A toro pasado

Desde hace meses los tribunales de justicia vienen dictando sentencias en las que se da la raz¨®n a la Junta de Andaluc¨ªa en los recursos que interpuso contra determinadas licencias no ajustadas a lo previsto en el plan de ordenaci¨®n urbana concedidas por el Ayuntamiento de Marbella. Ya se han conocido un buen n¨²mero de ellas y en los pr¨®ximos meses conoceremos muchas m¨¢s. Lo que se deduce de la lectura de tales sentencias es una vulneraci¨®n generalizada de la legalidad por parte del Ayuntamiento marbell¨ª. No se trata de que haya habido abusos urban¨ªsticos, sino que los usos urban¨ªsticos han sido perversos.

En contra de lo que se viene diciendo por parte de Juan antonio Roca y de Javier Arenas, la Junta de Andaluc¨ªa no ha sido connivente con esa pr¨¢ctica urban¨ªstica perversa, sino que ha intentado atajarla en la medida en que le era posible y de ah¨ª que, en todos los recursos que ahora est¨¢n siendo resueltos por los tribunales, se solicitar¨¢ la suspensi¨®n cautelar de la licencia, con la finalidad de que no se produjera un hecho consumado no f¨¢cilmente reversible. ?nicamente desde la mala fe se puede considerar a la Administraci¨®n auton¨®mica como la responsable de lo ocurrido en Marbella.

Lo ocurrido en Marbella, no solamente en Marbella, pero de manera muy especial en Marbella, nos obliga a reflexionar sobre la adecuaci¨®n de los instrumentos de que disponemos en nuestro ordenamiento para impedir que se produzcan aberraciones urban¨ªsticas masivas como las que estamos conociendo detalladamente en estos ¨²ltimos meses.

Y es evidente que no disponemos y deber¨ªamos disponer de alg¨²n mecanismo efectivo para que se pudiera acordar por los jueces la suspensi¨®n cautelar de licencias en materia de urbanismo. Ahora que se est¨¢ abordando la reforma de la Ley del Suelo, con la finalidad de que no puedan repetirse desarrollos urban¨ªsticos aberrantes, se deber¨ªa poner el acento en alguna reforma procesal que permitiera objetivar al m¨¢ximo la decisi¨®n judicial acerca de las medidas cautelares.

Se deber¨ªa contemplar alg¨²n procedimiento para que, cuando la Administraci¨®n auton¨®mica recurre una licencia concedida por un Ayuntamiento por incumplimiento de la legalidad vigente, se diera traslado de la misma al Ministerio Fiscal y, si coincide la opini¨®n del Ministerio Fiscal con la de la Administraci¨®n recurrente, se solicitara la celebraci¨®n de una vista, con la participaci¨®n del Ayuntamiento y el particular afectado y se debatiera acerca de la procedencia o no de la adopci¨®n de la medida cautelar. En La Ley de la Jurisdicci¨®n contencioso-administrativa hay un procedimiento para la admisi¨®n a tr¨¢mite del "amparo judicial" que podr¨ªa adaptarse a la impugnaci¨®n por parte de la Administraci¨®n auton¨®mica de las licencias en materia urban¨ªstica. Es un tr¨¢mite que se resuelve en un espacio de tiempo muy breve, con la participaci¨®n de todas las partes afectadas y que permite determinar si la demanda tiene contenido constitucional o no que justifique o no que se siga el procedimiento especial del amparo judicial en lugar del procedimiento general del recurso contencioso-administrativo ordinario.

De forma similar se podr¨ªa arbitrar un procedimiento para que las Administraciones p¨²blicas involucradas, el Ministerio Fiscal y los particulares debatieran en un plazo breve sobre la oportunidad o no de adoptar la medida cautelar de suspensi¨®n provisional de la licencia hasta tanto se puede resolver sobre la legalidad de la misma.

Estoy convencido de que, con un tr¨¢mite de esta naturaleza, se hubiera podido si no cortar de ra¨ªz, s¨ª reducir de manera extraordinariamente significativa la cantidad de barbaridades urban¨ªsticas que se han cometido en Marbella. Porque en muchos casos, como resulta de la lectura de las sentencias, la ilegalidad era bastante obvia y, con un an¨¢lisis contradictorio en un plazo breve por personas adecuadamente preparadas, se hubiera podido constatar dicha ilegalidad y se hubiera podido adoptar la medida cautelar de suspensi¨®n de manera razonable. Esperemos que el legislador as¨ª lo entienda y no tengamos que seguir lament¨¢ndonos.