las agresiones a maestros, antes de pronunciarse ha preferido esperar a ver qu¨¦ es lo que dice exactamente la instrucci¨®n de la Fiscal¨ªa de Catalu?a.

"El problema que m¨¢s me preocupa es de las separaciones traum¨¢ticas, que los padres usen a sus hijos como armas arrojadizas"

"Si un juez estima que lo mejor es que un chico de un reformatorio pase a prisi¨®n al cumplir los 18, no tengo argumentos para decir que no se haga"

Pregunta. ?Ha sido duro llegar a este puesto sin consenso?

Respuesta. Habr¨ªa sido mucho m¨¢s duro que la oposici¨®n se hubiera abstenido. Pero ellos votaron a su candidato, que es el secretario general de esta casa [Jos¨¦ Antonio Luengo]. No voy a condicionar mi actividad como defensor por pensar de una determinada manera, ni por haber pertenecido al PP. Los ni?os no tienen color pol¨ªtico. Algunas decisiones que tome ir¨¢n en contra, seguro, de lo que hace mi propio partido en el Gobierno y, en otras ocasiones, de lo que hace el partido de la oposici¨®n en el Gobierno central.

P. ?Qu¨¦ opina de la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que est¨¢ concluyendo en el Parlamento, y que implica un endurecimiento de las sanciones?

R. La ley de 2000 no ha funcionado porque no iba acompa?ada de una memoria econ¨®mica. Esto supone que las comunidades han tenido que hacer inversiones que no todas han afrontado con la misma solvencia. Durante estos a?os, algunos delitos cometidos por menores han creado una gran alarma social, por lo que a muchos, entre los que me encuentro, nos gustar¨ªa que las condenas fueran m¨¢s duras. Algunas tendr¨ªan que ser m¨¢s duras. No discuto que sea conveniente la reforma.

P. Pero si el problema es que no ha habido medios econ¨®micos para desarrollar la ley, ?por qu¨¦ la soluci¨®n est¨¢ en agravar las penas?

R. Bueno, es que tambi¨¦n hay que dotar de recursos a la nueva ley para que se pueda cumplir. Es nuestra obligaci¨®n.

P. Uno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos de la reforma es la posibilidad de que los menores internados sean enviados a la c¨¢rcel al cumplir 18 a?os, medida con la que su predecesor estaba en contra.

R. No puede primarse en ning¨²n caso el derecho de la persona agresora frente al derecho del no agresor, el que no comete ning¨²n delito. En el ¨¢mbito de los menores es cierto que cualquier pena debe llevar aparejada una labor de reeducaci¨®n, pero los jueces tienen la suficiente preparaci¨®n como para determinar cu¨¢ndo un chico tiene que ir a la c¨¢rcel.

P. ?Tiene sentido invertir en reeducar a un ni?o durante algunos a?os en un centro para luego enviarlo a la c¨¢rcel a los 18?

R. Si los jueces estiman que lo mejor es que el chico pase a prisi¨®n, no tengo argumentos para decir que no se haga. Adem¨¢s, hay que tener muy en cuenta la tipolog¨ªa del delito, si ha cometido un delito grave, de los que crean una gran alarma social.

P. M¨¢s de 83% de los reformatorios, las c¨¢rceles de menores, est¨¢n gestionados por asociaciones sin ¨¢nimo de lucro en Madrid y Andaluc¨ªa. ?Est¨¢ de acuerdo con esta privatizaci¨®n?

R. Hay que matizar. Cuando hablamos de privatizaci¨®n estamos hablando de la gesti¨®n del servicio, pero ¨¦ste se est¨¢ financiando con fondos p¨²blicos. Muchas veces, las administraciones disponen de medios insuficientes y hay que recurrir a la iniciativa privada. No hay nada que nos haga pensar que el servicio que prestan estas asociaciones sea malo.

P. Ser¨ªa impensable que las c¨¢rceles estuvieran en manos privadas, y en los reformatorios se ejecutan las medidas de privaci¨®n de libertad de los menores, el colectivo m¨¢s vulnerable.

R. Pero el r¨¦gimen es distinto. En los centros de menores hay regladas actividades y pautas de conducta que los internos est¨¢n obligados a seguir. Insisto. A priori no tengo nada en contra de la gesti¨®n de estas entidades.

P. Su antecesor abri¨® una puerta a la integraci¨®n de los Latin Kings y ?etas, como en Catalu?a. A esa reuni¨®n el Gobierno regional no acudi¨®.

R. No veo esa integraci¨®n. Hay que tener cuidado con las bandas, por el ejemplo que generan en los j¨®venes, que muchas veces no tienen formado un criterio s¨®lido y que pueden querer pertenecer a una banda para suplir carencias de otro tipo.

P. Seg¨²n varias asociaciones, se est¨¢ repatriando de forma sistem¨¢tica a menores inmigrantes, sobre todo en Madrid, sin atender a su situaci¨®n en su pa¨ªs de origen. Los jueces han paralizado varias con el chico ya en el avi¨®n. ?Cu¨¢l su opini¨®n sobre este conflicto entre pol¨ªtica migratoria y protecci¨®n de menores?

R. Aqu¨ª lo que hay es una nefasta pol¨ªtica de inmigraci¨®n por parte del Gobierno y que estamos pagando las comunidades aut¨®nomas. Todas. Con independencia de color pol¨ªtico. Como Defensor del Menor lo que tengo que decir es que tenemos que proteger los derechos de los menores. Pero el origen del problema es una imprevisi¨®n del Gobierno central.

P. El Consejo de Europa exige que Espa?a cambie la ambig¨¹edad legal que permitir¨ªa el castigo f¨ªsico a los ni?os: el derecho a "corregir moderadamente" que recoge el C¨®digo Civil.

R. Estoy de acuerdo con que se cambie si supone una duda. Pero hay que tener en cuenta que es un art¨ªculo escrito en el siglo XIX. Si alguien lo interpreta hoy como la posibilidad de castigar a los menores, es un error garrafal.

P. ?Qu¨¦ es lo primero que va a hacer como Defensor?

R. Trabajar en tres l¨ªneas: intentar que las familias se impliquen en la educaci¨®n de los ni?os, recuperar el protagonismo del profesor, para que vuelva a tener un papel fundamental en la educaci¨®n de los hijos. Falta disciplina. Y actuar sobre el uso y abuso de las nuevas tecnolog¨ªas.

P. ?Lo que m¨¢s le preocupa?

R. Las familias desestructuradas y las separaciones traum¨¢ticas, que han generado que los ni?os sean usados como armas arrojadizas por sus padres. Porque cada vez hay m¨¢s divorcios.