Lo m¨¢s grave es la desregulaci¨®n

Hace unos d¨ªas, escuchando las noticias por la radio, o¨ª c¨®mo el locutor explicaba que alguien hab¨ªa sido detenido "por delito de urbanismo". "Hasta aqu¨ª hemos llegado", me dije: la pr¨¢ctica urban¨ªstica ha sido hasta tal punto pervertida y denostada que, en vez de ser vista como el instrumento colectivo para ordenar el territorio, ha acabado siendo identificado con el descontrol e incluso con la pura y simple delincuencia.

Esta situaci¨®n es el resultado del estallido en los ¨²ltimos meses de diversos casos muy visibles de malas pr¨¢cticas, incentivadas por el aumento continuado de los precios, que, con su carga de morbosidad, han encontrado un notable eco en la prensa y en los medios de informaci¨®n. Bien est¨¢n estas denuncias, pero me temo que su proliferaci¨®n est¨¢ generando un tremendo equ¨ªvoco.

El principal problema del urbanismo no es la corrupci¨®n, sino el modelo de ocupaci¨®n del territorio

En efecto: centrar el debate sobre la situaci¨®n del urbanismo en Espa?a en la corrupci¨®n no s¨®lo resulta sesgado y parcial, sino que puede ser desorientador y contraproducente. El principal problema del urbanismo en Espa?a no yace en lo adjetivo -la corrupci¨®n-, sino en lo sustantivo -el modelo de ocupaci¨®n del territorio-. Un modelo a trav¨¦s del cual se est¨¢n urbanizando de manera inadecuada e innecesaria grandes extensiones de suelo, con la ¨²nica justificaci¨®n del beneficio privado a corto plazo, sin tener en cuenta los costes colectivos que acarrea. Y esto acontece, en buena parte de los casos, de forma perfectamente legal.

As¨ª, tal como se afirma en el manifiesto Por una nueva cultura del territorio, suscrito por profesionales del urbanismo de toda Espa?a, en nuestro pa¨ªs la urbanizaci¨®n voraz y masiva "est¨¢ teniendo consecuencias ambientales y paisaj¨ªsticas muy negativas", de las que "son expresi¨®n palmaria las dificultades de acceso a la vivienda, el incremento de la movilidad y el aumento de los costes de los servicios". Esto es as¨ª porque demasiado a menudo la Administraci¨®n ha permitido, e incluso impulsado, iniciativas privadas de urbanizaci¨®n de baja densidad, mal integradas en el sistema urbano y con nula preocupaci¨®n por sus efectos sociales.

En este contexto, centrar el debate urban¨ªstico exclusivamente sobre el tema de la corrupci¨®n tiene efectos negativos. En primer lugar, se oscurece el problema de fondo, que no es otro que el de la debilidad de los instrumentos y las pol¨ªticas p¨²blicas para ordenar, dome?ar y corregir la evoluci¨®n del proceso urbanizador en beneficio de la colectividad. Debilidad que resulta especialmente patente a la hora de dar respuesta a las demandas de vivienda asequible y entorno de calidad.

Por otra parte, la polvareda de la corrupci¨®n permite diluir la responsabilidad de los sucesivos gobiernos del Partido Popular, los cuales se aplicaron a fondo para incrementar esta debilidad de la Administraci¨®n. As¨ª, a trav¨¦s de las denominadas "medidas liberalizadoras" se impuls¨® la noci¨®n de que la vocaci¨®n primordial de todo suelo es la de ser urbanizado y su valoraci¨®n debe realizarse al m¨¢ximo valor especulativo posible. Estas pol¨ªticas no han obtenido, obviamente, ninguno de sus pretendidos efectos ben¨¦ficos (los precios del suelo y la vivienda no se han moderado, antes al contrario) y han alentado la dispersi¨®n de la urbanizaci¨®n, as¨ª como la recalificaci¨®n extensiva de suelo r¨²stico. Por otra parte, la carrera del oro auspiciada por estos planteamientos ha sido un excelente caldo de cultivo para las irregularidades que ahora se denuncian.

Finalmente, la corrupci¨®n se est¨¢ tomando como excusa y justificaci¨®n para reclamar una recentralizaci¨®n de las competencias urban¨ªsticas. As¨ª, desde el propio PP, desde determinados cuerpos estatales, e incluso desde algunos medios progresistas se ha venido a equiparar autonom¨ªa y mala pr¨¢ctica urban¨ªstica. A ¨¦sta se contrapone la presunta eficiencia taumat¨²rgica del Gobierno central del momento y se reclama para aqu¨¦l la devoluci¨®n de las competencias urban¨ªsticas. Se trata de posiciones abiertamente anticonstitucionales que, adem¨¢s, no soportan la carga de la prueba: si la pr¨¢ctica urban¨ªstica ha podido ser algo m¨¢s ordenada en algunas comunidades aut¨®nomas -entre las que se encuentra Catalunya- esto se ha debido, precisamente, a la existencia de gobiernos aut¨®nomos que han hecho prevaler sus competencias y sus pol¨ªticas frente al urbanismo salvaje inducido por ciertas reformas legales del Gobierno central.

Por todo ello, es necesario, a nuestro entender, reconducir el debate sobre el urbanismo. Ciertamente, los casos de corrupci¨®n deben ser publicitados, perseguidos y erradicados de manera contundente y absoluta. Pero al mismo tiempo deben impulsarse las adecuadas medidas legislativas -entre las que se encuentra la Ley del Suelo ya en tr¨¢mite en las Cortes- y las pol¨ªticas p¨²blicas adecuadas para hacer del urbanismo aquello que nunca debi¨® dejar de ser: un instrumento eficaz y transparente destinado a ordenar los usos del territorio en beneficio de la colectividad.

Oriol Nel¡¤lo es secretario de Planificaci¨®n Territorial de la Generalitat de Catalunya.