Golpe de Estado

En la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a se ha respetado el procedimiento previsto en la Constituci¨®n y en el Estatuto de una manera escrupulosa. La reforma se ha cocido a fuego lento. Hubo un debate previo a la redacci¨®n del borrador inicial de la proposici¨®n, en el que particip¨® pr¨¢cticamente todo el que quiso ser o¨ªdo en la sociedad catalana. Se negoci¨® intensamente el contenido de la reforma en el Parlamento de Catalu?a, siendo aprobada por una mayor¨ªa muy superior a la de dos tercios exigida por el Estatuto que deb¨ªa ser reformado. El contenido de la proposici¨®n fue remitido al Congreso, en donde super¨® el debate de totalidad. A continuaci¨®n, el PP interpuso recurso de amparo contra el acuerdo de la Mesa para su tramitaci¨®n parlamentaria, recurso en el que el PP recus¨® al magistrado Pablo P¨¦rez Tremps, sin que dicha recusaci¨®n fuera atendida por el Pleno del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no otorgar¨ªa el amparo. El contenido de la proposici¨®n se negoci¨® intensamente entre la delegaci¨®n del Parlamento de Catalu?a y la Comisi¨®n Constitucional del Congreso de los Diputados, resultando como consecuencia de ello modificada significativamente la proposici¨®n aprobada por el Parlamento catal¨¢n. Tanto que acab¨® originando una ruptura del Gobierno de la Generalitat y un posicionamiento en contra de Esquerra Republicana de Catalunya, que hab¨ªa sido uno de los motores de la reforma.

Finalmente, ser¨ªa sometido a refer¨¦ndum, en el que, a pesar de la campa?a en contra del Partido Popular y ERC, ser¨ªa aprobado con casi el 75% del voto favorable de los ciudadanos. Con el Estatuto ya en vigor se celebrar¨ªan elecciones auton¨®micas con plena normalidad, de la misma manera que con plena normalidad est¨¢n funcionando las instituciones y se est¨¢n ejerciendo los derechos por los ciudadanos.

La calidad democr¨¢tica de la reforma estatutaria catalana ha sido, pues, enorme. Posiblemente no ha habido ni una sola norma desde la entrada en vigor de la Constituci¨®n que pueda compararse con ella desde esta perspectiva. Ha sido el proceso de legitimaci¨®n democr¨¢tica de una norma de mayor intensidad de la historia de nuestra democracia.

Este proceso de legitimaci¨®n democr¨¢tica es el que pretende quebrar el PP no con la interposici¨®n del recurso de inconstitucionalidad, sino con la maniobra que ha puesto en marcha para intentar mutilar el TC, con la finalidad de que el recurso pueda prosperar. No estamos ante una operaci¨®n jur¨ªdica, sino ante una operaci¨®n pol¨ªtica que se asemeja a un golpe de Estado.

Quebrar la voluntad democr¨¢ticamente constituida en la formaci¨®n del bloque de la constitucionalidad. Al precio que sea. Esto es lo que significa la recusaci¨®n de Pablo P¨¦rez Tremps, que justamente por eso se ha instrumentado a trav¨¦s de una campa?a sin precedente a trav¨¦s de diversos medios de comunicaci¨®n. En el incidente de recusaci¨®n se ha seguido una estrategia golpista. No ha sido una operaci¨®n jur¨ªdica, sino una operaci¨®n pol¨ªtica antidemocr¨¢tica, de quiebra de la legitimaci¨®n democr¨¢tica en la creaci¨®n del derecho.

Este es el problema con el que tenemos que enfrentarnos. O se da por bueno el golpe de Estado y se acepta que a trav¨¦s de una turbia maniobra y con un Tribunal Constitucional mutilado se puede quebrar la voluntad democr¨¢ticamente constituida mediante la negociaci¨®n entre el Parlamento de Catalu?a y las Cortes Generales, voluntad refrendada por los ciudadanos en refer¨¦ndum, o se hace frente al golpe de Estado, restaurando la legalidad y constituyendo un Tribunal Constitucional no mutilado que resuelva como el principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica del Estado exige.

Que hayamos llegado hasta aqu¨ª es un desastre. Pero de nada vale lamentarse. Estamos donde estamos. En este tipo de crisis es donde un sistema pol¨ªtico se la juega. O prevalece la voluntad democr¨¢ticamente constituida o prevalece el golpe de Estado. No hay m¨¢s alternativa.