Detenidos los principales ediles del PP en la localidad grancanaria de Mog¨¢n

La lucha contra la corrupci¨®n sum¨® un nuevo cap¨ªtulo ayer con la detenci¨®n del alcalde de Mog¨¢n (Gran Canaria), Jos¨¦ Francisco Gonz¨¢lez (PP), gestor del urbanismo, ¨¢rea que copa las irregularidades investigadas. Una de ellas apunta a que el Ayuntamiento nunca recibi¨® tres parcelas valoradas en 12 millones de euros como pago por un convenio urban¨ªstico. El presidente del PP canario, Jos¨¦ Manuel Soria, interpret¨® la detenci¨®n como una caza pol¨ªtica, pero esta denuncia parti¨® de dos antiguas ediles del PP que, ante la pasividad del partido, acudieron a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de San Bartolom¨¦ orden¨® ayer la detenci¨®n de cinco personas presuntamente integrantes de una trama de corrupci¨®n pol¨ªtica asentada en el Ayuntamiento de Mog¨¢n, que pese a ser s¨®lo el d¨¦cimo municipio por poblaci¨®n de Gran Canaria (15.000 habitantes), es su segunda poblaci¨®n tur¨ªstica, con un gran desarrollo hotelero y consiguiente despegue inmobiliario. Y del urbanismo arrancan precisamente las graves sospechas de irregularidades que ayer precipitaron la detenci¨®n de su alcalde, Jos¨¦ Francisco Gonz¨¢lez Gonz¨¢lez (PP), que se reservaba para s¨ª dicha competencia.

Tambi¨¦n fue detenida su primera teniente de alcalde, Onailia Bueno Garc¨ªa, que acumulaba las ¨¢reas de vivienda y protecci¨®n social. Igualmente fueron detenidos dos funcionarios clave en las presuntas irregularidades cometidas: el secretario del ayuntamiento, ?ngel Sutil Nesta, y Marcelino Mart¨ªn, ya jubilado pero que fue redactor del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana. El quinto detenido, Manuel de Le¨®n Toledo, era una especie de recadero para operaciones delicadas que utilizaba la primera teniente de alcalde, pero ajeno formalmente al consistorio.

Las detenciones parten de una investigaci¨®n policial originada en una denuncia de Anticorrupci¨®n de junio de 2006. Los denunciantes fueron dos concejales del propio PP, Carmen Delia e Isabel Santiago, que, hartas de la falta de respuesta interna a los indicios de irregularidades decidieron abandonar sus puestos y el partido y acudir a la justicia.

La sospecha parti¨® de las pesquisas que como responsable de Hacienda y Patrimonio hizo Delia para registrar en 2004 tres parcelas que deb¨ªa haber recibido el Ayuntamiento de Mog¨¢n de la promotora Anfitauro a cambio de un jugoso convenio urban¨ªstico que hab¨ªa recibido del consistorio. Delia encarg¨® a sus funcionarios que localizaran las parcelas, pero no las hallaban. Finalmente, las localizaron en un sitio imposible para destinarlas al uso que el ayuntamiento pretend¨ªa: en medio de una autopista.

Como cre¨ªa que aquello s¨®lo pod¨ªa ser un error, Delia, de buena fe, empez¨® a perseguir a su alcalde para que exigiera el pago de las parcelas y corrigiera tal desprop¨®sito, pero ¨¦ste le daba largas. Hasta que en 2006 le indic¨® que el asunto hab¨ªa sido arreglado ya en un nuevo convenio.

Pero para entonces, la paciencia de Delia se hab¨ªa agotado. El alcalde hab¨ªa llevado a pleno para su aprobaci¨®n facturas extrapresupuestarias por valor de 240.000 euros. Unas facturas que la entonces concejal de Hacienda hab¨ªa ordenado paralizar hasta que el interventor las examinara tras denunciar la oposici¨®n la existencia de cientos de irregularidades.

Tras sentirse desautorizada, Delia dimiti¨® del cargo y del partido. Su amiga Santiago sigui¨® sus pasos. Semanas despu¨¦s, Delia ley¨® el texto final del convenio con el que el alcalde dec¨ªa haber resuelto el problema. Su sorpresa fue may¨²scula: las tres parcelas entregadas por Anfitauro ya no estaban en medio de una autopista, sino en pleno campo de golf. Por tanto, eran inservibles para el Ayuntamiento. ?C¨®mo hacer un centro social o una plaza en medio de un campo de golf? Ambas ediles llevaron copia de dichos convenios y el asunto de las facturas a Anticorrupci¨®n, que les remiti¨® a la polic¨ªa.

La investigaci¨®n de la fiscal¨ªa y la polic¨ªa durante estos meses no s¨®lo acredit¨® tan ins¨®litos convenios, sino "miles de prevaricaciones m¨¢s", seg¨²n fuentes conocedoras de tales pesquisas, que se tradujeron en lucrativas operaciones inmobiliarias realizadas bajo informaci¨®n privilegiada, contratos municipales adjudicados al margen de toda legalidad, y el cobro de comisiones que llegaban a suponer hasta el 50% de las cantidades facturadas. Delia se ha quedado pasmada: "Tenemos la impresi¨®n de que lo que denunciamos era s¨®lo la punta del iceberg de la corrupci¨®n en Mog¨¢n. Hab¨ªa mucho m¨¢s". Los responsables de la investigaci¨®n confirman su diagn¨®stico.