El despido de ocho fiscales pone contra las cuerdas al ministro de Justicia de EE UU

Los dem¨®cratas piden la cabeza del fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, y de momento el esc¨¢ndalo ya se ha cobrado su primera v¨ªctima: su jefe de gabinete, Kyle Sampson. Al inicio del segundo mandato de George W. Bush, en 2004, la Casa Blanca habr¨ªa sugerido, a trav¨¦s de la que fuera jefa de su equipo legal y candidata a ocupar el cargo de juez en el Tribunal Supremo estadounidense, Harriet Miers, la idea de relevar del cargo a los 93 fiscales federales, supuestamente para situar a fiscales m¨¢s afines a la pol¨ªtica del Partido Republicano.

La medida fue rechazada por el Departamento de Justicia que finalmente destituy¨® a ocho magistrados el a?o pasado. Congresistas dem¨®cratas consideran que el despido de esos fiscales obedeci¨® a motivaciones pol¨ªticas.

La tormenta pol¨ªtica ha estallado dos a?os despu¨¦s y ha sido destapada con correos electr¨®nicos entre Sampson y Miers -quienes manten¨ªan una estrecha relaci¨®n- que revelan que ambos, junto al Departamento de Justicia y a altos cargos de la Casa Blanca, estudiaron los despidos durante cerca de 24 meses. El esc¨¢ndalo llev¨® ayer a Gonzales a suspender un viaje a Syracuse, Nueva York, y a comparecer ante la prensa. El fiscal general reconoci¨® que se hab¨ªan cometido errores en la manera en que fueron apartados de sus cargos los ocho acusadores pero declar¨® que no pensaba dimitir. "Acepto la responsabilidad", dijo Gonzales sobre las voces que reclaman su salida del Gobierno. El pol¨ªtico no dio marcha atr¨¢s sobre la necesidad de los despidos: "Mantengo mi decisi¨®n y creo que fue la adecuada".

Ayer, la Administraci¨®n entreg¨® al Congreso una serie de documentos relacionados con los pol¨¦micos ocho ceses en un intento de averiguar si varios l¨ªderes republicanos, entre ellos el senador Pete Domenici, presionaron para agilizar las investigaciones de fraude electoral contra varios dem¨®cratas en lugares como Filadelfia, Milwaukee y Nuevo M¨¦xico. Las prisas republicanas obedec¨ªan a que estaban a la vuelta de la esquina las elecciones legislativas del pasado 7 de noviembre, y la oposici¨®n pol¨ªtica preve¨ªa una clara victoria en las urnas. Para el senador dem¨®crata Patrick Leahy, se trata de "un abuso de poder cometido en secreto para lograr ciertos resultados en nuestro sistema judicial, para despu¨¦s cubrir las huellas".

Los 93 fiscales federales con que cuenta Estados Unidos son nombrados a dedo por el presidente y pueden ser contratados o despedidos seg¨²n su voluntad. Son los responsables de hacer cumplir las leyes federales en sus respectivos distritos y normalmente son nombrados en el cargo para per¨ªodos de cuatro a?os. Sin embargo, a pesar del designio presidencial, todos llegan al cargo por recomendaciones de l¨ªderes pol¨ªticos en cada Estado.

La presunta connivencia del Departamento de Justicia y la Casa Blanca supone otro dolor de cabeza para el presidente y aporta nueva gasolina con la que avivar el fuego del esc¨¢ndalo pol¨ªtico para los dem¨®cratas. Con Bush alejado de lo que suced¨ªa en Washington concluyendo su viaje a Am¨¦rica Latina, una portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, sal¨ªa al paso ayer y declaraba que el presidente no instruy¨® al Departamento de Justicia para que tomara "acciones espec¨ªficas sobre ning¨²n fiscal". La versi¨®n oficial sigue inamovible: los fiscales fueron despedidos por quejas sobre la calidad de su trabajo. Aunque la Casa Blanca es capaz de reconocer que, para Miers, la salida de todos ellos supon¨ªa un cambio de aires para el segundo mandato de Bush.