Las reglas del proceso
Mensajes de procedencia diversa coinciden estos d¨ªas en la idea de que no se espera una ruptura inminente de la tregua de ETA, e incluso de que hay posibilidades de reanudaci¨®n en los primeros meses del a?o del proceso abierto con el alto el fuego. Tales mensajes llegan cuando est¨¢ a punto de cumplirse el plazo (antes del fin del oto?o) indirectamente se?alado por ETA en su ¨²ltimo bolet¨ªn -fechado en octubre- como l¨ªmite para enderezar las cosas seg¨²n sus pretensiones y evitar la "ruptura del proceso". No se trata de un ultim¨¢tum formal, pero s¨ª de una amenaza veros¨ªmil. Porque todo lo que hace y dice ETA desde agosto (del robo de pistolas a la justificaci¨®n del terrorismo callejero) y casi todo lo que dice Batasuna parece encaminado a preparar la ruptura del alto el fuego en su d¨ªa bautizado como permanente.
?Cu¨¢les son esas pretensiones? Que cesen las trabas a la actividad de Batasuna; y que se pase ya a discutir contenidos pol¨ªticos. Lo primero se plantea como incumplimiento de un supuesto compromiso previo de admitir la legalizaci¨®n de hecho. El propio Otegi dijo no tener constancia de tal compromiso, pero en todo caso es evidente que el Gobierno es partidario de la legalizaci¨®n: no ha dejado de dar facilidades para ello, reduciendo los requisitos a unos estatutos en los que se incluya un compromiso claro de desvinculaci¨®n de la violencia. Pero Batasuna pretende que la legalizaci¨®n se produzca sin necesidad de desmarcarse de ETA, mediante la derogaci¨®n de la ley de partidos.
El Gobierno ha dicho claramente que esto no es posible, y las razones resultan obvias, tal como est¨¢n las cosas: Batasuna fue ilegalizada porque se demostr¨® judicialmente que formaba parte de un entramado capitaneado por ETA y que se consideraba con derecho a eliminar adversarios pol¨ªticos a tiros. No puede haber legalizaci¨®n sin desaparici¨®n de ETA o desvinculaci¨®n de ese entramado. Y la legalizaci¨®n (o sea, el sometimiento a los mismos l¨ªmites que el resto de partidos) es condici¨®n para que Batasuna pueda participar en cualquier negociaci¨®n pol¨ªtica.
La resoluci¨®n del Congreso de mayo de 2005 es flexible, pero deja claro que no es posible negociar bajo la amenaza de ETA de volver a matar si lo acordado no le satisface; y que esa negociaci¨®n s¨®lo podr¨¢ tener lugar entre representantes elegidos por los ciudadanos. La posibilidad de que esa discusi¨®n se inicie fuera del Parlamento ser¨ªa, en su caso, una excepci¨®n motivada por el hecho de que, aunque Batasuna se legalice, no estar¨ªa representada en el parlamento vasco hasta que se celebren las pr¨®ximas elecciones (en 2009). El deseo de evitar una par¨¢lisis del proceso hasta entonces ser¨ªa el ¨²nico argumento para admitir que la negociaci¨®n se iniciara provisionalmente en un foro extraparlamentario. Pero las decisiones s¨®lo podr¨ªan adoptarse en el Parlamento y respetando los l¨ªmites de la legalidad (incluyendo los procedimientos para su reforma).
?sas son las reglas del proceso. El largo periodo sin v¨ªctimas supone una oportunidad para la sociedad, deseosa de acabar con esta pesadilla, pero tambi¨¦n para los miembros de la banda (presos o clandestinos), que carecen de una alternativa realista: si rompieran la tregua pasar¨ªan muchos a?os antes de que cualquier Gobierno se arriesgara a dar los pasos que ha dado el actual para facilitar un acuerdo dialogado. Mientras no haya atentados no hay motivo para dar por roto el proceso, pero s¨ª para reafirmar los l¨ªmites marcados por la resoluci¨®n del Congreso, sin ceder al chantaje de que s¨®lo nuevas concesiones impedir¨ªan la ruptura.
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