El Supremo anula la sentencia de Azucarera Ebro por falta de claridad y ordena a la Audiencia que la rehaga
La Sala Penal del Supremo anul¨® ayer la sentencia de la Audiencia Nacional que conden¨® a 13 directivos de Azucarera Ebro a penas de entre nueve a?os y nueve meses, y un a?o y nueve meses de prisi¨®n, por delito de falsedad documental y contra la Hacienda comunitaria por el fraude del az¨²car, dada la "falta de claridad" de los hechos declarados probados.
El Supremo ha devuelto la sentencia a la Audiencia Nacional para que la redacte de nuevo y establezca claramente los fundamentos de la prueba, la subsunci¨®n de los hechos en el tipo penal del delito fiscal y los fundamentos de la autor¨ªa de los acusados.
Seg¨²n la sentencia de la Secci¨®n Cuarta Penal de la Audiencia ahora anulada, los directivos de Azucarera Ebro fueron condenados por ocultar sobreproducciones de az¨²car fuera de las cuotas permitidas por la UE, simulando movimientos internos dentro de la misma empresa, cuando realmente el az¨²car sal¨ªa al mercado exterior. El fraude habr¨ªa ascendido a los 27 millones de euros (4.600 millones de pesetas).
Seg¨²n el Supremo, la anulaci¨®n de la sentencia se ha realizado por "incomprensi¨®n comunicativa en la redacci¨®n del texto", debido a la "incorrecta delimitaci¨®n de las cuestiones de hecho y las de derecho". En concreto, el alto tribunal pide a la Audiencia que "establezca en forma clara" cu¨¢l es el Reglamento comunitario que entiende aplicable; las cantidades de producci¨®n de az¨²car autorizadas; los excesos de producci¨®n seg¨²n cada f¨¢brica y las cantidades exportadas, y as¨ª hasta una decena de cuestiones, que incluyen la relaci¨®n de documentos que se estiman falsificados.
La sentencia de la Audiencia conden¨®, entre otros, a los directivos de Azucarera Ebro Guillermo d'Auberade, Rafael Vargas, Fernando P¨¦rez, Jaime Sagrist¨¢ Jos¨¦ Rafael Barrena, Aniceto Mart¨ªn y Nicol¨¢s Bautista, tras un extenso juicio que se prolong¨® desde el 25 de octubre hasta el 21 de diciembre de 2004. La sentencia, que ahora deber¨¢ volver a ser redactada, fue la primera registrada en Espa?a por delito de fraude a la Hacienda de la Uni¨®n Europea.
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