La Polic¨ªa Local de Marbella subast¨® de forma ilegal 100 veh¨ªculos al a?o entre 2000 y 2005
El magistrado que instruye el 'caso Malaya' investiga irregularidades en el cobro de multas
Los principales mandos de la Polic¨ªa Local de Marbella (M¨¢laga) subastaron de manera irregular un centenar de veh¨ªculos al a?o entre 2000 y 2005, seg¨²n consta en un informe policial incluido en el sumario del caso Malaya contra la corrupci¨®n municipal en Marbella. El ex jefe de la Polic¨ªa Local Rafael del Pozo y el subinspector Juan Esteban Saborido tejieron una red que adjudicaba los veh¨ªculos retirados por la gr¨²a municipal a la empresa que gestionaba el dep¨®sito de veh¨ªculos y a miembros del consistorio, como la ex alcaldesa Marisol Yag¨¹e o el ex concejal Tom¨¢s Re?o?es.
Las subastas se realizaban de forma casi secreta y los veh¨ªculos sal¨ªan a puja por precios muy inferiores al real. A pesar del bajo precio, "se daba la incongruencia de que un porcentaje muy elevado de los veh¨ªculos quedaban desiertos en primera y segunda convocatoria pasando a ser propiedad del Ayuntamiento, el cual se quedaba con alguno de los veh¨ªculos para su uso y los restantes se adjudicaban a la empresa privada Cactus Enterprise, SL, en concepto de gastos de dep¨®sito", asegura la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) en un informe dirigido al juez Miguel ?ngel Torres. Los investigadores a?aden: "Los veh¨ªculos que se quedaban algunos pocos a trav¨¦s de la propia subasta eran como consecuencia del tr¨¢fico de influencia de Rafael del Pozo y Juan Esteban Saborido".
El subinspector Saborido, encargado del dep¨®sito municipal de veh¨ªculos, hab¨ªa dado la "orden" de impedir a cualquier persona interesada en pujar por los veh¨ªculos la posibilidad de inspeccionarlos en la instalaci¨®n municipal. En caso de que alguien insistiera en ver los veh¨ªculos, Saborido "enviaba una patrulla" al lugar para disuadir al comprador. Este agente lleg¨® a utilizar un Peugeot 406 SDVT 2.1 que perteneci¨® a un "delincuente consumidor de estupefacientes y que falleci¨® hace tres a?os.
Algunas de las subastas fueron realizadas en la propia Jefatura de la Polic¨ªa Local, un "lugar de celebraci¨®n que de por s¨ª coaccionaba a posibles pujadores", seg¨²n la Udyco.
La irregular tasaci¨®n de los veh¨ªculos era controlada por Pedro Alba, responsable del parque m¨®vil de la Polic¨ªa Local. Alba reconoci¨® haber puesto precio a "una media anual de unos cien veh¨ªculos" desde antes del a?o 2000 hasta 2005.
Este agente, acusado de usurpaci¨®n de funciones, reconoci¨® a la Polic¨ªa que en 2000 tas¨® un Masseratti en 100.000 pesetas, cuando "es bien conocido por los coleccionistas que una simple pieza de dicho veh¨ªculo ya supera el valor de tasaci¨®n".
La alcaldesa, beneficiaria
Una de las beneficiarias de esta red fue la propia ex alcaldesa, Marisol Yag¨¹e. El BMW X5 que conduc¨ªa la anterior regidora, imputada en la operaci¨®n Malaya, pertenec¨ªa a una aseguradora despu¨¦s de que le hubiera sido sustra¨ªdo a su anterior propietario. El abogado de la aseguradora tuvo conocimiento en 2003 de que el todoterreno se encontraba en los dep¨®sitos municipales.
Cuando la gr¨²a de la compa?¨ªa fue a retirar el veh¨ªculo en 2005, una vez concluido el proceso judicial iniciado para recuperarlo, se encontr¨® con la sorpresa de que el BMW no estaba. D¨ªas despu¨¦s Saborido informaba al abogado de que el coche hab¨ªa sido subastado y adjudicado al Ayuntamiento de Marbella al quedar desierta la puja.
Otra estrategia que utilizaban los implicados en la red para evitar que los propietarios reclamaran sus veh¨ªculos era inflar las tasas de dep¨®sito a seis euros diarios.
Los abusos no s¨®lo ten¨ªan que ver con la retirada y dep¨®sito de veh¨ªculos. En la parte del sumario abierto ayer por el magistrado Miguel ?ngel Torres consta un oficio enviado por la Udyco al juez en el que se recoge documentaci¨®n "clarificadora" sobre el cobro de multas por la Polic¨ªa Local de Marbella.
"Hay una inexistencia de control administrativo por parte de la Tesorer¨ªa y la Intervenci¨®n, no se produce la fiscalizaci¨®n de los ingresos que se realizaban por multas, que no eran debidamente justificados", se?alan los investigadores.
Uno de los aspectos que m¨¢s llaman la atenci¨®n es que la Polic¨ªa Local se encargaba tanto de sancionar como de recaudar el dinero de las multas, una tarea que corresponde a la tesorer¨ªa municipal.
El ex teniente de alcalde Carlos Fern¨¢ndez, huido de la justicia, exigi¨® al jefe de la Polic¨ªa Local que dejara de usurpar la funci¨®n recaudatoria. "Me contest¨® que no se cambiar¨ªa la gesti¨®n de multas de tr¨¢fico salvo que recibiera en tal sentido una orden expresa de la alcaldesa", escribi¨® Fern¨¢ndez al tesorero municipal en 2004.
La reclamaci¨®n de Isabel Pantoja
El juez instructor del caso Malaya, Miguel ?ngel Torres, autoriz¨® la devoluci¨®n de m¨¢s de 50.000 d¨®lares intervenidos en el domicilio de la tonadillera Isabel Pantoja, pero deneg¨® la restituci¨®n de 9.500 euros hallados tambi¨¦n en el registro del pasado julio, ya que la fiscal¨ªa consider¨® que este dinero pertenece a su pareja y ex alcalde marbell¨ª, Juli¨¢n Mu?oz.
El fiscal entiende procedente acceder a la devoluci¨®n de los 50.194 d¨®lares intervenidos en la vivienda de la cantante al acreditarse su procedencia. El informe elaborado se?ala que la documentaci¨®n aportada por la defensa de Pantoja constata que ese dinero constituye "una entrega a cuenta de futuras actuaciones profesionales de la solicitante que, sin embargo, no se llegaron a efectuar". Por contra, la fiscal¨ªa se opone a la devoluci¨®n de los 9.500 euros intervenidos tambi¨¦n durante el registro, al no aportarse documentaci¨®n sobre su titularidad u origen, por lo que "presuntamente son fondos atribuibles" a Mu?oz, a¨²n en prisi¨®n.
Por otra parte, el empresario pr¨®fugo de la justicia Jos¨¦ Manuel Carlos Llorca, abon¨® al supuesto cerebro de la red de corrupci¨®n, Juan Antonio Roca, 540.000 euros en comisiones ilegales tras la firma de dos convenios urban¨ªsticos con el Ayuntamiento de Marbella. Mediante el acuerdo con sus sociedades Promociones Sejas del Mar 2.000 y Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, Llorca logr¨® "un enorme aumento de edificabilidad en las parcelas de las que eran titulares", seg¨²n el juez.
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