Derribos modestos

Nadie advirti¨® a Marcela de que la finca por la que iba a pagar cerca de 6.000 euros en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) no era urbanizable. Eligi¨® aquella parcela de mil metros cuadrados para invertir el dinero que le hab¨ªa dado su padre porque estaba al alcance de su bolsillo y en un entorno agradable, repleto de encinas. En estos dos a?os, la familia construy¨® unas modestas dependencias, una min¨²scula piscina y un huerto donde plantaban pimientos y tomates. "Por nada del mundo lo hubiera comprado si yo hubiera sabido que no era legal", se?ala Marcela, casi con espanto. "Pero como iba a pensarlo si aquello est¨¢ lleno de chalets", precisa.

Y es cierto. La urbanizaci¨®n de Las Minas, donde se ubica la finca de Marcela, se compone de centenares de construcciones y cercados de estilo heterog¨¦neo, seg¨²n el gusto y el poder adquisitivo del propietario, que en buena parte se han erigido sobre suelo no urbano durante los ¨²ltimos 40 a?os. La humilde obra de Marcela ser¨¢ la primera en venirse abajo, aunque otro centenar de casas est¨¢n pendientes de una resoluci¨®n judicial tras las querellas presentadas por la fiscal Ana Linares.

La Fiscal¨ªa denunci¨® a unos cien vecinos por obrar en Las Minas en suelo no urbanizable

Ni las dimensiones de la urbanizaci¨®n ni las irregularidades est¨¢n claras para el alcalde de Castilblanco de los Arroyos, Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda), que calcula que Las Minas ocupa entre 200 y 400 hect¨¢reas a pocos kil¨®metros del casco urbano. "Una parte de las parcelas son urbanas desde 1985", precisa. En 2000, cuando se tramit¨® una revisi¨®n del plan urban¨ªstico, se propuso la declaraci¨®n de Las Minas como suelo urbanizable, pero la lentitud del proceso y las reformas legales dejaron las cosas como estaban.

El regidor admite que en el ¨²ltimo lustro ha habido "un crecimiento de las construcciones ilegales" en Las Minas, pero defiende el papel activo del Ayuntamiento ante ellas. Algo que no comparte la fiscal Ana Linares, que ha presentado una querella contra el regidor por prevaricaci¨®n por entender que no ha perseguido las irregularidades a sabiendas de que se comet¨ªan. Ruiz Lucas se indigna porque considera que, de las 1.200 urbanizaciones ilegales censadas en Andaluc¨ªa por el Defensor del Pueblo andaluz, "¨¦sta es la m¨¢s se ha tratado de controlar" y recuerda que ha firmado entre 150 y 200 decretos de paralizaci¨®n de obras por falta de licencia. "Pido que se aplique la misma justicia para todos, si hay 42 municipios con urbanizaciones como Las Minas, ?por qu¨¦ no hay 42 alcaldes imputados?", censura.

Desde octubre de 2005, la Fiscal¨ªa ha presentado un centenar de querellas contra propietarios de construcciones ilegales de Las Minas. La primera querella con sentencia es la de Marcela, que pact¨® su propia condena: tres meses para derribar su obra, seis meses de prisi¨®n y una fianza de unos 6.000 euros. "Sienta un precedente porque es la primera condena que hay en Sevilla con demolici¨®n de una edificaci¨®n ilegal en suelo no urbanizable com¨²n, hasta ahora los jueces eran muy reacios", esgrime la fiscal.

Un caso similar se da en Zahora, una pedan¨ªa entre Ca?os de Meca (Barbate, C¨¢diz) y la playa de El Palmar (Vejer), donde una mujer tendr¨¢ que derribar una construcci¨®n de 1999 por orden de la Audiencia Provincial de C¨¢diz en una sentencia pionera que tambi¨¦n ha condenado a la due?a a pagar una indemnizaci¨®n de casi 4.000 euros y a un a?o de c¨¢rcel.

La due?a de la choza sentenciada no quiere aparecer en las fotos. Tampoco que se publique su nombre. Teme que le perjudique en su caso, aunque su condena es ya firme. Junto a otros cinco amigos decidi¨® comprar una parcela. Quien se la vendi¨® le admiti¨® que tendr¨ªan que construir sin licencia pero tambi¨¦n le anunci¨® un futuro cambio en el planeamiento que le permitir¨ªa regularizar su situaci¨®n. Un plan que, en estos momentos, pactan Ayuntamiento y vecinos. As¨ª levantaron Burundi, seis chozas apenas separadas por cercos de enredaderas donde han pasado siete a?os de veranos y fines de semana tranquilos.

El Ayuntamiento abri¨® expediente y en 2001 la Fiscal¨ªa denunci¨®. La due?a de la choza sentenciada fue la primera en recibir el fallo. El juzgado de lo penal n¨²mero 5 la absolvi¨®, el fiscal recurri¨® y ahora ha sido la Audiencia Provincial, en una sentencia sin precedentes, la que la condena por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio. Para ella y su abogado, esta sentencia es una "barbaridad", ya que no ven justificaci¨®n en la aplicaci¨®n del art¨ªculo 319 del C¨®digo Penal para unas construcciones que no est¨¢n en suelo protegido, sino en terrenos no urbanizables comunes, que adem¨¢s ser¨¢n regularizados en el futuro plan de Zahora, junto con el resto de 800 viviendas. "Es il¨®gico demoler si luego puedo construir", asegura la due?a. En cambio, para el fiscal de Medio Ambiente, ?ngel N¨²?ez, esta decisi¨®n supone un salto cualitativo en la lucha contra el urbanismo irregular en C¨¢diz.

El juez de la Audiencia sostiene su condena en que si no se ordena el derribo se crear¨ªa un "efecto llamada". Pero la difusi¨®n de esta condena no ha evitado que siga construy¨¦ndose en Zahora. Justo a la derecha de Burundi, un solar se prepara para acoger una nueva edificaci¨®n. Enfrente acaban de ser talados varios eucaliptos con similar fin. A la izquierda, un enorme chalet se erige orgulloso con varias alturas por encima de la choza condenada. El alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jes¨²s (PP), dice que no tiene medios para controlar todo lo que se construye.