Clos critica al Supremo por intervenir en pol¨ªtica al anular el traslado de la CMT
Esperanza Aguirre exige que la sede del regulador vuelva a Madrid tras el fallo del tribunal
El Gobierno y sus socios pol¨ªticos en Catalu?a coincidieron ayer en criticar duramente al Tribunal Supremo por entender que los jueces no deben intervenir en asuntos pol¨ªticos como el traslado de la sede de la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona anulada por el alto tribunal. Mientras, la Comunidad de Madrid, que present¨® el recurso, va a exigir que la sede del regulador se instale de nuevo en la capital. El Gobierno ya est¨¢ preparando una nueva norma legal para cumplir con el fallo judicial y que la sede contin¨²e en Barcelona.
Otra vez el Gobierno anda a la gre?a con los jueces. Esta vez porque considera que el poder judicial no debe inmiscuirse en asuntos que considera estrictamente pol¨ªticos como la localizaci¨®n de los organismos del Estado. El Gobierno, y tambi¨¦n sus aliados pol¨ªticos en Catalu?a, consideran una injerencia la sentencia del Tribunal Supremo que anula el real decreto de 30 de diciembre que ordenaba el traslado de la sede de la CMT de Madrid a Barcelona.
Ese traslado fue una decisi¨®n adoptada por el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y el de la Generalitat de Catalu?a, Pasqual Maragall, en 2004, en el marco de su pol¨ªtica de descentralizaci¨®n de las instituciones del Estado. La Comunidad de Madrid y un amplio grupo de trabajadores de la CMT recurrieron en marzo de 2005 el real decreto que ordenaba el traslado, y el Supremo les ha dado la raz¨®n.
El ministro de Industria, Joan Clos, que era alcalde de Barcelona cuando el Gobierno tom¨® la decisi¨®n, encabez¨® ayer las protestas contra el Supremo. "No creo que convenga que los tribunales entren en las decisiones de cariz pol¨ªtico, corresponde al Ejecutivo establecer d¨®nde se instalan las instituciones que dependen o est¨¢n relacionadas con ¨¦l", asever¨® Clos en los pasillos del Senado. Clos insisti¨® en que, a pesar de la decisi¨®n del alto tribunal, el cambio de sede de Madrid a Barcelona es "irreversible".
Una opini¨®n contraria a la que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para la que el fallo judicial demuestra que el traslado obedeci¨® a motivos "pol¨ªticos y no econ¨®micos". Aguirre inst¨® al Gobierno a "meditar" las consecuencias de la sentencia y a "devolver la Comisi¨®n a Madrid o elaborar un nuevo decreto".
La sentencia ha levantado ampollas en los socios del PSOE en Catalu?a (PSC, ERC e IU-ICV), que la pr¨®xima semana formar¨¢n un nuevo Gobierno tripartito en esta comunidad presidido por Jos¨¦ Montilla, precisamente el ministro bajo cuyo mandato se decidi¨® el traslado. Los tres partidos catalanes de la llamada Entesa se esforzaron ayer en relativizar el alcance de la decisi¨®n del Supremo. "S¨®lo pide una mayor motivaci¨®n" que justifique el traslado, apunt¨® el portavoz del Ejecutivo catal¨¢n en funciones, Joaquim Nadal, que dio la vuelta al fallo judicial para asegurar que ¨¦sta "ratifica" el derecho del Gobierno a elegir d¨®nde ubicar sus organismos adscritos.
Pero no ahorraron cr¨ªticas a los jueces. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, Joan Ridao, calific¨® de "lamentable" la resoluci¨®n del Supremo por entender que demuestra una "politizaci¨®n de los tribunales", y un intento de hacer fracasar la "t¨ªmida" voluntad del Gobierno de descentralizar la Administraci¨®n del Estado. "Mucho nos tememos que nos encontramos ante un nuevo episodio que evidencia la dependencia pol¨ªtica de la justicia espa?ola, en la c¨²pula de la cual a¨²n hay una mayor¨ªa que act¨²a bajo los dictados del PP", a?adi¨® Ridao.
Por su parte, IU-ICV, manifest¨® en un comunicado su "profundo desacuerdo" con la decisi¨®n del Supremo, que "obedece m¨¢s a una pol¨ªtica centralista y derechista que a un problema de forma".
Tanto el ministro de Industria como el de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, coincidieron en afirmar que el Supremo ha anulado el decreto por un defecto de forma y que lo resolver¨¢n con una modificaci¨®n normativa. Sevilla no fue preciso en los plazos, e indic¨® que el nuevo decreto que aprobar¨¢ el Gobierno "estar¨¢ este viernes, el siguiente o cuando pueda estar".
El asunto tambi¨¦n fue considerado como un mero problema formal por el propio presidente de la CMT, Reinaldo Rodr¨ªguez, que ejecut¨® el traslado tras la dimisi¨®n de su antecesor en el cargo, Carlos Bustelo. ?ste calific¨® el traslado de "deportaci¨®n".
El episodio ha sido aprovechado por las distintas fuerzas pol¨ªticas de la oposici¨®n. Mientras el PP acusa al Gobierno Zapatero de "intervencionismo", la oposici¨®n catalana, CiU y el PP de Catalu?a -ambos partidarios de la descentralizaci¨®n- descargaron sus cr¨ªticas sobre Montilla, por su "rotundo fracaso como gestor", en palabras de Josep Antoni Duran i Lleida, y por su "falta de rigor y su improvisaci¨®n", en palabras de Josep Piqu¨¦.
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