Industria promover¨¢ una nueva norma para que el regulador contin¨²e en la capital catalana

El pronunciamiento del Tribunal Supremo cay¨® como una bomba en el Gobierno central y en el catal¨¢n, que logr¨® hacerse con la sede del regulador de las telecomunicaciones tras un pacto pol¨ªtico entre Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Pasqual Maragall. Sin embargo, el Ministerio de Industria enfatiz¨® anoche que la sentencia, a¨²n no publicada, "no deslegitima de ning¨²n modo el traslado de la CMT". Tambi¨¦n subray¨® que el cambio de sede geogr¨¢fica no tiene vuelta atr¨¢s. Tras consultar con su servicio jur¨ªdico, fuentes de Industria subrayaron que "lo ¨²nico que se plantea es un posible defecto de forma, una supuesta falta de informaci¨®n que por supuesto estamos determinados a subsanar para cumplir escrupulosamente con la sentencia". El ministerio barrunta a qu¨¦ instrumento jur¨ªdico podr¨ªa recurrir para subsanar dicha falta de informaci¨®n y si podr¨ªa tomar forma de un nuevo decreto, siempre para mantener la sede en Barcelona.

Las reacciones no se hicieron esperar. El consejero de Econom¨ªa y Finanzas, Antoni Castells, dijo "respetar, pero deplorar" la sentencia, y pidi¨® tiempo para poder valorar el contenido del fallo. El portavoz de Presupuestos de CiU en el Congreso, Jordi Vilajoana, pidi¨® al ministro de Industria, Joan Clos, tome las medidas oportunas para arreglar ese "error imperdonable" de su predecesor, Jos¨¦ Montilla. Por su parte, ERC pidi¨® una ley para evitar que un tribunal pueda "dar marcha atr¨¢s" con la descentralizaci¨®n de ¨®rganos reguladores.

Reacciones muy contrarias se produjeron en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre recibi¨® con "enorme satisfacci¨®n" el fallo, aunque apel¨® a la prudencia para hacer una valoraci¨®n definitiva, que se producir¨¢ cuando se conozca la sentencia en los pr¨®ximos 10 d¨ªas. Fuentes del Ejecutivo regional indicaron que, tal y como defendieron sus servicios jur¨ªdicos, el traslado de la sede fue "ilegal", y da la raz¨®n a los trabajadores cuyos derechos laborales fueron vulnerados.