Desmemoria hist¨®rica

Rob¨¢ndole la expresi¨®n a Claudio Magris, la Memoria Hist¨®rica se enfrenta a una afilada hostilidad. Proviene de donde era previsible: de los herederos del sistema anterior; de los que piensan que, como dijo aquel fiscal de cuyo nombre m¨¢s vale no acordarse, los dictadores suspenden temporalmente las democracias. Pero sorprende que el Proyecto de Ley de la Memoria Hist¨®rica le propina a nuestra convivencia un rej¨®n absurdo: la revisi¨®n de sentencias se har¨¢ -eso pretende al menos- por una comisi¨®n de expertos, se expedir¨¢n certificados de injusticia y de los documentos donde el horror consta se har¨¢n desaparecer referencias a los autores de las sangrientas fechor¨ªas. En rom¨¢n paladino eso es desmemoria a tutipl¨¦n.

Los supervivientes exigen que se deshagan los juicios donde se les conden¨® sin ley

Los supervivientes de la Guerra Civil y de una postguerra de 40 a?os y sus familiares reclaman que se les devuelva su dignidad, ante ellos mismos y ante todos. Exigen, porque es de justicia, que se deshagan los juicios donde se les conden¨® sin ley, sin pruebas y sin garant¨ªas por agrupaciones que con humor macabro alguien denomin¨® tribunales. Una tras otra, sus peticiones de revisi¨®n de aquellos aquelarres van siendo rechazadas, una y otra vez. Las esperanzas puestas en la ley decaen a ojos vista. As¨ª, entre hostilidad y la pacata equidistancia se vuelve a hacer pur¨¦ la vida de miles de espa?oles y la calidad democr¨¢tica espa?ola baja muchos enteros.

Ante este estado de cosas, la estrategia de recuperaci¨®n de la dignidad personal y colectiva debe ser revisada y llamarse a las cosas por su nombre. Acudir, pues, al expediente de la revisi¨®n estaba de entrada abocado al fracaso: est¨¢ claro que los tribunales s¨®lo aplican de modo formal y aconstitucional una instituci¨®n preconstitucional y literalmente m¨¢s que limitada. Ampararse en la irretroactividad de la Constituci¨®n es una a?agaza. Si fuera verdad esa mentira en los matrimonios celebrados antes de Magna Carta seguir¨ªa mandando el marido. Afirmar que anular una sentencia del TOP o de un consejo de guerra es atentar contra la seguridad jur¨ªdica resulta grotesco. Afirmar eso es afirmar tambi¨¦n que la dictadura es superior a la Democracia, pues ¨¦sta no puede deshacerse de aqu¨¦lla, pese a que s¨ª sucede al rev¨¦s; tambi¨¦n supone afirmar la supraconstitucionalidad de la seguridad jur¨ªdica por encima del valor superior de la Constituci¨®n que es la Justicia. O lo que es lo mismo: la Constituci¨®n est¨¢ supeditada a estructuras ajenas a la misma, a voluntad del operador. Lo ¨²nico seguro jur¨ªdicamente es el acto de barbarie.

Hay que superar este mal trago. Dos v¨ªas se abren. Una: seguir impetrando la revisi¨®n imposible, agotar la v¨ªa espa?ola y acudir a Estrasburgo para que apliquen la doctrina de cientos de condenas a los pa¨ªses del Este en materia de reconocimiento del derecho de propiedad expoliado por los s¨®viets; sin embargo, visto el efecto material que tiene la jurisprudencia de Estrasburgo entre nosotros, aumentar¨¢ el calvario del peregrinaje por media Europa, pero nuestros soberanos tribunales seguir¨¢n, como suelen, en sus trece. Es una v¨ªa larga, costosa y de resultado incierto.

La v¨ªa segura y, por tanto, necesaria, en materia de las condenas franquistas, penales, militares y gubernativas y de otros despojos de similar jaez es seguir el modelo alem¨¢n, esto es, la Ley federal de 1-9-1998, de supresi¨®n de las sentencias injustas del nazismo. Obs¨¦rvese que no habla de nulidad, sino de supresi¨®n de las sentencias totalitarias. Ello es consecuencia de que no cabe equiparar la nulidad de nuestro sistema, el propio de un Estado de derecho, con el de una dictadura. Sin embargo, este ha sido el planteamiento con un exceso de buena fe y de buena voluntad de quienes lo han intentado en la vana creencia de que la Democracia hab¨ªa llegado a todos los ¨®rganos de los poderes p¨²blicos.

Por ello, en Alemania es la Fiscal¨ªa, a la que se le dan una serie de pautas, quien atiende las peticiones de eliminaci¨®n de los actos injustos y oficia directamente al registro de penados, pues la eliminaci¨®n de la sentencia comporta la supresi¨®n de todas las consecuencias accesorias. Para ello resulta recomendable que esa Ley, debidamente traspuesta en Espa?a, contuviera la lista de disposiciones injustas y los ¨®rganos, judiciales o de cualquier ¨ªndole, que las aplicaban.

Dicho de otro modo: no se repara la injusticia que la barbarie represiva del franquismo supuso, autorizando, como se viene pretendiendo, la revisi¨®n del acto de brutalidad recibido. Se repara expulsando del ordenamiento jur¨ªdico y de sus registros los documentos que los reflejan; equipararlos a nuestras sentencias es perseverar en la infamia.

Desde luego, tal como se ha presentado el proyecto de Ley de la Memoria Hist¨®rica, y salvo mejoras sustanciales durante su tramitaci¨®n, el apartado dedicado a la reparaci¨®n de la memoria judicial es incalificable. Diferir a una comisi¨®n de expertos la ¨²ltima palabra en la emisi¨®n de una declaraci¨®n de algo sabido (que la sentencia fue injusta) engrandece el parto de los montes. No acaba ah¨ª la cuesti¨®n: la declaraci¨®n as¨ª confeccionada no podr¨¢ contener referencia a los que intervinieron en el acto contra la humanidad ni hacerse referencia a las actuaciones que dieron lugar a la condena. Al proyecto de Ley le ha faltado requisar, como requisito previo para iniciar este proceso de certificaci¨®n, el original y copias de la sentencia contra la que se clama y hacer firmar a los promotores del expediente una declaraci¨®n de perpetuo silencio al respecto. La certificaci¨®n en cuesti¨®n se parecer¨¢ mucho a la carta del soldado del frente tras pasar por la censura militar.

No deja de ser llamativo que en las instituciones democr¨¢ticas se hayan llevado a cabo un muy recientemente homenaje a alg¨²n superviviente del franquismo. Tama?a bofetada al sistema actual s¨®lo es comprensible por parte de quienes, como dec¨ªa el a?orado Tom¨¢s y Valiente de alg¨²n homenajeado, puede que les quepa en la cabeza el Estado, pero, desde luego, no les cabe el Estado de derecho. A nuestro Estado de derecho todav¨ªa le queda por recorrer el camino de la memoria con dignidad.

Joan J. Queralt es catedr¨¢tico de derecho penal de la Universidad de Barcelona