La ley de mediaci¨®n familiar pone en solfa los servicios locales existentes
Madrazo cree que ser¨¢n "menos necesarios" una vez en vigor la norma
El Gobierno dio ayer luz verde al proyecto de ley de Mediaci¨®n Familiar para su env¨ªo al Parlamento. El Ejecutivo quiere abrir servicios en los tres territorios y elevar la exigencia en la profesionalidad de quienes ejerzan esas funciones. El consejero Javier Madrazo adelant¨® que la puesta en marcha de estos servicios puede hacer "menos necesarios" los que se prestan en ayuntamientos y que, incluso, algunos podr¨ªan "no superar el list¨®n".
Los servicios de mediaci¨®n familiar que prev¨¦ el proyecto elaborado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales que dirige Javier Madrazo podr¨¢n ser utilizados por personas que demuestren un v¨ªnculo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o de convivencia de al menos un a?o. Bastar¨¢ con que una de las personas est¨¦ empadronada en la comunidad aut¨®noma.
Adem¨¢s de la familia tradicional, podr¨¢n hacer uso de ellos las parejas de hecho. Atender¨¢n no s¨®lo a casos de ruptura entre ellas, sino tambi¨¦n a conflictos entre padres e hijos, o entre hermanos, incluso entre familias biol¨®gicas y de acogida de menores y abuelos a quienes se impida una relaci¨®n normalizada con sus nietos.
Los negocios, herencias o derechos de sucesi¨®n que causan litigios en las familias ser¨¢n tambi¨¦n contemplados, lo mismo que los conflictos que surjan entre personas dependientes y los familiares que los atienden.
Se trata, seg¨²n explic¨® ayer Madrazo, de un servicio que jugar¨¢ "un papel complementario o alternativo a los procedimientos judiciales". La mediaci¨®n tiene sobre ¨¦stos ¨²ltimos la ventaja de buscar una soluci¨®n amistosa y en un plazo reducido de tiempo, lo que redundar¨ªa adem¨¢s en el mantenimiento y mejora de relaciones familiares que, de otro modo, pueden romperse definitivamente.
El proyecto deja abierta la intervenci¨®n a la iniciativa privada, que deber¨¢ sujetarse a esta ley cuando sea aprobada. Pero el consejero avanz¨® su intenci¨®n de abrir servicios p¨²blicos "integrales" en los tres territorios.
Algunos ayuntamientos disponen ya de servicios de este tipo, aunque no con un car¨¢cter tan extensivo en su intervenci¨®n, con los que podr¨ªa chocar o competir en su acci¨®n los que impulse el Gobierno.
Madrazo dijo a este respecto que la puesta en marcha de estos ¨²ltimos har¨¢ "menos necesarios" esos servicios locales. "Los nuestros cubrir¨¢n las necesidades y lo har¨¢n con m¨¢s calidad", afirm¨®, poniendo como ejemplo el funcionamiento del que ya existe en Vizcaya.
Calidad y formaci¨®n
Esa calidad estar¨¢ en relaci¨®n con la profesionalidad de las personas que integren las unidades que se creen. Madrazo dijo que entre los servicios actualmente existentes "hay pr¨¢cticas de diferente tipo", y avanz¨® que puede haber casos "que no superen el list¨®n".
La ley eleva la exigencia de formaci¨®n para los trabajadores de la mediaci¨®n familiar, ya que tendr¨¢n que acreditar una diplomatura en el ¨¢mbito de las Ciencias Sociales y de la Educaci¨®n, adem¨¢s una formaci¨®n espec¨ªfica que incluya un postgrado de al menos 200 horas en la materia.
El Gobierno crear¨¢ por esta ley el Registro de Personas Mediadoras, a trav¨¦s del que los particulares podr¨¢n conocer tanto los servicios p¨²blicos como la relaci¨®n de personas facultades para ejercer esa tarea.
Habr¨¢ tambi¨¦n un Consejo Asesor, en el que participar¨¢n las diputaciones, colegios profesionales, universidades y organizaciones del ¨¢mbito de la mediaci¨®n familiar. Este consejo propondr¨¢ los requisitos de formaci¨®n y experiencia precisos para ejercer la profesi¨®n de mediador e impulsar¨¢ la redacci¨®n de un c¨®digo deontol¨®gico.
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