Boliden Apirsa pierde la demanda contra las empresas que hicieron la balsa de Aznalc¨®llar

El Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid ha rechazado la demanda de la multinacional sueca Boliden Apirsa contra ACS, Intecsa, Geocisa y otras empresas espa?olas, a las que reclam¨® 248 millones de euros por los da?os derivados del vertido t¨®xico de 1998 en Aznalc¨®llar, en los aleda?os del Parque de Do?ana. La juez rechaza la totalidad de la demanda de la multinaciona porque no se ha demostrado ning¨²n incumplimiento contractual de las empresas que recrecieron la balsa de residuos de Minas de Aznalc¨®llar (Sevilla). Boliden anunci¨® ayer un recurso.

Seg¨²n la sentencia, los informes periciales demostraron "las graves dificultades que a¨²n persisten para conocer la reacci¨®n de determinados materiales" del subsuelo, en este caso las conocidas como margas azules del Guadalquivir, y por ello Boliden no demostr¨® en el juicio que las empresas que construyeron y recrecieron la balsa no utilizaran "las mejores t¨¦cnicas aceptadas actualmente en el mundo", como se comprometieron en contrato.

El vertido del 25 de abril de 1998 de millones de metros c¨²bicos de metales pesados y lodos contaminados no solo caus¨® "importantes da?os y perjuicios" sino que "pudo llegar a ser uno de los mayores desastres ecol¨®gicos", seg¨²n la juez. No obstante, la sentencia no aprecia ninguna "culpa o negligencia" en las empresas espa?olas que construyeron y supervisaron la balsa de residuos pues "las presiones de aguas intersticiales, la marcada fragilidad de la arcilla azul del Guadalquivir y la magnitud de las tensiones transmitidas al dique de contenci¨®n" segu¨ªan siendo objeto de controversia entre los expertos cinco a?os despu¨¦s del siniestro.

Por ello, la juez no aprecia que Dragados y Construcciones (ahora ACS) "incumpliera, al elaborar el proyecto y el posterior recrecimiento, lo obligado contractualmente" ni que lo hiciera Geocisa en su informe de estabilidad de la presa.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia se basa en gran parte en el informe pericial que ya sirvi¨® a la Audiencia de Sevilla para archivar, en el a?o 2001, la demanda penal por presunta negligencia dirigida contra t¨¦cnicos de Boliden, de las empresas constructoras y de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG) que deb¨ªan supervisar la presa.

As¨ª, destaca la juez: "No nos encontr¨¢bamos ante un terreno con antiguos deslizamientos por los que estuviera ya debilitado" y "la fragilidad de las arcillas no era pensable en la ¨¦poca del proyecto", mientras que "la teor¨ªa de la rotura progresiva que acogen los peritos judiciales no se discut¨ªa en 1978".

Junto a ello, los peritos concluyeron que la rotura de la balsa se hizo de una forma "inusual en estas formaciones y con necesidad de asignar a las margas o arcillas una estructura jam¨¢s considerada anteriormente, y no solo en el campo nacional".

La sentencia recoge adem¨¢s el debate en torno al agua contenida en la balsa, ya que durante el juicio las empresas demandadas calificaron como "imprudente" que la balsa de Boliden alojase m¨¢s de nueve millones de metros c¨²bicos de agua por estar inicialmente prevista para la contenci¨®n de residuos s¨®lidos.

Por ¨²ltimo, destaca que en la zona del Guadalquivir se sigue construyendo sobre las margas y que "s¨®lo las circunstancias que rodearon a la explotaci¨®n y al recrecimiento determinaron que surgiera un plano d¨¦bil y esa fragilidad que eran totalmente impensables en 1978 y 1996". Al negar la responsabilidad contractual de las empresas constructoras, la juez rechaza igualmente cualquier condena a sus respectivas compa?¨ªas aseguradoras, en una sentencia que adem¨¢s impone a Boliden el pago de todas las costas del juicio.

La rotura de la balsa en abril de 1998 provoc¨® el vertido al r¨ªo Guadiamar de cinco millones de metros c¨²bicos de aguas contaminadas. La mayor¨ªa de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejer¨ªas de Empleo y Desarrollo Tecnol¨®gico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hect¨¢reas de extensi¨®n y 62 kil¨®metros de longitud entre la mina y los l¨ªmites del Parque Nacional de Do?ana.

Cuando se celebr¨® el pasado a?o la audiencia previa al juicio, Boliden asegur¨® que en caso de perder el pleito no podr¨ªa indemnizar a la Junta de Andaluc¨ªa y a la CHG por los gastos de limpieza del vertido que provoc¨® la rotura de la balsa minera en 1998.

El Gobierno y la Junta de Andaluc¨ªa han pagado los 240 millones que cost? la reparaci¨®n del vertido de Aznalc¨®llar. Boliden ha declarado en quiebra a su filial en Espa?a y no ha pagado las multas impuestas por la Administraci¨®n. El Tribunal Supremo ha confirmado que debe pagar 43,7 millones al Gobierno, que no ha abonado. La Junta intenta, por el momento sin ¨¦xito, embargar sus bienes en el extranjero.

Fuentes del despacho Garrigues, que defiende a la empresa, declararon en mayo del 2005 que el ¨²nico capital de Boliden era la demanda formulada contra las constructuras, que ahora han perdido en primera instancia.