La nueva ley de la Administraci¨®n moderniza la estructura de la Junta

La ley que regula el modelo organizativo de la Junta es de 1983. Desde entonces, la Administraci¨®n auton¨®mica no ha parado de crecer y no siempre al mismo ritmo de las exigencias de los ciudadanos. Ayer el Consejo de Gobierno aprob¨® el proyecto de ley de la Administraci¨®n de la Junta que garantiza el derecho a la tramitaci¨®n electr¨®nica, regula las agencias p¨²blicas, generaliza los complementos salariales por productividad, obliga a la paridad en la Administraci¨®n y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos.

Hasta el d¨ªa de hoy, la regulaci¨®n del Gobierno, es decir, del poder ejecutivo, y el de la Administraci¨®n han ido de la mano. Pero ahora se optado por separar ambos ¨¢mbitos para procurar una mayor eficacia. El proyecto de ley que present¨® ayer la consejera Mar¨ªa Jos¨¦ L¨®pez pretende modernizar la estructura organizativa de la Junta, algo que el Comit¨¦ Asesor de la segunda modernizaci¨®n consider¨® imprescindible en sus conclusiones si el Ejecutivo quer¨ªa emprender otras reformas.

La Consejer¨ªa de Administraci¨®n P¨²blica, junto con la de Hacienda, visar¨¢n y elevar¨¢n informes sobre los cambios en el resto de las consejer¨ªas, lo que provoc¨® un vivo y tenso debate en el seno del Consejo de Gobierno, seg¨²n fuentes del Ejecutivo.

Estas son los principales aspectos de la futura ley:

- Principio de buena administraci¨®n. Comprende el derecho de la ciudadan¨ªa a que los actos de la Administraci¨®n sean proporcionados a sus fines y a que se traten sus asuntos de manera imparcial. Participar en las decisiones que le afecten y que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable. Participar en los asuntos p¨²blicos y acceder a la documentaci¨®n de la Administraci¨®n.

- Administraci¨®n electr¨®nica. Regula mediante la ley las relaciones de los ciudadanos a trav¨¦s de los registros telem¨¢ticos, ahora previsto en un decreto. El objetivo es generalizar la firma electr¨®nica y ofrecer el mayor n¨²mero de tr¨¢mites y servicios a trav¨¦s de internet.

- Paridad. "Se garantizar¨¢" la presencia de hombres y mujeres "al menos" en un 40%. Esta norma ya rige para el Gobierno, pero va obligar a los segundos niveles de la Administraci¨®n. Esta representaci¨®n deber¨¢ respetarse en los ¨®rganos colegiados.

- ?rganos de participaci¨®n ciudadana. "Se podr¨¢n crear" en la Administraci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa ¨®rganos de participaci¨®n con fines de informaci¨®n y asesoramiento en la elaboraci¨®n de planes y programas o de actuaciones con gran incidencia social.

- Emisi¨®n de informes. Corresponde a la Consejer¨ªa de Administraci¨®n P¨²blica, a la par que a la de Hacienda, las propuestas y emisi¨®n de informes en relaci¨®n con la creaci¨®n, alteraci¨®n de las entidades p¨²blicas vinculadas o dependientes de la Junta.

- Gabinete jur¨ªdico. Se le da rango legal al ¨®rgano encargado de la representaci¨®n y defensa de la Administraci¨®n. Ampl¨ªa sus competencias a las agencias administrativas, el Consejo Consultivo y el Consejo Audiovisual.

- Entidades instrumentales. Son aquellas participadas mayoritariamente o controladas por la Junta. Se crean una nueva clasificaci¨®n, entre las que destacan las agencias administrativas (caso del IAM, o el SAS) y de las agencias p¨²blicas empresariales (como la Agencia de Innovaci¨®n y Desarrollo). Los primeras tienen una especial autonom¨ªa de gesti¨®n. Sus titulares tiene consideraci¨®n de altos cargos.

- Incentivos salariales. Una de las novedades de la ley es que el personal de las agencias p¨²blicas empresariales, que gestionan servicios o producen bienes, se regir¨¢n por el derecho laboral. Para poder fichar a directivos que trabajan en el ¨¢mbito privado y que perciben salarios mayores a los de la administraci¨®n p¨²blica, la ley estable incentivos. "El personal directivo podr¨¢ percibir una parte de su retribuci¨®n como incentivo de rendimiento, mediante el complemento correspondiente que valore la productividad", afirma el proyecto de ley.

- Derecho de informaci¨®n. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y registros administrativos. El acceso a esa informaci¨®n se revolver¨¢ en el plazo m¨¢ximo de un mes. Tambi¨¦n tienen derecho a no presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la Administraci¨®n, siempre que indique el d¨ªa y procedimiento en que los present¨®.