El decreto de convivencia escolar refuerza a los docentes e incluye a educadores sociales

El Consejo de Gobierno de la Junta aprob¨® ayer un decreto para la mejora de la convivencia escolar y la prevenci¨®n de la violencia que, entre otras medidas, crea la figura del delegado de padres (con funciones de mediaci¨®n), incorpora a educadores sociales y abre la posibilidad de habilitar aulas de convivencia para los alumnos sancionados. Tambi¨¦n se agilizan las pautas correctoras y la expulsi¨®n de los estudiantes conflictivos. Seg¨²n la consejera de Educaci¨®n, C¨¢ndida Mart¨ªnez, la norma apoya al profesorado tanto en formaci¨®n como en asistencia jur¨ªdica.

El decreto para mejorar la convivencia en los centros educativos y promover la cultura de la paz se ha realizado a partir de un informe elaborado por el Consejo Escolar, junto con una amplia encuesta entre la comunidad educativa. Con ¨¦l, seg¨²n explic¨® la consejera, C¨¢ndida Mart¨ªnez, se pretende establecer normas para regular la convivencia -y para restablecerla cuando se ha roto- mediante un c¨®digo de reglas, un sistema de vigilancia para la detecci¨®n de los casos y unas pautas de correcci¨®n. "La convivencia hay que cuidarla porque no s¨®lo es un fin de la educaci¨®n, sino que es un medio para la mejor educaci¨®n", dijo Mart¨ªnez.

Con un presupuesto global de 10,2 millones de euros para los ejercicios 2007 y 2008, se destinar¨¢n 2,2 millones a la incorporaci¨®n de 202 orientadores y 34 educadores sociales.

Seg¨²n establece la nueva norma, todos los centros deber¨¢n hacer un plan de convivencia, que incluya el diagn¨®stico de la situaci¨®n y los objetivos, y en todos existir¨¢ una comisi¨®n espec¨ªfica para estos temas. En los centros que lo crean oportuno, se podr¨¢ crear un aula de convivencia para el tratamiento individualizado de los alumnos que hayan sido sancionados, en lugar de optar por su salida del centro.

Una de las principales novedades es la creaci¨®n de la figura del delegado de padres (con funciones de mediaci¨®n) para cada grupo de la ense?anza obligatoria. Tambi¨¦n se potenciar¨¢n las tutor¨ªas y la orientaci¨®n, y los centros con especiales problemas tendr¨¢n un tratamiento espec¨ªfico: un menor n¨²mero de alumnos por aulas y la incorporaci¨®n de educadores sociales, cuya labor ser¨¢ la intermediaci¨®n entre los profesores y las familias. Habr¨¢ especial atenci¨®n a la protecci¨®n de los centros y asistencia jur¨ªdica y psicol¨®gica a los profesores que hayan sufrido agresiones.

Se prev¨¦n medidas correctivas, que contemplan el apercibimiento oral, el cambio de grupo, la suspensi¨®n de asistencia a clase durante determinados periodos y el cambio de centro. Seg¨²n los casos, ser¨¢n los profesores o los directores quienes adopten las pautas disciplinarias. C¨¢ndida Mart¨ªnez explic¨® que este procedimiento "agilizar¨¢" las sanciones, ya que hasta ahora los centros deb¨ªan convocar la comisi¨®n de convivencia para tomar una decisi¨®n y ahora ser¨¢n los propios docentes y el equipo directivo quienes resuelvan directamente. La consejera matiz¨® que, aunque se refuerza a los profesores, esto no significa que no deban escuchar a padres y alumnos.

Los centros contar¨¢n con protocolos de actuaci¨®n para detectar las situaciones de riesgo e intervenir r¨¢pidamente, aunque habr¨¢ que esperar al desarrollo de ¨®rdenes posteriores.

La norma dedica un apartado espec¨ªfico para la formaci¨®n de los miembros de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias) en los ¨¢mbitos de la educaci¨®n para la cultura de paz y mediaci¨®n y resoluci¨®n pac¨ªfica de conflictos. Otra de las medidas es el denominado compromiso de convivencia, que deber¨¢n suscribirse entre el centro y las familias de los alumnos con problemas de conducta, con el objetivo de asegurar la colaboraci¨®n de los padres en la aplicaci¨®n de las medidas correctoras que se propongan. Tambi¨¦n se crear¨¢ un Observatorio para la Convivencia Escolar como ¨®rgano consultivo de la consejer¨ªa.