Es la independencia judicial, est¨²pido

La recusaci¨®n por parte del PP del magistrado del Tribunal Constitucional Pablo P¨¦rez Tremps es uno de los hechos m¨¢s graves que han ocurrido en la historia judicial de este pa¨ªs desde que Espa?a es una democracia. Y lo es por muchas razones: porque la gente pierde con ella; porque aleja a¨²n m¨¢s cualquier intento de acercamiento entre el PP y el PSOE; porque afecta a la vertebraci¨®n del Estado de las Autonom¨ªas; y porque pone en cuesti¨®n el n¨²cleo duro de nuestro Estado de derecho, la independencia judicial.

Es posible que el Partido Popular piense que con esta recusaci¨®n se apunta un nuevo tanto en su estrategia de acoso y derribo de todo lo que est¨¦ en pie con la finalidad de desgastar al gobierno. Sin embargo, estamos ante un nuevo ejemplo de mala previsi¨®n estrat¨¦gica por parte de los l¨ªderes de este partido pol¨ªtico. En realidad, tambi¨¦n el PP sale perdiendo, y mucho, con esta recusaci¨®n. Teniendo en cuenta la situaci¨®n, probablemente sea conveniente volver a recordarle al PP por qu¨¦ interesa a los pol¨ªticos (incluidos a los del primer partido de la oposici¨®n) la independencia judicial.

La mayor parte de la gente parte de la base de que a los pol¨ªticos lo ¨²nico que les interesa es maximizar su poder. Cuanto m¨¢s tengan, mejor para ellos. Sin duda esta es la perspectiva que ha adoptado el PP cuando decidi¨® recusar al magistrado en cuesti¨®n. Da la impresi¨®n de que para el PP, los tribunales de justicia solamente valen en tanto en cuanto constituyen un instrumento para afianzar la influencia de los pol¨ªticos. Interesa sin embargo "reorientar" su independencia cuando, por el contrario, los tribunales se desv¨ªan de los planes o finalidades trazados por aquellos.

Esta visi¨®n es bastante certera: a los pol¨ªticos les interesa, sin duda alguna, acumular poder. Pero que sea certera no significa que sea completa. Y es incompleta porque, adem¨¢s del poder, a los pol¨ªticos tambi¨¦n les interesa una cosa en la que el PP probablemente no haya reparado: tener capacidad para no decidir.

Efectivamente, tener capacidad para no decidir es tan importante para los pol¨ªticos como tener poder para hacerlo. Ello es enteramente racional. Si pensamos en ejemplos de la vida cotidiana, nos damos cuenta de que a menudo nos encontramos en situaciones en las que en realidad lo que queremos es que otros decidan por nosotros. El entorno familiar est¨¢ lleno de estos ejemplos. Cuando nuestro hijo nos pide algo que sabemos que no podemos darle, la respuesta, casi inefable, es "habla con tu madre". Para nosotros nos guardamos, sin embargo, los premios. Si nuestro hijo lo hace bien y queremos recompensarle por ello, es mucho menos habitual que le reconduzcamos a otra persona para que sea ella la encargada de otorgarle la d¨¢diva en cuesti¨®n.

Maquiavelo apuntaba que "los pr¨ªncipes deben encomendar a los dem¨¢s las tareas gravosas, y reservarse las agradables". Ello sirve de base para explicar la emergencia de los tribunales. Con los tribunales, los gobernantes pueden conservar para ellos el derecho de gracia, dejando para aquellos el poder de imponer penas y sanciones. No obstante, para que este mecanismo de delegaci¨®n funcione, una condici¨®n es indispensable: que el que impone la pena, el juez, no solamente parezca independiente, sino que adem¨¢s lo sea en realidad. En caso contrario, nunca ser¨¢ cre¨ªble cualquier admonici¨®n sobre la falta de capacidad de decisi¨®n que los pol¨ªticos hagan en relaci¨®n con los asuntos que m¨¢s resentimiento y divisi¨®n engendren en una sociedad.

En la recusaci¨®n del magistrado P¨¦rez Tremps, los indicios de colusi¨®n ("pacto il¨ªcito en da?o de tercero", de acuerdo con la Real Academia Espa?ola) entre el PP y al menos varios de los seis magistrados que votaron la misma afirmativamente son m¨¢s que evidentes, aunque solamente sea porque tres de esos seis magistrados votaron a la inversa en relaci¨®n con exactamente la misma cuesti¨®n tan solo unos meses antes. La ¨²nica hip¨®tesis que cabe construir en esta situaci¨®n se puede formular a modo de contraf¨¢ctico: si el PP no hubiera maniobrado para que los magistrados del Constitucional cambiaran su voto, hoy P¨¦rez Tremps no habr¨ªa sido recusado. Las presiones del PP contra los magistrados recusantes son pues la ¨²nica explicaci¨®n razonable de este resultado.

A partir de aqu¨ª, el problema que se plantea es que va a ser completamente imposible que alguien se crea que no ha habido manipulaci¨®n pol¨ªtica si el Tribunal Constitucional decide anular, en todo o en parte, el Estatut de Catalu?a. Ello arroja una paradoja bien interesante: la ¨²nica manera que tendr¨ªan los magistrados recusantes de lavar su imagen y te?irla, de nuevo, del color neutro de la independencia judicial, ser¨ªa no poniendo trabas a la constitucionalidad de ese texto legal. Cualquier otro resultado ser¨¢ tildado, y con raz¨®n, de "politizaci¨®n de la justicia".

Pero lo m¨¢s grave es que la cuesti¨®n trasciende, con mucho, de cu¨¢l sea el destino del Estatut. A muchos nos inquieta, y cada d¨ªa m¨¢s, la eventualidad de que este PP extremo-duro vuelva a hacerse con el gobierno de Espa?a. Sin embargo, por la propia naturaleza de las cosas, llegar¨¢ el d¨ªa en que esto vuelva a ocurrir. En ese momento, con el PP de nuevo en el gobierno, maniobras orquestales en la oscuridad como la recusaci¨®n de P¨¦rez Tremps pesar¨¢n, sin duda, en el debe de su ejecutoria. En efecto, si estando en la oposici¨®n fueron capaces de manipular de forma tan grosera al Tribunal Constitucional, ?qu¨¦ no ser¨¢n capaces de hacer estando en el gobierno? Con ello, el PP est¨¢ dejando de contar, por decisi¨®n propia, con uno de los mayores aliados de los gobiernos, los jueces, a los que necesitar¨¢ cuando no quiera pronunciarse en relaci¨®n con cuestiones sobre las que sea doloroso tomar decisiones. Aunque solamente fuera porque, como se?alaba Maquiavelo, la independencia judicial es una de las maneras que tiene el pr¨ªncipe de "huir de las cosas que lo hacen odioso y despreciable", el PP deber¨ªa evitar actuar antes de pensar tambi¨¦n en este terreno.

Antonio Estella es profesor titular de Derecho Administrativo, UC3M.