Adjuntos innecesarios
Las dificultades surgidas para renovar a los adjuntos al Defensor del Pueblo andaluz han puesto en evidencia lo poco que algunos creen en los postulados que defendieron para el nuevo Estatuto de Andaluc¨ªa que, esta semana, entra en vigor. Con su publicaci¨®n en el BOE. Aquellos que m¨¢s prisas met¨ªan al Gobierno andaluz para que comenzara a desplegar el nuevo texto, sobre todo en lo relativo a las exigencias al "gobierno amigo" de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, con la exclusiva idea de tratar de desgastar al Ejecutivo de Manuel Chaves, son, ahora, precisamente, los que no quieren saber nada de cumplir con el requisito que, sobre la paridad, exige dicho Estatuto.
Jos¨¦ Chamizo se encuentra, as¨ª, con la dificultad a?adida de no poder completar su nueva relaci¨®n de adjuntos ya que las propuestas que han enviado los distintos partidos no se ajusta a la normativa actual. De todas formas, no debe ser ¨¦ste un asunto que le quite, en especial, el sue?o al sacerdote campogibraltare?o en su nuevo mandato. Nunca vio con buenos ojos, ni necesario, este tipo de figuras, sobre todo por el temor a que se trasladara a su instituci¨®n el debate pol¨ªtico existente en otros ¨¢mbitos, cosa que al final, hay que decir, no ha llegado a ocurrir o, al menos, no ha trascendido nada al respecto.
De modo que hay que estar tranquilos. No existe riesgo de que se desestabilice ni se bloquee la oficina del Defensor, una de las entidades que m¨¢s reconocimiento tiene por parte de los andaluces. Chamizo se basta por s¨ª mismo, as¨ª que contin¨²e la pelea por qui¨¦n ocupar¨¢ esos c¨®modos y bien remunerados sillones, que luego el elector tomar¨¢ debida cuenta del grado de compromiso que tienen unos y otros con las leyes que ellos mismos promueven y aprueban.
M¨¢s inquietud debe producirnos, en cambio, todo lo concerniente al pretendido desmantelamiento por parte de Delphi de su planta de Puerto Real (C¨¢diz). Este jueves el consejero de Empleo, Antonio Fern¨¢ndez, se desplaza a Bruselas para entrevistarse con el comisario de dicha ¨¢rea, Vladimir Spidla. El objetivo es reclamar de las autoridades comunitarias la aplicaci¨®n, en estos casos de despidos colectivos, la legislaci¨®n vigente, que obliga a una necesaria consulta a los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo con el fin de evitar o reducir las bajas, al tiempo que la puesta en marcha de las medidas sociales adecuadas para la reclasificaci¨®n o reconversi¨®n de los trabajadores que pierdan su empleo. Y todo eso se debe hacer sin perder de vista la condici¨®n de multinacional de la compa?¨ªa afectada.
Sin embargo, esta caracter¨ªstica es la que lleva a otras fuerzas pol¨ªticas a emprender un camino ciertamente equivocado al solicitar ya ayudas concretas contempladas en el capitulo previsto para las deslocalizaciones industriales. Si as¨ª se hace, impl¨ªcitamente, ya se est¨¢ dando por descontado que la empresa se puede ir de rositas y esa diferencia de criterios existente aqu¨ª seguro que es aprovechada por los avispados directivos norteamericanos, ¨¢vidos c¨®mo est¨¢n de hacer caja cuanto antes.
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