El urbanismo de El Puerto, en el tribunal
La fiscal¨ªa halla indicios de delito en siete actuaciones municipales portuenses
La denuncia del fiscal de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio de la Audiencia de C¨¢diz, ?ngel N¨²?ez, contra actuaciones urban¨ªsticas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz)culmina un largo proceso que, hasta la fecha, ha supuesto la imputaci¨®n del ex alcalde Hern¨¢n D¨ªaz Cort¨¦s (Independientes Portuenses, IP) y del concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodr¨ªguez (IP); la retirada puntual de competencias urban¨ªsticas por parte de la Junta, y la p¨¦rdida, en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas, de dos millones de metros cuadrados de suelo forestal.
La acci¨®n del fiscal de C¨¢diz se produce despu¨¦s de que Ecologistas en Acci¨®n presentase en la Audiencia una denuncia en la que llegaban a asegurar que las acciones se?aladas pon¨ªan de manifiesto la existencia de "una trama" participada por el Ayuntamiento y algunas de sus empresas municipales, para el aprovechamiento de los recursos p¨²blicos locales.
N¨²?ez explic¨® que la denuncia hab¨ªa sido "depurada" y reconoci¨® hasta siete supuestos delitos:
- Construcciones en suelo protegido. El informe se?ala diversos crecimientos en el Pinar del Obispo, una masa forestal de seis hect¨¢reas situada en la zona oeste de la ciudad y que, en la actualidad, est¨¢ protegida por el PGOU vigente. En su escrito, el fiscal pide que el juzgado investigue si el Ayuntamiento concedi¨® enganches de luz y agua a las viviendas unifamiliares construidas ilegalmente. De ser as¨ª, el hecho podr¨ªa ser constitutivo de un presunto delito de prevariaci¨®n.
- Edificaciones ilegales en parque p¨²blico. La fiscal¨ªa llama la atenci¨®n sobre la construcci¨®n de una decena de chal¨¦s en terrenos, reservados en el Plan de Ordenaci¨®n Urbana para un parque p¨²blico y dotaciones deportivas, de la finca Los Desmontados. En este caso, el gobierno local comenz¨® a imponer multas coercitivas contra los propietarios, una vez que los edificios se encontraban ya habitados.
- Urbanizaciones en Ca?adas. El informe concluye que las edificaciones ilegales han usurpado terrenos de v¨ªas pecuarias en, al menos, tres casos: la ca?ada del Verdugo, Villarana y Camino Viejo de Rota. En todos ellos, el Ayuntamiento no hab¨ªa culminado el tr¨¢mite para el deslinde de las v¨ªas pecuarias.
- Uso il¨ªcito del agua de suministro de acu¨ªferos. El fiscal de Medio Ambiente llama la atenci¨®n sobre dos usos irregulares del agua. Por una parte, pide que se estudie el uso que de un acu¨ªfero de la sierra de San Crist¨®bal, en la zona norte de la ciudad, ha venido realizado en las ¨²ltimas d¨¦cadas un parque acu¨¢tico sin, supuestamente, autorizaci¨®n para ello. Por otro lado, denuncia la creaci¨®n de un campo de golf en la urbanizaci¨®n privada de Vistahermosa, sin tener permiso de la cuenca hidrogr¨¢fica para hacer uso del agua de riego.
- Venta de suelo municipal. N¨²?ez recuerda, adem¨¢s. que un informe del Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado la gesti¨®n municipal en el periodo 1995 a 2000, deduc¨ªa "indicios de posibles hechos delictivos" por parte de las empresas municipales Impulsa y Suvipuerto, sociedades para el fomento econ¨®mico y para la creaci¨®n de viviendas, en relaci¨®n a "la falta de destino" de los ingresos obtenidos de la venta de suelo publico municipal. El fiscal concluye que este hecho puede tener "significaci¨®n penal".
Otros casos abiertos
No son ¨¦stos los ¨²nicos casos con repercusi¨®n judicial. El ex alcalde Hern¨¢n D¨ªaz y el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodr¨ªguez, se encuentran imputados por la parcelaci¨®n y construcci¨®n de viviendas unifamiliares en Pinar de Coig, una parcela situada en la sierra de San Crist¨®bal e incluida en la red general de espacios libres de la bah¨ªa de C¨¢diz.
En este caso, los responsables municipales han sido imputados por un supuesto delito contra la ordenaci¨®n del territorio.
La pol¨ªtica urban¨ªstica local se ha visto tambi¨¦n manchada en los ¨²ltimos a?os por la construcci¨®n de un complejo tur¨ªstico en la finca Las Beatillas, que oblig¨® a la Junta a retirar las competencias al Ayuntamiento ante la pasividad municipal en esta iniciativa privada. El expediente est¨¢ a¨²n pendiente del derribo de lo edificado "ilegalmente", seg¨²n la Junta.
El constructor Jos¨¦ Antonio L¨®pez Esteras ha recurrido la orden de demolici¨®n ante la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, el pasado mes de diciembre, hizo firme una sentencia que obliga al Consistorio a anular las licencias concedidas ilegalmente por IP a la sociedad Golf El Puerto, cuyo representante es el ex consejero de trabajo de la Junta de Andaluc¨ªa Ram¨®n Marrero. El proyecto promueve un campo de golf de 18 hoyos en la zona oeste del t¨¦rmino municipal.
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