Los tribunales y la UE intentan frenar el urbanismo salvaje de los ¨²ltimos 10 a?os

Los tribunales han empezado a hablar. Y lo que dicen es que los planes generales de ordenaci¨®n no est¨¢n para salt¨¢rselos, o que un pueblo de 1.000 habitantes no puede pasar a 10.000 en cuatro a?os por arte de un PAI. O que sin un informe que acredite que hay agua no se pueden levantar cientos de bungal¨®s. En poco m¨¢s de cuatro meses, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha paralizado de forma cautelar tres proyectos urban¨ªsticos. Adem¨¢s, un grupo de eurodiputados inician este martes su tercera visita a Espa?a para ver si se est¨¢n corrigiendo las irregularidades.

"17 embajadores pidieron a Zapatero que atajara lo ocurrido en la costa valenciana"

El urbanismo valenciano de la ¨²ltima d¨¦cada est¨¢ sometido a un doble juicio. El pol¨ªtico, que lidera el Parlamento Europeo tras la petici¨®n de amparo de miles de afectados, y el judicial. S¨®lo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano tiene cerca de 800 causas judiciales relacionadas con asuntos urban¨ªsticos. De momento, ha emitido tres autos que paralizan de forma cautelar otros tantos PAI en los municipios de Parcent, Porxinos y Ador. Adem¨¢s, la Comisi¨®n Europea denunciar¨¢ a Espa?a ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque la legislaci¨®n urban¨ªstica valenciana no respeta las directivas de contrataci¨®n p¨²blica.

Bajo el paraguas de los abusos urban¨ªsticos entra un amplio espectro de derechos supuestamente violados y de malas pr¨¢cticas urban¨ªsticas, seg¨²n los afectados. En Parcent, por ejemplo, una localidad alicantina de 1.000 habitantes, donde se ha proyectado una urbanizaci¨®n de 1.500 nuevas casas fuera de ordenaci¨®n, el tribunal suspende el proyecto porque casi un 40% de los afectados por el PAI no fueron informados del mismo. El PAI de Porxinos, situado en la localidad valenciana de Riba-roja y donde el Valencia C. F. tiene previsto levantar su nueva ciudad deportiva, se ha parado porque la Generalitat ratific¨® el proyecto sin el preceptivo informe que garantice agua suficiente para abastecer otras 2.800 casas.

La obligaci¨®n de peque?os propietarios a ceder parte de su terreno, a pagar millones en cuotas de urbanizaci¨®n calculadas en muchos casos de manera opaca y a no disponer de pr¨¢cticamente tiempo -porque no eran informados- para evitar el embargo, escandaliz¨® a medio mundo. 17 embajadores tuvieron que solicitar al presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero que atajara lo que est¨¢ ocurriendo en el litoral, mientras la prensa brit¨¢nica ilustraba lo que sucede en la costa valenciana con vi?etas donde una pareja de residentes extranjeros se da de bruces con una pala excavadora cuando pasea tranquilamente por su jard¨ªn. "En la pr¨¢ctica es una expropiaci¨®n por la puerta falsa y sin justiprecio", explica Jaume Sendra, coordinador del equipo de abogados que ha conseguido el auto de Parcent.

En 2003, el entonces magistrado del TSJ valenciano Jos¨¦ D¨ªaz Delgado reconoc¨ªa los problemas de indefensi¨®n que generaba la LRAU, aprobada por un gobierno socialista y adoptada desde 1995 sin cambios por los sucesivos gobiernos del PP. Uno de los m¨¢s llamativos, a juicio del magistrado, es poner de acuerdo los intereses de dos partes -el urbanizador y la Administraci¨®n- sobre los bienes de una tercera, que es el propietario y que queda al margen de la negociaci¨®n.

Para Bernardo Hern¨¢ndez, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del equipo jur¨ªdico de Sendra, las denuncias tienen que ver con que se permita a un empresario sacar adelante proyectos urban¨ªsticos de hasta seis millones de euros sin acreditar su solvencia, con la falta de publicidad y transparencia en la licitaci¨®n de los PAI, con plazos tan breves que imposibilitan que haya otro competidor, y con la falta de un precio cierto.

En 2005, la Comisi¨®n Europea expedienta a Espa?a por la falta de transparencia en el proceso de contrataci¨®n p¨²blica de la LRAU, lo que abre la puerta a que los afectados reclamen por v¨ªa judicial indemnizaciones.

"Los poderes p¨²blicos valencianos no atienden los derechos reconocidos por la UE", concluye Sendra, quien advierte de que ya existen dos precedentes -en Italia y Francia- en los que se ha condenado a dos legislativos y que esto mismo podr¨ªa darse en Espa?a. El abogado recuerda adem¨¢s que la legislaci¨®n comunitaria es considerada derecho interno en los Estados miembro por lo tanto con los dict¨¢mentes de la Comisi¨®n es posible acudir ya a los tribunales.

Mientras esto se dilucida, otra delegaci¨®n de eurodiputados inician el 27 de febrero una visita a Espa?a de seguimiento de las irregularidades detectadas en las visitas anteriores. En su agenda est¨¢ previsto que recorran el municipio madrile?o de Galapagar, varios puntos de Almer¨ªa y al menos 15 localidades valencianas, entre ellas Orihuela, Torrevieja, Parcent, Carral, D¨¦nia, X¨¤bia, Benic¨¤ssim u Oropesa.