"La huelga ha sido dise?ada para hacer el mayor da?o posible a los ciudadanos"

El viceconsejero de Justicia, Josu Sagasti (Erandio, 1964), el principal negociador del departamento en el conflicto abierto con los sindicatos desde el pasado 24 de octubre, asegura que la soluci¨®n a la huelga indefinida est¨¢ en la propuesta que el consejero, Joseba Azkarraga, plante¨® a las centrales el pasado 17 de noviembre. En su opini¨®n, la protesta ha sido dise?ada para hacer "el mayor da?o posible" a los ciudadanos y no va a detener los planes del departamento.

Pregunta. Los sindicatos critican que el Gobierno se ha encastillado en este conflicto.

Respuesta. Mantenemos contactos continuos con los sindicatos. No estamos aislados. El pasado jueves, estuve hablando con todas las centrales. Hay dos posturas en las que en su d¨ªa ya coincidimos con los sindicatos. Entendemos que con el 6,5% de incremento salarial ya estar¨ªan equiparados a los niveles m¨ªnimos. En el cuerpo de Auxilio Judicial estar¨ªamos entre los niveles 14 y 15, m¨¢s que el m¨ªnimo. En el de Tramitadores estar¨ªamos entre los niveles 16 y 17, por encima del m¨ªnimo y en el de Gesti¨®n estar¨ªamos en el 19 y el m¨ªnimo es el 18. Tambi¨¦n acordamos que cualquier retribuci¨®n superior depende de la valoraci¨®n de puestos de trabajo, un proceso pendiente de valoraci¨®n, cuyas pautas ofrecimos pactar a los sindicatos.

"Estamos preocupados por las consecuencias de la huelga, pero tenemos las competencias limitadas"

"Ser¨ªa desagradable que esto finalizara sin acuerdo. Dicho eso, lo que no podemos hacer es abdicar de las responsabilidades atribuidas"

P. Los sindicatos ya han rechazado esa propuesta y la han calificado de "trampa". Calculan que esa equiparaci¨®n solo llegar¨ªa con 21 a?os de antig¨¹edad.

R. La menci¨®n a los 21 a?os se hace pensando en el empleo de los trienios, pero tampoco es cierto. Hay funcionarios que ya est¨¢n a ese nivel de equiparaci¨®n.

P. Los sindicatos han rebajado su petici¨®n de subida salarial del 12% al 10,5%.

R. Hay que tener muy claro lo que no se dice. Esa propuesta excluye la valoraci¨®n de la relaci¨®n de puestos de trabajo y la implantaci¨®n de la oficina judicial. Los sindicatos no han flexibilizado su propuesta, la han ajustado.

P. Ustedes no se han movido de la propuesta del 6,5%.

R. Pero porque es un todo. No podemos firmar un 10,5% si excluye lo que he dicho, porque en dos meses tenemos otro conflicto por la valoraci¨®n de puestos, y despu¨¦s por la oficina judicial. Sin esos dos elementos, la propuesta no tiene sentido.

P. ?El Gobierno tiene margen a¨²n para una subida salarial?

R. No. La propuesta del 17 de noviembre es un todo. Las subidas a partir del 6,5% tienen que depender de la valoraci¨®n de los puestos de trabajo.

P. No parece f¨¢cil el acuerdo. ?Contempla que la huelga pueda acabar por cansancio?

R. No ser¨ªa ni soluci¨®n ni resultado aceptable. No creemos en vencedores ni vencidos. Al Gobierno no le gustar¨ªa eso. Por eso les he planteado a los sindicatos que lleguemos a una v¨ªa sobre esos dos puntales: 6,5% y valoraci¨®n de puestos.

P. Los abogados han llegado a proponer una mediaci¨®n.

R. No es de recibo que unos profesionales del derecho pidan al Gobierno que abdique de sus responsabilidades. La fijaci¨®n de las l¨ªneas pol¨ªticas, la determinaci¨®n de los fines pol¨ªticos y la direcci¨®n de los recursos son funciones del Gobierno. La ley nos obliga a gestionar los servicios p¨²blicos y no podemos abdicar de esa responsabilidad.

P. ?Qu¨¦ le recomienda al justiciable, que es finalmente quien paga la huelga?

R. El departamento tiene las competencias que tiene. Y quien suspende los juicios no es el Gobierno. Los funcionarios siguen dependiendo de otra Administraci¨®n. Estamos preocupados por las consecuencias de la huelga, pero tenemos las competencias limitadas.

P. No me diga que no tiene que ver con la huelga. Eso s¨ª que es eludir responsabilidades.

R. No estoy eludiendo nada, pero cuando hablamos de responsabilidades hay que ser conscientes de que la huelga est¨¢ planteada para provocar el mayor perjuicio para la ciudadan¨ªa con el menor coste posible para los funcionarios, es decir de martes a jueves, cuando hay se?alamientos. Ha sido dise?ada para hacer el mayor da?o posible a los ciudadanos. Los huelguistas recuperan el tiempo, pero los ciudadanos pagan los aplazamientos.

P. Sospecha que la huelga fue dise?ada pensando en un conflicto largo.

R. Nos sorprendi¨® que no prosperara la propuesta del 6,5% y el resto de subidas de sueldos a trav¨¦s de la RPT [relaci¨®n de puestos de trabajo]. No lo entendimos. Los sindicatos dicen que se merecen unos niveles retributivos determinados. ?Por qu¨¦ se lo merecen? Hace dos a?os se contentaban con menos.

P. Est¨¢ claro que no acepta la equiparaci¨®n, salvo a trav¨¦s de la valoraci¨®n de puestos de trabajo.

R. Entiendo que de otra manera no puede ser.

P. Otras consejer¨ªas, del PSE y de EA, su propio partido, ya asumieron la equiparaci¨®n.

R. Pero no sin matices. En ambos casos se se?alaba que la equiparaci¨®n se deb¨ªa de dar en "paridad de condiciones".

P. Los sindicatos no vinculan la mayor parte de la subida salarial a la valoraci¨®n de puestos.

R. Pero lo dicen los acuerdos.

P. ?No le parece interpretable?

R. Lo que no es interpretable son los niveles retributivos m¨ªnimos que ellos plantean. ?Por qu¨¦ son esos? As¨ª no dejan nada a los criterios de valoraci¨®n. Es temerario contar s¨®lo una parte.

P. ?Se atrever¨ªa a afrontar la modernizaci¨®n de la Administraci¨®n o los planes ling¨¹¨ªsticos de Justicia si no hay acuerdo?

R. La modernizaci¨®n de la oficina judicial y los planes ling¨¹¨ªsticos los vamos a llevar adelante. Ser¨ªa desagradable que esto finalizara sin acuerdo. Pero, dicho eso, lo que no podemos hacer es abdicar de las responsabilidades atribuidas.

P. ?Entiende como una cr¨ªtica velada que los jueces digan que no pueden suspender los juicios con antelaci¨®n porque los servicios m¨ªnimos no se han vinculado a los cuerpos judiciales?

R. Hemos hecho una previsi¨®n de servicios m¨ªnimos que rota a funcionarios. Hay jueces que entienden que un funcionario ha de estar vinculado a una funci¨®n y no a otra. Al Gobierno no le consta. Se trata de una pr¨¢ctica sin amparo en ninguna normativa.