Candidatos

El tan denostado sistema pol¨ªtico norteamericano tiene bien regulado la diferencia entre las esferas privadas y p¨²blicas en el campo pol¨ªtico. No es lo mismo el papel de un dirigente como candidato de un partido que como administrador p¨²blico. Los presidentes de los EE UU tienen prohibido incluso el uso del tel¨¦fono de la Casa Blanca cuando act¨²an para recaudar fondos con destino a su campa?a electoral. Es seguro que en el futuro la democracia espa?ola regule con mayor precisi¨®n y detalle esta diferencia en la actuaci¨®n de un cargo p¨²blico.

Por ahora las razones que se esgrimen entran en el terreno de la ¨¦tica, porque la ley s¨®lo regula diferentes circunstancias desde el momento de la publicaci¨®n oficial de una candidatura. Es normal que el PP de Andaluc¨ªa presione a los 26 cargos socialistas que se presentan a las municipales para que abandonen su puesto, dado que les reporta una natural ventaja. Pero al fin y al cabo es lo que hicieron ministros del PP como Matas y Piqu¨¦ o presidentes de comunidades como Ruiz Gallard¨®n. Es entendible que se pretenda que el adversario no juegue con ventaja, aunque no parece l¨®gico luego aplicar otra vara de medir a los propios. Y es comprensible, aunque rechazable, que haya gente que pretenda hacer un salto con red. O lo que es lo mismo, competir en unas elecciones desde la ventaja que da ocupar un puesto de responsabilidad en la administraci¨®n.

Luego est¨¢ el prosaico asunto de los sueldos, del medio de vida para el candidato en cuesti¨®n, como bien sabe Zoido, que se ocupa de vender su buena nueva por los barrios de Sevilla con el salario que le paga la RTVA por un trabajo que no hace. O como supo en su d¨ªa Torres Hurtado. Es decir, una norma nueva tendr¨ªa que elaborarse pensando en todos. Aunque el PP tenga raz¨®n en este caso, no parece el partido m¨¢s apropiado para levantar la voz. El PP es muy dado a dar batallas en asuntos que ellos mismos no cumplen, como pedir que se despolitice RTVE o la RTVA pero que las televisi¨®n de las instituciones que ellos gobiernan sean un aparato de propaganda.

En Andaluc¨ªa hay 28 televisiones locales de ayuntamientos del PP agrupadas en una asociaci¨®n llamada AIRTE que se dedica a la propaganda popular y al acoso a los gobiernos de Andaluc¨ªa y de Espa?a. En la ciudad de C¨¢diz, el canal municipal se ha convertido en un aparato de agitaci¨®n y propaganda al servicio del gobierno local del PP. En su consejo de administraci¨®n s¨®lo est¨¢ presente este partido. ?Se podr¨ªa imaginar alguien que algo as¨ª ocurriese con Canal Sur, por decir un ejemplo cercano? Pero no contentos con la puesta en marcha de esta televisi¨®n al servicio de los concejales del gobierno municipal del PP, el Ayuntamiento tiene sembrada la ciudad de vallas publicitarias en las que se atribuye toda suerte de m¨¦ritos y proyectos. A la par, los medios de comunicaci¨®n privados est¨¢n repletos de cu?as, spots y anuncios que de manera intensiva glosan los supuestos logros del PP en el Ayuntamiento y censuran a todo el que osa llevar la contraria al equipo de gobierno. Se calcula el coste en propaganda municipal en C¨¢diz en una cifra cercana a los mil millones de pesetas, y otro tanto destinado a la televisi¨®n municipal, Onda C¨¢diz, y a los programas que en ¨¦l se producen con destino a las televisiones del PP asociadas en toda Andaluc¨ªa. Es tal la vor¨¢gine propagand¨ªstica del Ayuntamiento de C¨¢diz que ha iniciado una guerra con el C¨¢diz CF al rechazar la instalaci¨®n de un videomarcador financiado por la Junta de Andaluc¨ªa en el estadio Carranza, de propiedad municipal, con el soterrado argumento de que llevaba puesto el logotipo de la entidad que lo financiaba. Para ello no ha dudado en utilizar burdos argumentos t¨¦cnicos.

El uso de dinero p¨²blico con fines partidistas, de manera m¨¢s o menos disimulada, deber¨ªa estar especialmente vetado por la ley para todos. Para que los cargos p¨²blicos que se presentan candidatos abandonen sus puestos y para que los que manejan recursos p¨²blicos los usen con fines de inter¨¦s general.