No tienen raz¨®n quienes atacan la nueva Ley del Cine

Con maldad e ignorancia se vierten a diario opiniones sobre el anteproyecto del Gobierno para una nueva Ley del Cine, o Audiovisual, como preferimos llamarla los productores. No tanto se opina sobre su articulado y contenido, sino que, en muchos casos, sin dar muestras de haber le¨ªdo el borrador, se ataca a la ministra de Cultura y a los productores independientes, te¨®ricos favorecidos, presionando al Gobierno para que paralice el proyecto en defensa de intereses mercantiles. Conviene recordar a los diferentes sectores que trabajan para el cine que somos los productores la columna vertebral de esta industria, donde la pr¨¢ctica comercial de distribuidores y exhibidores es un complemento esencial. Por tanto, no debe sorprender que una ley hecha para fomentar la cinematograf¨ªa nacional sea especialmente sensible a las inquietudes nuestras.

Se trata de implementar medidas que hagan circular mejor el cine europeo y, en particular, el espa?ol

La producci¨®n cinematogr¨¢fica ha sido apoyada por los Estados, incluido el de EE UU, desde su invenci¨®n. Es una industria generalmente deficitaria, aunque de gran inter¨¦s estrat¨¦gico. Gobernantes y ciudadanos del mundo est¨¢n mayoritariamente interesados en tener un cine propio que refleje su cultura, historia y sensibilidades sociales. El apoyo al cine lo han practicado Gobiernos franquistas, democr¨¢ticos, de izquierdas, de derechas, nacionales y extranjeros, aut¨®nomos y locales. Entre otros, los Gobiernos de Francia, Italia, Alemania, Australia, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, M¨¦xico, Brasil, Argentina. Tambi¨¦n se preocupan por la creaci¨®n cinematogr¨¢fica en sus espacios los l?nder alemanes, las Generalitats de Valencia y Catalu?a, el Gobierno de Asturias y los Estados de Nuevo M¨¦xico, Nueva York, Arizona, California y Nueva Zelanda.

Estos apoyos no vienen dados con el ¨¢nimo de favorecer en particular a un grupo de productores, sino a la necesidad de desarrollar y realizar un cine propio, una industria audiovisual aut¨®ctona, necesaria para la aparici¨®n y mantenimiento de autores, actores y t¨¦cnicos. La Uni¨®n Europea da trabajo en el sector a m¨¢s de un mill¨®n de personas, con un porcentaje muy elevado de j¨®venes.

Los diferentes Gobiernos de Espa?a, en los ¨²ltimos 50 a?os, han protegido y apoyado al cine espa?ol de diferentes maneras. En los a?os cincuenta y sesenta del siglo pasado se aplicaban tasas de doblaje y cuotas de distribuci¨®n al cine importado y se facilitaban subvenciones del Estado y cr¨¦ditos sindicales para hacer posible el cine de esa ¨¦poca. Pel¨ªculas como Pl¨¢cido, El verdugo, El clavo, El ¨²ltimo cupl¨¦, Los tramposos, Bienvenido, Mr. Marshall y las primeras obras de Mario Camus, Carlos Saura, Manuel Summers, Miguel Picazo y muchos otros grandes autores salidos de la subvencionada Escuela Oficial de Cine, fueron posibles gracias a los apoyos de la Administraci¨®n franquista.

Con posterioridad, en los a?os setenta y sucesivos, el Estado cre¨® otros mecanismos de apoyo, relacionados con las recaudaciones de taquilla, concediendo ayudas en funci¨®n de ella y eliminando tasas de doblaje y cuotas de distribuci¨®n, aunque manteniendo unas ligeras cuotas de pantalla a favor del cine europeo.

Hoy, el Gobierno de Espa?a, en el leg¨ªtimo ejercicio de su responsabilidad, pretende actualizar estas medidas, teniendo en cuenta qui¨¦nes son los nuevos agentes de la realidad audiovisual. Se trata de implementar medidas, algunas de ellas dictadas por Bruselas, que hagan circular mejor el cine europeo y, en particular, el espa?ol. Algunas de estas disposiciones exigen a las empresas emisoras de televisi¨®n, que habitualmente programan pel¨ªculas recientes, el invertir un m¨ªnimo, actualmente el 5% y, seg¨²n el anteproyecto en cuesti¨®n, un 6%, en la producci¨®n europea y espa?ola. Este porcentaje, calculado sobre su cifra de negocio del a?o anterior, ha permitido a los canales nacionales, p¨²blicos y privados participar como coproductores en diferentes pel¨ªculas nacionales, algunas de ¨¦xito y otras -como es habitual- que han pasado sin pena ni gloria. Ni los ¨¦xitos ni los fracasos han sido culpa exclusiva de los concesionarios de televisi¨®n. La responsabilidad es compartida con unos productores independientes, llamados Antonio Cardenal, Guillermo del Toro o Alfonso Cuar¨®n, etc¨¦tera, que han desarrollado y coproducido estas pel¨ªculas. Sin ellos no se hubieran iniciado, aunque es verdad que sin las empresas televisivas probablemente tampoco se hubieran completado.

El anteproyecto de la ley audiovisual que impulsa el Gobierno goza del favor de una gran mayor¨ªa del sector cinematogr¨¢fico, pese a matizaciones de unos y otros. No altera el statu quo que hace convivir al cine espa?ol con el de Hollywood y es inobjetable para la pr¨¢ctica totalidad de los grupos pol¨ªticos, aunque sin duda en el proceso parlamentario todos intentar¨¢n mejorarla. La pirater¨ªa en Internet, con 150 millones de descargas ilegales en 2006, es la causa de casi todos nuestros males y de ello debe ocuparse la Administraci¨®n.

Ninguna disposici¨®n que incluye el anteproyecto del Gobierno es excepcional, dir¨ªa que ni siquiera original. Simplemente, pretende apoyar un sector productivo y regular un mercado donde los productores y las grandes cadenas de televisi¨®n se necesitan para juntos generar una ficci¨®n, sean pel¨ªculas, series, documentales o animaci¨®n, para todas las ventanas abiertas al espectador, en las que las nuevas tecnolog¨ªas, formas de emisi¨®n y creaci¨®n se est¨¢n imponiendo.

Todos los responsables de las cadenas de televisi¨®n conocen su fortuna al disfrutar de concesiones gratuitas y emitir en un espacio radioel¨¦ctrico propiedad de todos los espa?oles. Sus cuentas anuales arrojan, sin duda gracias a su eficaz gesti¨®n, beneficios millonarios. Parece razonable y desde luego est¨¢ lejos de ser escandaloso, como sus voceros pregonan, que el Gobierno les obligue a invertir, no a subvencionar, en la creaci¨®n de contenidos de cuyo producto y derivados habr¨¢n de disfrutar ellos mismos.

Quiz¨¢s un d¨ªa estas grandes empresas tengan resultados anuales negativos. Si ello sucediera, la ley deber¨ªa eximirles de la obligatoriedad de invertir en cine o de que nadie influya en sus presupuestos. Mientras tanto, debemos hacer nuestros mayores esfuerzos para llegar a un acuerdo que nos permita trabajar a todos juntos.