Discutir sobre civismo un a?o despu¨¦s

Hace poco m¨¢s de un a?o, la lucha contra el incivismo y la inseguridad ciudadana ocupaba un lugar central entre las preocupaciones de las autoridades municipales de Barcelona. Esa preocupaci¨®n se materializ¨® en lo que se populariz¨® como la "ordenanza del civismo" ?Qu¨¦ balance puede extraerse hoy de su entrada en vigor?

A primera vista, la ordenanza ha servido para sosegar los ¨¢nimos de quienes consideraban que la ciudad se encontraba inmersa en una deriva ca¨®tica y que para aplacarla hab¨ªa que aplicar "mano dura" a los peque?os des¨®rdenes urbanos. Poco import¨® que para hacerlo se estampara el sello del incivismo en conductas tan dis¨ªmiles como el vandalismo, la mendicidad, el patinaje callejero o el trabajo sexual. O que en un alarde de firmeza se recurriera a sanciones draconianas y de discutida cobertura legal, totalmente desproporcionadas en relaci¨®n con los objetivos perseguidos.

La ordenanza convierte a los m¨¢s vulnerables en cabezas de turco del malestar social general

Lo cierto es que el "populismo punitivo" se ha convertido en un recurso tentador que recluta partidarios no s¨®lo entre las filas conservadoras sino tambi¨¦n entre la izquierda institucional. Empe?ada en despejar cualquier sospecha sobre su capacidad para garantizar la gobernabilidad y moverse con soltura al abordar un conflicto en t¨¦rminos policiales, una parte de esta ¨²ltima se ha sumado sin tapujos al discurso de ley y orden de sus adversarios, super¨¢ndolos a veces en gestos y declaraciones de intenciones.

Pero se trata de una dureza ret¨®rica de limitada eficacia pr¨¢ctica, que con frecuencia ha servido para disimular la propia impotencia en otros campos, como el de las pol¨ªticas sociales. El inventario provisional de la ordenanza lo refleja con claridad: indigentes sancionados con multas de hasta 3.000 euros, trabajadoras sexuales expuestas al estigma, la precariedad y la discrecionalidad policial, decenas de expresiones pol¨ªticas, sociales y culturales no autorizadas en nombre de la "convivencia c¨ªvica". Y como corolario parad¨®jico, un abrupto "botell¨®n" en una ciudad que desconoc¨ªa el fen¨®meno hasta la aprobaci¨®n de la ordenanza.

En realidad, la efectividad de estas medidas es sobre todo simb¨®lica. El estigma que se proyecta sobre los m¨¢s vulnerables ahonda su marginaci¨®n y los convierte en cabezas de turco del malestar social general. Pero contribuye, sobre todo, a silenciar las pr¨¢cticas de quienes, por su mayor capacidad econ¨®mica, gozan de un acceso privilegiado al espacio p¨²blico. Quien mendiga, quien se ba?a en una fuente o quien acampa en una plaza para reivindicar derechos que incumben a todos, se convierte en arquetipo del "ciudadano desviado", al que debe sancionarse de manera ejemplificadora. Quien especula, quien vende ocio, quien produce ruido o contamina visualmente, pero paga lo suficiente por ello, es en cambio discretamente tolerado, cuando no subvencionado o protegido, sin perder en ning¨²n momento su condici¨®n de "ciudadano respetable".

Ser¨ªa injusto, en cualquier caso, atribuir a las autoridades barcelonesas la paternidad de este modelo que identifica la seguridad ciudadana con una cruzada punitiva contra las peque?as ilegalidades, la marginalidad social o cierta disidencia pol¨ªtica y cultural. Sus antecedentes se remontan al menos a las viejas Leyes de Vagos y Maleantes y guardan un estrecho parentesco con las pol¨ªticas de "tolerancia cero" impulsadas por Rudolf Giuliani, en Nueva York, o por Nicol¨¢s Sarkozy.

Estas pol¨ªticas siempre han sido objeto de contestaci¨®n, sobre todo por parte de quienes las han considerado una amenaza para el pluralismo pol¨ªtico, social y cultural. El potente movimiento por el derecho a una vivienda digna, en Barcelona, o los Hijos de Don Quijote, en Par¨ªs, son un expresi¨®n de ese fen¨®meno. De hecho, una de sus principales contribuciones al debate p¨²blico es haber instalado algunas cuestiones de indudable alcance pedag¨®gico. Una de ellas: subrayar el v¨ªnculo, con frecuencia silenciado, entre inseguridad, desintegraci¨®n social y el proceso de privatizaci¨®n y segregaci¨®n espacial que afecta a la mayor¨ªa de las ciudades europeas. Otra: recordar que si la vivienda, como la educaci¨®n o la salud, es un aut¨¦ntico derecho exigible, no cabe consentir su reducci¨®n a una simple mercanc¨ªa o a una concesi¨®n discrecional, revocables por el poder pol¨ªtico de turno. Una ¨²ltima: recordar que los derechos y la democratizaci¨®n del espacio p¨²blico no son nunca regalos ca¨ªdos del cielo. Se conquistan y defienden d¨ªa a d¨ªa, en las instituciones, pero tambi¨¦n m¨¢s all¨¢ de ellas.

Estas ideas suelen inquietar a los poderes f¨¢cticos. Sin embargo, est¨¢n estrechamente ligadas a una concepci¨®n robusta y din¨¢mica del principio democr¨¢tico. No hay democracia sin ciudadanos activos dispuestos a entregar parte de su tiempo y energ¨ªas tanto a la construcci¨®n y tutela de los propios derechos como a la interpelaci¨®n de quienes tienen mayores responsabilidades pol¨ªticas y econ¨®micas.

Si 2006 fue el a?o que instal¨® el debate sobre el civismo y la seguridad, 2007 ser¨¢ el de las alternativas a las lecturas simplistas y electoralistas de estos conceptos. Para que el discurso sobre el civismo no quede reducido a simple dispositivo punitivo dirigido a sancionar al d¨¦bil y a absolver al m¨¢s fuerte, es necesario asentarlo, m¨¢s que en la vaporosa proclama del derecho a la seguridad, en la seguridad en los derechos civiles, pol¨ªticos, sociales y culturales de todos los habitantes. Esto supone aceptar lo obvio: que no hay disfrute estable, seguro, de los propios derechos, sin garant¨ªas frente a la arbitrariedad p¨²blica y privada y, sobre todo, sin que el m¨¢s m¨ªnimo acto de atropello contra los m¨¢s vulnerables sea considerado una ofensa anticipada al conjunto de la sociedad. Ni m¨¢s ni menos.

Jaume Asens es vocal de la Comisi¨®n de Defensa del Colegio de Abogados y Gerardo Pisarello es vicepresidente del Observatorio de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales.