Obligarles a razonar

Robin Morgan, una conocida feminista norteamericana, public¨® hace poco un libro titulado Fighting words con el objetivo de recuperar textos de los Padres Fundadores de Estados Unidos en los que queda claro que fueron en su mayor¨ªa librepensadores, agn¨®sticos, ateos, masones y radicales y que la utilizaci¨®n que hace la derecha religiosa estadounidense de sus figuras es una manipulaci¨®n bastante repugnante. En el libro se recoge una magn¨ªfica frase del senador ultraconservador Orrin Hatch: "La pena de muerte es el reconocimiento de nuestra sociedad a la santidad de la vida humana".

La paradoja de ese razonamiento podr¨ªa predicarse de los miembros del Tribunal Constitucional espa?ol que han respaldado la recusaci¨®n del magistrado Pablo P¨¦rez Tremps: "La destrucci¨®n del prestigio del Tribunal, de su imagen de instituci¨®n al margen de las luchas partidistas, es el reconocimiento de nuestro respeto por su integridad". La falta de prudencia que est¨¢n demostrando en este pa¨ªs personalidades a las que ser¨ªa exigible capacidad de discernir lo que es bueno, malo o p¨¦simo empieza a provocar hast¨ªo. La mayor¨ªa de sus conciudadanos suele llegar a su casa cansada de ganarse la vida, de pagar sus facturas, de criar a sus hijos, de comportarse responsablemente en el trabajo. Y al d¨ªa siguiente esos mismos ciudadanos vuelven a comportarse responsablemente en el trabajo, en su vida, en su familia... Se merecen el respeto de quienes representan las instituciones que organizan su convivencia. Llevar al TC a la picota, provocar en los ciudadanos la idea de que es un foro de debate sectario en el que no se protege el orden constitucional sino los intereses electorales de un partido pol¨ªtico y hacerlo, encima, para proteger su rectitud y fama, es una burla de la que no es acreedora la ciudadan¨ªa de este pa¨ªs.

El Tribunal Constitucional es una pieza esencial del sistema pol¨ªtico espa?ol, una pieza sensible que desarrolla un poder enorme en cuanto que es el ¨²nico capaz de controlar al propio legislador. Gracias al TC se han hecho realidad los derechos individuales contenidos en la Constituci¨®n y el propio Estado auton¨®mico, que no hubiera sido posible sin su trabajo. Se supone que para evitar que se traspase la l¨ªnea entre el derecho y la pol¨ªtica, ese tribunal est¨¢ obligado m¨¢s que ninguno a alcanzar mayor¨ªas s¨®lidas basadas en argumentos jur¨ªdicos. Pensar en que se pueda modificar sustancialmente el Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a (o rechazar su modificaci¨®n) por mayor¨ªas de 5 a 6 y bajo la sospecha de parcialidad manifiesta de todos sus miembros, divididos en bloques partidistas, ser¨ªa peor que una peste. Si este tribunal es incapaz de hacer su trabajo sin levantar conjeturas sobre su malicia, mejor ser¨ªa que admitiera su fracaso en pleno.

Y la pr¨®xima vez quiz¨¢s ser¨ªa bueno recordar que el Constitucional ha funcionado siempre mucho mejor cuando entre sus integrantes han predominado los profesores universitarios y no los miembros de la carrera judicial, entre los que, al parecer, se produce mucha m¨¢s confusi¨®n respecto a sus funciones. Pocos negar¨¢n que el prestigio del tribunal se sustent¨® en extraordinarios acad¨¦micos como Garc¨ªa-Pelayo, Tom¨¢s y Valiente o Rubio Llorente. Quiz¨¢s la pr¨®xima vez haya que negociar su composici¨®n al margen de la de cualquier otra instituci¨®n del Estado, evitando integrar al TC en "paquetes". Y, por encima de todo, habr¨¢ que pedir que no se acepten nunca nombramientos que repelen el intelecto, como alguno de los que se han producido en los ¨²ltimos tiempos.

El se?or P¨¦rez Tremps har¨¢ bien en no aceptar presiones a la hora de decidir si puede seguir ejerciendo sus funciones. Pero si decidiera dimitir, el colmo ser¨ªa hacer caso a la desverg¨¹enza del ex ministro del Interior ?ngel Acebes, y dejar su plaza sin proveer. A la hora de dictaminar sobre la constitucionalidad del Estatut, el TC funcionar¨¢ mucho mejor con 12 miembros que con 11. Hay que obligarles a razonar. Al menos en cuestiones constitucionales. solg@elpais.es