"No entender¨ªa que se derriben casas en un sitio y se legalicen en otro"

La pol¨¦mica suscitada con la corrupci¨®n urban¨ªstica y la reacci¨®n legislativa de la Junta para poner coto al boom inmobiliario ha sacado a la palestra a la Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa. Su presidente, Santiago Herrero, alerta del peligro de regular en exceso una actividad que es el motor de la comunidad.

Pregunta. ?De verdad cree que la econom¨ªa andaluza atraviesa una "de las situaciones m¨¢s cr¨ªticas" en sus perspectivas de futuro?

Respuesta. La econom¨ªa andaluza no est¨¢ mal, lo que est¨¢ mal es la expectativa de futuro. Si tenemos en cuenta que hasta ahora el motor de desarrollo econ¨®mico, asumido por todos, ha sido la construcci¨®n, y ¨¦sta asociada al turismo, y sobre la construcci¨®n se emiten mensajes muy negativos, se corre el riesgo de que eso se paralice sin tener ninguna alternativa razonable.

"La normativa se est¨¢ haciendo de forma dispersa, ca¨®tica y contradictoria"

"Si se derriban casas ilegales, a lo mejor el propio constructor tiene que ser indemnizado"

P. Pero hab¨ªa que poner algo de freno ?no?

R. La construcci¨®n, su boom econ¨®mico, ha sido asumido por todos. Pensar que s¨®lo los empresarios se han beneficiado no tiene sentido. Se ha beneficiado toda la econom¨ªa: el 25% del empleo se ha generado en la construcci¨®n, sector al que pertenece una de cada cuatro empresas nuevas; el sector ha aumentado su participaci¨®n en el PIB andaluz en cuatro puntos; ha tenido un efecto inducido sobre el turismo, el comercio y el ocio, y adem¨¢s las administraciones p¨²blicas han disfrutado de incremento de ingresos fiscales.

P. Si, pero esos mensajes a los que se refiere se llevan dando hace un a?o, y el ¨²ltimo dato de crecimiento es el 3,9% en el tercer trimestre.

R. Pero tambi¨¦n es verdad que mientras antes ten¨ªamos seis d¨¦cimas de crecimiento frente a la media nacional ahora tan s¨®lo tenemos una, y hay analistas que dicen que en 2007 creceremos una d¨¦cima por debajo. Tambi¨¦n es verdad que el empleo en los ¨²ltimos 10 meses ha crecido en Espa?a el 8,5% y en Andaluc¨ªa el 0,8%. Lo que advertimos, con esos datos, es una crisis de futuro que puede tener sus consecuencias.

P. Usted critica el Plan de Ordenaci¨®n del Territorio de Andaluc¨ªa (POTA) y, seg¨²n los datos de la Junta, sus l¨ªmites al crecimiento urban¨ªstico s¨®lo los han sobrepasado un 7% de los municipios en un periodo similar al establecido de ocho a?os.

R. S¨ª, pero es cuesti¨®n de mensajes. Imponer esas limitaciones, que no son necesarias en funci¨®n de esas circunstancias hist¨®ricas, lo ¨²nico que provoca es trasladar un mensaje negativo. Adem¨¢s, la ordenaci¨®n normativa se est¨¢ haciendo de forma dispersa, ca¨®tica y contradictoria. No es l¨®gico que la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa, en tres a?os, se haya corregido tres veces; tampoco que se hagan primero los planes subregionales y, una vez aprobados, se prepare el POTA al mismo tiempo que todos los planes generales de ordenaci¨®n urbana de los ayuntamientos, como consecuencia de la Ley del Suelo, est¨¦n en revisi¨®n. Y que al final se establezcan medidas correctoras como la ley de VPO, que se autocorrige a su vez el mismo d¨ªa que se publica en el BOJA la propia ley.

P ?Pero eran necesarias esas correcciones?

R. Quiere decir que o hay una imprevisi¨®n en quien legisla y manda al exterior un mensaje negativo, err¨¢tico, y contradictorio, porque cada plan corrige al anterior, o alguien, al ver que sus criterios no se consolidan en normativas determinadas, va sacando instrumentos en los que incluye de nuevo esos criterios. Por ejemplo, se quit¨® de la ley de la Vivienda la ratio del 51% de residencial hotelera, que era un tema asumido, se corrige en la ley de VPO, que tampoco era el lugar, y luego aparece en algunos planes subregionales. Eso es lo que impide al inversor responder a tres preguntas claves, ?Qu¨¦ hacer? ?Con arreglo a qu¨¦ norma? ?Y durante cu¨¢nto tiempo?

P. Lo que no parece l¨®gico es que un plan urban¨ªstico prevea multiplicar las viviendas de un municipio por dos, por tres o por cuatro. ?No hay que poner l¨ªmites?

R. Evidentemente. No es l¨®gico si no corresponde a sus necesidades. Pero no olvidemos que esas previsiones la hacen los propios pol¨ªticos en el ejercicio del gobierno de una administraci¨®n p¨²blica.

P. Pero, ?no est¨¢n inducidos por la penuria financiera y por las ofertas de soluci¨®n que ofrecen a cambio los constructores?

R. La l¨ªnea divisoria entre el pedir y el dar, a?adiendo otros adjetivos que pueden ser m¨¢s gordos, es muy d¨¦bil. Y muchas veces los empresarios hemos sufrido el pedir de las necesidades de servicios de los Ayuntamientos.

P. Entonces, ?no cree que hay que poner coto al problema?

R. Creo que hasta aqu¨ª hemos llegado con la participaci¨®n, actuaci¨®n y connivencia de todos, en funci¨®n de unas sensibilidades que se daban con anterioridad. Incluso que llevaba a que la iniciativa p¨²blica promoviera situaciones urban¨ªsticas como las que hoy se est¨¢n criticando, y pongo de ejemplo Costa Ballena. Eso corresponde a las sensibilidades y necesidades de una ¨¦poca. Si han cambiado esas necesidades pong¨¢monos de acuerdo.

P. Pero tan mal se est¨¢ legislando, hasta el punto que el presidente de Fadeco dijera que se legisla de manera marxista. ?Lo comparte?

R. Creo que todos compartimos la preocupaci¨®n sobre una situaci¨®n. C¨®mo las manifestemos se corresponde con la opini¨®n de cada uno.

P. Y no es preocupante, que si no se pone coto a este boom, el turismo, que es el otro motor como usted reconoce, se resienta, ?no cree que es m¨¢s negativo una costa llena de cemento?

R. Los empresarios ni estamos en contra de la ordenaci¨®n, ni en contra de la preservaci¨®n del medio ambiente. Pero hay claro una cosa, ?alguien puede pensar que las miles de viviendas que se han hecho en Andaluc¨ªa han podido estar al margen de las decisiones administrativas? Pues ser¨ªa o una falta de eficacia, de vigilancia o de gesti¨®n por parte de las administraciones p¨²blicas, o es que todos hemos participado en el desarrollo de un modelo que hasta ah¨ª nos parec¨ªa conveniente. A partir de ahora, es posible buscar otro modelo, de desarrollo sostenible, pero lo que no puede ser es de no desarrollo.

P. Entonces, ? qu¨¦ hay que hacer con la viviendas ilegales producto de la corrupci¨®n?

R. Los procedimiento de actuaci¨®n sobre viviendas ilegales, de cara a su demolici¨®n, deben contemplar las garant¨ªas de muchos, entre otros, las de los adquirientes de buena fe de esas viviendas.

P. ?Y quien es el que indemniza a ese comprador de buena fe?

R. Hay que contemplar sus derechos, no s¨®lo la indemnizaci¨®n. No entender¨ªa mucho que se estuviera en un proceso de regularizaci¨®n de viviendas ilegales en una zona porque son de un tama?o, y en otro punto se estuviera en la demolici¨®n porque son de otro tama?o o de otra dimensi¨®n. Sabe que al menos hay dos municipios que tienen asociaciones de propietarios de viviendas ilegales. Y estamos en procesos de legalizaci¨®n en unos municipios y en otros en procesos de demolici¨®n.

P. Pero en el caso de derribo, ?qui¨¦n debe pagar?

R. Aquellos que hayan sido responsables de la situaci¨®n de ilegalidad en la que ha incurrido la vivienda, que no s¨¦ quienes son. Porque muchas de ellas, est¨¢n construidas mediante licencias de las administraciones p¨²blicas, que despu¨¦s se declaran ilegales. Pero para el ciudadano, jur¨ªdicamente, la decisi¨®n administrativa tiene una presunci¨®n de legalidad. A lo mejor el propio constructor debe ser objeto de indemnizaci¨®n y no hablo de los delincuentes, sino de miles de empresarios que llevan a?os en el sector construyendo honestamente.

P. ?Por qu¨¦ cuando ha saltado todo este asunto de la corrupci¨®n urban¨ªstica no ha habido ning¨²n empresario que ha salido a denunciar que era extorsionado?

R. Eso corresponde a la ¨®rbita de los derechos individuales de cada uno y de sus intereses.

P. Y la patronal?

R. La CEA marca estrategias que interesan al com¨²n general de los empresarios, no a los derechos o intereses individuales. El que est¨¢ en una situaci¨®n particular no se lo comunica al colectivo, entre otras cosas porque s¨®lo llegamos al borde del negocio individual.

P. Pero la situaci¨®n de corrupci¨®n era evidente y se conoc¨ªa.

R. Probablemente tan evidente como que lo sab¨ªan las administraciones p¨²blicas, la justicia...

P. El decreto de golf se ha retrasado, pero ?est¨¢ de acuerdo con que se construyan campos de golf con urbanizaciones?

R. Un proyecto de norma en el que ni siquiera existe por parte de la Administraci¨®n un criterio un¨¢nime no deb¨ªa paralizar un sector al que deb¨ªa aplicarse un derecho vigente. Si preguntamos a cualquiera si un proyecto de campo de gol, en una zona desarborizada, con problemas de empleo, con suficiencia de agua y una densidad de una vivienda por hect¨¢rea, ser¨ªa defendible. Probablemente dir¨ªa que s¨ª. Pues no se puede hacer en Andaluc¨ªa.

P. ?Incluye en esa incertidumbre a los puertos deportivos?

R. Hay un anteproyecto de ley que no se convertir¨¢ en ley porque no hay tiempo para su tr¨¢mite, y como consecuencia tenemos paralizados todos los proyectos, porque se est¨¢n aplicando criterios de ese anteproyecto, y eso es lo que traslada inseguridad.