Cemento imparable

A pesar del creciente descr¨¦dito social que provoca la presi¨®n urbanizadora de ayuntamientos y autonom¨ªas, se siguen ejecutando proyectos urban¨ªsticos que destruyen zonas naturales protegidas o desaf¨ªan la l¨®gica de la sostenibilidad demogr¨¢fica. V¨¦ase el plan de construir 20.000 viviendas en el pueblo de Illescas (Toledo), hoy con apenas 17.000 habitantes, para lo cual se recalificar¨¢n 4,5 millones de metros cuadrados de suelo. En este juego incontrolado de recalificar terreno, aunque sea protegido, la Junta de Castilla y Le¨®n, gobernada por el PP, ha dado dos vueltas de tuerca. Ha aprobado por ley el proyecto de construir en Soria un complejo de 800 chal¨¦s y un parque empresarial en una zona protegida, el Soto de Garray; con esta tramitaci¨®n legal, el PP evita la intervenci¨®n de las autoridades judiciales y se garantiza la impunidad inmediata de este caso palmario de especulaci¨®n inmobiliaria. Para rizar el rizo con un sarcasmo, denomina el proyecto como "Ciudad del Medio Ambiente".

El pintoresco desafuero soriano, la cicl¨®pea recalificaci¨®n de Illescas -tan similar a la de Sese?a- o los cientos de pelotazos inmobiliarios que surgen en el suelo peninsular, transmiten la imagen de que la clase pol¨ªtica municipal y auton¨®mica tiene comportamientos poco honrados y que est¨¢ destruyendo la posibilidad de un desarrollo urban¨ªstico ordenado del pa¨ªs. Son temores bien fundados. La especulaci¨®n descontrolada procede en parte de las dificultades de los ayuntamientos y de los partidos pol¨ªticos para financiar sus gastos e inversiones, en muchas ocasiones fara¨®nicos y casi siempre muy superiores a sus modestos ingresos. Bastar¨ªa con cambiar legalmente la financiaci¨®n de los partidos y de los municipios para apagar uno de los focos de esta avidez inmobiliaria que amenaza seriamente con desprestigiar la democracia municipal.

Mientras se consigue el acuerdo para cambiar esas leyes, se puede trabajar contra la marea constructora en otros frentes. Por ejemplo, no se entiende que los espacios naturales protegidos sean tan f¨¢cilmente asaltados por la especulaci¨®n organizada. Convendr¨ªa blindarlos remitiendo su cuidado a autoridades nacionales o incluso supranacionales. Se entiende muy mal que el Estatuto del Empleado P¨²blico que prepara el ministerio correspondiente socave la autonom¨ªa e independencia de los secretarios e interventores de la Administraci¨®n local, llamados a controlar las arbitrariedades y corruptelas de los ayuntamientos, haciendo que puedan ser nombrados y destituidos discrecionalmente por los alcaldes que tienen que supervisar. La idea correcta deber¨ªa ser precisamente la contraria, es decir, reforzar su independencia y su capacidad de denuncia poni¨¦ndolos a salvo de represalias.