Euskadi abrir¨¢ el a?o con sus dos principales leyes econ¨®micas pendientes de renovar
Las empresas tributar¨¢n por el Impuesto de Sociedades a un tipo superior al del territorio com¨²n
Todo el entramado de flujos financieros entre las administraciones vascas y la central se encuentra desde ma?ana, con el nuevo a?o, en situaci¨®n de pr¨®rroga ante la falta de acuerdo para renovar la Ley de Aportaciones y la Ley del Cupo, cuya vigencia concluye con el ejercicio, de forma que quedan autom¨¢ticamente prorrogadas. 2006 se ha cerrado, pese a las promesas de las administraciones, con el marcador pr¨¢cticamente a cero. En el haber de las tres haciendas tan solo figura la reforma del IRPF, que ha llegado tarde y a¨²n est¨¢ pendiente de ser aprobada por las Juntas Generales de ?lava.
Las haciendas han sido incapaces de cerrar un acuerdo sobre las normas de car¨¢cter quinquenal que rigen los flujos financieros entre las propias administraciones vascas (Aportaciones) y con el Gobierno central (Cupo). Adem¨¢s, el Impuesto de Sociedades ser¨¢ m¨¢s alto en Euskadi que el vigente en territorio com¨²n.
La proximidad de las elecciones forales dificulta la posibilidad de cerrar un acuerdo
Las tres diputaciones consideran que el Gobierno recibe m¨¢s dinero del que deber¨ªa
La Ley de Aportaciones es aprobada por el Parlamento vasco tras el acuerdo entre las tres diputaciones forales y el Gobierno. Las discrepancias han impedido que se avance en exceso en su renovaci¨®n. Por un lado, dos fuerzas pol¨ªticas mantienen pareceres encontrados: el PP, que gobierna en ?lava, y el PNV, que lo hace en Vizcaya, Guip¨²zcoa y en el propio Ejecutivo. Por otra parte, existen discrepancias entre las diputaciones y el Ejecutivo sobre los ingresos que le corresponden a cada uno de la cesta de impuestos. Las tres diputaciones reclaman recibir m¨¢s dinero.
A este panorama y, seg¨²n se?alan fuentes forales, hay que sumar la proximidad de las elecciones del pr¨®ximo mes de mayo, en las que se renovar¨¢n las tres diputaciones. Pese a la voluntad declarada de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, de cerrar antes de fin de a?o un acuerdo, distintas fuentes sugieren que existe voluntad de aplazar el debate hasta despu¨¦s de las elecciones ante la posibilidad de que el panorama pol¨ªtico pueda cambiar.
Frente a la demanda de las diputaciones para revisar a la baja el coeficiente vertical, el porcentaje (70,44%) que recibe el Ejecutivo del total de la recaudaci¨®n tributaria, la vicelehendakari sostiene que, al no haber alteraci¨®n en las competencias, no proceden cambios. Zenarruzabeitia prefiere llegar a acuerdos que resuelvan los desequilibrios sin tocar ni el coeficiente vertical ni el horizontal, la parte con que contribuye cada territorio a ese 70,44% que va al Gobierno.Desde 1985, el coeficiente vertical ha ido creciendo. Ha pasado del 62,64% hasta el actual 70,44%. Las tres haciendas forales han hecho sus estudios internos y no les cuadran los n¨²meros. Todas consideran que el Gobierno recibe m¨¢s dinero de lo que deber¨ªa. Vizcaya, tras ser el palad¨ªn del cambio durante varios a?os, ahora lo defiende en mucha menor medida, al ser el gran beneficiado por la variaci¨®n legal que le permite ahora recaudar el IVA por las operaciones asimiladas a la importaci¨®n, lo que le reporta cientos de millones de euros gracias a la refiner¨ªa de Petronor.Las haciendas no han cumplido a la hora de pactar la norma que rige sus flujos financieros, pero tampoco lo han hecho al negociar con la Administraci¨®n central la nueva Ley del Cupo. El Gobierno encabeza de forma discreta una negociaci¨®n que a¨²n no arroja sin resultados. La mayor preocupaci¨®n en este final de a?o para los Ejecutivos aut¨®nomo y central ha sido el intercambio de votos en el Congreso y en el Parlamento vasco para aprobar sus respectivos presupuestos. El resto est¨¢ en el aire. Existe un previsi¨®n presupuestaria de Cupo, pero no una nueva ley.
Los dos gobiernos mantuvieron en mayo una primera cita para abrir la negociaci¨®n. Hasta entonces s¨®lo se hab¨ªan mantenido reuniones t¨¦cnicas. Desde que se aprob¨® la primera Ley del Cupo, hace 25 a?os, el ¨ªndice de imputaci¨®n, que fija el peso de Euskadi en la econom¨ªa espa?ola, se ha mantenido estable en el 6,24%. Dicho porcentaje determina el cupo anual.
La tercera cuenta pendiente es el Impuesto de Sociedades. Jos¨¦ Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya, urg¨ªa hace unos d¨ªas a su aprobaci¨®n en enero. Las primeras promesas eran para septiembre pasado. La Administraci¨®n central ya ha cerrado su reforma y la primera consecuencia es que el tipo de gravamen en Euskadi ser¨¢ ligeramente superior al de territorio com¨²n. Este a?o se cierra con el 32,6%, tras m¨¢s de dos a?os de litigios en los tribunales y suspensiones cautelares. Confebask, la patronal vasca, ha propuesto que el tipo quede cinco puntos por debajo del de territorio com¨²n. Las diputaciones insisten en prometer una rebaja, pero a¨²n no hay nada.
La necesidad de un 'blindaje'
El PNV y el PSOE est¨¢n de acuerdo en que hay que blindar el Concierto Econ¨®mico. Ambos partidos est¨¢n trabajando en el Congreso para cerrar una f¨®rmula que permita sacar las normas fiscales derivadas del mismo de los tribunales ordinarios y llevarlo en exclusiva al Tribunal Constitucional. La f¨®rmula se desarrolla dentro del marco de la reforma de la ley org¨¢nica que regula las funciones del m¨¢ximo int¨¦rprete de la Carta Magna.
El blindaje de las normas derivadas del Concierto es una demanda de todos los grupos parlamentarios vascos. El debate sobre su conveniencia lleva en marcha muchos a?os. Sin embargo, la decisi¨®n del Tribunal Supremo a fines de 2004 de anular una parte del Impuesto de Sociedades lo reabri¨® definitivamente. Las ¨²nicas discusiones son sobre c¨®mo llevar a t¨¦rmino esa protecci¨®n.
Frente a otras posibilidades, el PNV ha defendido siempre la v¨ªa de su enjuiciamiento por el Constitucional, pese a no tener el rango formal de leyes. Socialistas y peneuvistas quieren que la reforma de la ley org¨¢nica quede definitivamente aprobada en febrero de 2007.
Constitucionalmente, las obligaciones tributarias tienen que regularse por ley. Sin embargo, el Estatuto y el Concierto atribuye esta competencia a los territorios hist¨®ricos, cuyas Juntas Generales no aprueban leyes, sino normas forales, cuyo control de legalidad corresponde a la jurisdicci¨®n contenciosa.
Por este motivo pueden ser recurridas por particulares y asociaciones, as¨ª como por otras administraciones afectadas. Con la reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, las normas tributarias s¨®lo podr¨¢n ser impugnadas por el Gobierno central, por 50 diputados o senadores y por las ejecutivos de las comunidades aut¨®nomas.
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