PNV y PSOE ultiman el 'blindaje' del Concierto

El PNV y el PSOE est¨¢n ultimando el blindaje del Concierto Econ¨®mico para sacar las normas fiscales vascas de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa y llevarlas directamente al Tribunal Constitucional. El portavoz socialista en el Parlamento vasco, Jos¨¦ Antonio Pastor, confirm¨® ayer que existe un "acuerdo b¨¢sico" cerrado entre ambas formaciones en el Congreso, en el marco de las negociaciones para reformar la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, se?al¨® ayer que a¨²n quedan "flecos pendientes". El acuerdo, que limitar¨ªa las posibilidades de recurso a la normativa foral de car¨¢cter fiscal se alcanza en un momento en que el PSOE precisa el apoyo del PNV para los Presupuestos del Estado. Adem¨¢s, se est¨¢ negociando entre las administraciones vascas y el Gobierno la renovaci¨®n de la Ley del Cupo. El Ejecutivo vasco necesita tambi¨¦n los votos socialistas para aprobar sus presupuestos.

El blindaje de las normas fiscales derivadas del Concierto era una demanda de todos los grupos parlamentarios vascos. El debate sobre su conveniencia lleva abierto mucho a?os. Sin embargo, la decisi¨®n del Tribunal Supremo a finales de 2004 de anular una parte del Impuesto de Sociedades de Euskadi reabri¨® definitivamente el debate. Las ¨²nicas discusiones son sobre c¨®mo llevar a t¨¦rmino esa protecci¨®n.

Frente a otras posibilidades, el PNV ha defendido siempre la v¨ªa de su enjuiciamiento por el Constitucional, pese a no tener el rango formal de leyes. Socialistas y peneuvistas quieren que la reforma de la ley org¨¢nica vaya a la Comisi¨®n Constitucional del Congreso antes del pr¨®ximo 18 de diciembre y que definitivamente quede aprobada en pleno en febrero de 2007.

Constitucionalmente, las obligaciones tributarias tienen que regularse por ley. Sin embargo, el Estatuto y el Concierto atribuye esta competencia a los territorios hist¨®ricos, cuyas Juntas Generales no aprueban leyes, sino normas forales, cuyo enjuiciamiento corresponde a la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa. Ello hace que puedan ser recurridas por particulares y asociaciones, as¨ª como otras administraciones afectadas. Con la reforma, las normas tributarias s¨®lo podr¨¢n ser impugnadas por el Gobierno central, 50 diputados o senadores y las comunidades.