Cuatro de los doce jueces del Constitucional ser¨¢n elegidos a propuesta de las comunidades
El Senado tendr¨¢ que reformar el reglamento para decidir entre las 17 posibles alternativas
La ponencia de la Comisi¨®n Constitucional del Congreso encargada de la reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional incorpor¨® ayer una enmienda de CiU y ERC, apoyada por el PSOE, IU-ICV y PNV, que establece lo siguiente: "Los magistrados propuestos por el Senado [cuatro de los 12 que conforman el tribunal] ser¨¢n elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades aut¨®nomas en los t¨¦rminos que determine el Reglamento de la C¨¢mara". Esta reforma s¨®lo ser¨¢ efectiva cuando se reforme ese reglamento del Senado.
La modificaci¨®n incorporada ayer en el Congreso sin el apoyo, al menos de momento, del PP, implica reconocer por primera vez en la democracia alguna participaci¨®n de las autonom¨ªas en el nombramiento de un ¨®rgano constitucional.
Los 12 miembros del tribunal son elegidos cada nueve a?os con una f¨®rmula fija: cuatro designados por el Congreso, dos por el Gobierno, otros tantos por el Consejo General del Poder Judicial y los cuatro restantes por el Senado. ?stos ¨²ltimos son lo que saldr¨¢n a partir de ahora entre las propuestas llegadas de los parlamentos auton¨®micos.
Seg¨²n la redacci¨®n pactada ayer entre los socialistas y sus socios, todas las comunidades tienen derecho a propuesta, de tal manera que es posible que lleguen 17 alternativas. Para decidir entre ellas, el Senado tendr¨¢ que marcar una f¨®rmula que quedar¨¢ plasmada en la prevista reforma de su reglamento. Sin embargo, para ejecutar esa modificaci¨®n es imprescindible el concurso del PP, un partido que ayer no se sum¨® al pacto de todos los dem¨¢s, aunque podr¨ªa hacerlo durante el tr¨¢mite de la ley, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n.
Ram¨®n J¨¢uregui, portavoz del PSOE en la Comisi¨®n Constitucional, explic¨® que los socialistas han aceptado esta enmienda por dos motivos: primero, en congruencia con las reformas de los estatutos de autonom¨ªa, especialmente el catal¨¢n, que abre el camino para que el Gobierno auton¨®mico -y no los parlamentos, como se pact¨® ayer- pueda proponer a magistrados del Constitucional.
Sin embargo, el texto catal¨¢n sentenciaba en su art¨ªculo 180: "La Generalitat participa en los procesos de designaci¨®n de magistrados del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo General del Poder Judicial, en los t¨¦rminos que dispongan las leyes, o, en su caso, el ordenamiento parlamentario", esto es, se refer¨ªa en exclusiva al Gobierno catal¨¢n, mientras la reforma pactada ayer obliga a los catalanes a repartirse esa tarta de igual a igual con todas las dem¨¢s comunidades.
La segunda raz¨®n, seg¨²n J¨¢uregui, es la de "conferir al Senado su sentido constitucional de C¨¢mara territorial", uno de los proyectos fundamentales del Gobierno para el que espera contar tambi¨¦n con el apoyo del PP, algo que en este momento parece lejano y que en cualquier caso requiere una compleja reforma de la Constituci¨®n.
Los m¨¢s satisfechos eran ayer los portavoces de CiU y ERC. Jordi Jan¨¦, miembro del primero de los dos grupos catalanes, se congratul¨®, ya que "hasta el momento las comunidades aut¨®nomas nunca participaban formalmente en el proceso de proponer candidatos al Constitucional, mientras que s¨ª lo hace el Gobierno directamente eligiendo dos magistrados". En opini¨®n de Jan¨¦, esta reforma tendr¨¢ efectos ya en la pr¨®xima renovaci¨®n del tribunal, prevista para noviembre de 2007. El portavoz de CiU obvi¨® sin embargo que antes habr¨¢n de pactar PSOE y PP para reformar el reglamento del Senado.
Jan¨¦ sostuvo que esta reforma viene a desarrollar el pacto alcanzado en el Estatuto catal¨¢n, que "establece tambi¨¦n en su art¨ªculo 180 que la Generalitat participar¨¢ en los procesos de designaci¨®n de magistrados del Tribunal Constitucional".
Seg¨²n Joan Tard¨¢, portavoz de ERC, "el acuerdo es un gran avance, ya que permite adecuar la designaci¨®n de los miembros del Constitucional a lo que prev¨¦ el art¨ªculo 180 del Estatuto catal¨¢n". "Se trata de un primer paso muy importante en el proceso de descentralizaci¨®n del poder judicial en el Estado espa?ol. Adem¨¢s, es la primera ley org¨¢nica espa?ola que se adapta al texto del Estatuto", insisti¨® Tard¨¢.
El PP no apoya
Ana Torme, portavoz del PP, explic¨® que su partido fue el ¨²nico que no se sum¨® al pacto por el asunto de los nombramientos del Constitucional propuestos por las autonom¨ªas, un asunto sobre el que los populares a¨²n no han tomado una decisi¨®n definitiva. El PP no apoya el texto, dijo, sobre todo porque no se ha aceptado el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos que reclamaba.
La diputada de IU-ICV Isaura Navarro, que s¨ª se sum¨® al acuerdo, asegur¨® m¨¢s tarde: "Es razonable que si el Constitucional decide habitualmente sobre las leyes que promulgan los parlamentos auton¨®micos, ¨¦stos tengan alg¨²n tipo de implicaci¨®n en el proceso de nombramiento de ese Tribunal"
La ley abandona ahora la ponencia y pasar¨¢ a la Comisi¨®n Constitucional del Congreso el pr¨®ximo d¨ªa 18.
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