Los obispos despiden por sexta vez a una docente que ya gan¨® cinco pleitos
El Tribunal Superior de Canarias eleva cuatro cuestiones de inconstitucionalidad por el caso
El episcopado parece no tomar en serio las sentencias, que, una y otra vez, le condenan por "vulneraci¨®n de derechos fundamentales" de sus profesores de religi¨®n. Esta vez, el reproche judicial alcanza al Obispado de Canarias, por despedir por quinto a?o consecutivo a Nereida del Pino D¨ªaz Mederos. Motivo: haber participado en una huelga legal en 1999. El Tribunal Superior de Justicia canario ha planteado ya ante el Constitucional cuatro cuestiones de inconstitucionalidad por ese caso. Del Pino se enfrenta el 12 de diciembre al sexto juicio por el mismo motivo.
"Estas situaciones destrozan la vida. As¨ª que me he buscado otro trabajo, no pod¨ªa estar esperando curso tras curso a que cumplan lo que les mandan los jueces", dijo ayer a EL PA?S la profesora Nereida del Pino D¨ªaz Mederos. Vive en G¨¢ldar, a 22 kil¨®metros de Las Palmas, y cada d¨ªa acude a trabajar a la universidad grancanaria en un empleo que "ya no tiene nada que ver con la docencia", su profesi¨®n desde 1988. Tiene 36 a?os y est¨¢ casada.
El calvario de la profesora Nereida del Pino, seg¨²n relata la quinta sentencia que le da la raz¨®n, empez¨® "a finales de 1999, [cuando] tuvieron lugar una serie de encierros de protesta del profesorado de religi¨®n y moral cat¨®lica por sus condiciones laborales, participando en tales encierros, as¨ª como en una huelga de dicho profesorado a principios de 2000, eventos de notoria repercusi¨®n p¨²blica".
El magistrado ?ngel Mart¨ªn Su¨¢rez, del Juzgado de lo Social de G¨¢ldar, que firma esta quinta sentencia, recuerda c¨®mo la docente ya no fue propuesta al curso siguiente (2001-2002) por el Obispado de Canarias como profesora de religi¨®n en el instituto de Secundaria Jin¨¢mar III, ni tampoco en los cinco cursos sucesivos, lo que provoc¨® de hecho que tuviera que irse al paro una y otra vez mientras se tramitaba la ejecuci¨®n de la sentencia, el cobro de las indemnizaciones por "da?os morales" y la percepci¨®n de los salarios dejados de cobrar.
Las cuatro primeras sentencias de los juzgados de lo Social han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al que recurrieron los condenados, con el agravante de que el propio TSJC ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) otras cuatro cuestiones de inconstitucionalidad. La profesora Nereida del Pino y su letrado Francisco Navarro Sanz no dudan de que el alto tribunal canario reiterar¨¢ una quinta vez esa reclamaci¨®n al TC una vez que ratifique, tambi¨¦n por quinta vez, la sentencia en primera instancia contra la actuaci¨®n de obispado y Educaci¨®n.
?De qui¨¦n es la culpa?
Los docentes de catolicismo son contratados y pagados por el Estado [en este caso, por la Consejer¨ªa de Educaci¨®n del Gobierno de Canarias], pero son los obispos los que los seleccionan para cada curso, pudiendo prescindir de ellos sin motivo alguno.
Es lo que le ha ocurrido a la profesora Nereida del Pino en todos estos a?os. Es decir, el obispado se limita a comunicar al Gobierno canario que la citada docente "no es propuesta [para ser contratada para el nuevo curso] por no reunir los requisitos de idoneidad necesarios para impartir la Formaci¨®n Religiosa y Moral Cat¨®lica". En cambio, las sucesivas sentencias declaran probado que, en realidad, el obispado prescindi¨® de ella a causa de sus actividades sindicales, lo que una y otra vez los jueces consideran "una violaci¨®n de su derecho fundamental a participar en la mencionada huelga".
Pese a que las desgraciadas vicisitudes laborales de la docente son provocadas por decisi¨®n del episcopado, a quien condenan los jueces a pagar las indemnizaciones causadas por este proceder ilegal es a la Administraci¨®n, siempre "por los da?os morales ocasionados". El Obispado y el Gobierno canario reciben, adem¨¢s, reproches judiciales por obligar a que sea la docente despedida quien cargue con la prueba de los motivos de su situaci¨®n. Dice ahora el magistrado Mart¨ªn Su¨¢rez, en el relato de los hechos probados: "Ning¨²n motivo se esgrimi¨®, ni se intent¨® probar por el Obispado demandado" por qu¨¦ la profesora demandante "no gozaba de la idoneidad" para seguir en su puesto de trabajo.
Otra extravagancia del calvario judicial a que est¨¢ sometida desde 2001 Nereida del Pino tiene que ver con la ejecuci¨®n de las sentencias, en un ir y venir a su puesto de trabajo que ha terminado por desanimarla hasta el punto de "tirar la toalla". Ayer por la tarde acababa de regresar de su nuevo trabajo cuando habl¨® para EL PA?S, firme en su decisi¨®n de no volver a emplearse para los obispos. Lo malo es que a¨²n le quedan pleitos por ganar, dos o tres, incluso cuatro.
El d¨ªa 12 ha sido citada por el Juzgado de lo Social de G¨¢ldar para resolver sobre su sexto despido consecutivo, pero a¨²n no se ha ejecutado la sentencia por el quinto, sobre el que debe pronunciarse todav¨ªa el Tribunal Superior de Canarias muy pronto. M¨¢s a¨²n: si, como parece seguro, pierden este sexto pleito, el episcopado y el Gobierno de Canarias volver¨¢n a recurrir la sentencia pese a saberse perdidos, lo que provocar¨¢ una nueva resoluci¨®n del TSJC y la sexta apelaci¨®n al Constitucional por estar afectados en el caso "derechos fundamentales" de la docente.
"El monaguillo de los prelados"
Los obispos despiden y Educaci¨®n paga las indemnizaciones. Esta es la situaci¨®n del Gobierno de Canarias, condenado una y otra vez en todas las instancias. Esta semana se han conocido dos nuevos reproches judiciales contra ¨¦l: la quinta sentencia favorable a Nereida del Pino (en 15 d¨ªas habr¨¢ una sexta), y la tercera que gana el l¨ªder sindical Rafael Ram¨ªrez, presidente de la Federaci¨®n Estatal de Profesores de Ense?anza Religiosa (FEPER).
El 24 de julio pasado fue el Tribunal Constitucional quien censur¨® a Educaci¨®n "por comportamiento antisindical" frente a este profesor de religi¨®n y delegado de la Confederaci¨®n Canaria de Trabajadores (CCT), y lo mismo hab¨ªa hecho anteriormente el Supremo. Esta semana se ha conocido otra sentencia del Juzgado de lo Social n¨²mero 5 de Las Palmas condenando al Gobierno canario por motivos parecidos.
Seg¨²n los hechos probados que recoge en su fallo la magistrada Victoria Gallego Funes, el ilegal comportamiento del Gobierno canario tiene que ver ahora con su negativa a facilitar a Ram¨ªrez "el listado de los profesores de religi¨®n" que causan baja en sus empleos cada curso, "los motivos" de esa baja y la lista de los que les han sustituido. El Gobierno regional le neg¨® esos datos, en realidad porque el episcopado los guardaba como si fueran sagrados.
La desgracia de ambas instituciones es que todo termina descubri¨¦ndose. Los obispos dijeron hace un mes a este peri¨®dico que "el n¨²mero de profesores que han dejado de proponer en los ¨²ltimos 15 a?os no pasan de 20". La realidad es tozuda, de acuerdo con los datos obtenidos por la Justicia s¨®lo en la provincia de Las Palmas. La ¨²ltima relaci¨®n de sus despedidos, algunos en cinco cursos consecutivos, suman 14 en una relaci¨®n diligenciada judicialmente por el Obispado el 2 de agosto pasado. Ram¨ªrez calific¨® ayer al Gobierno canario de "monaguillo de los prelados".
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