Seis a?os de rectificaciones judiciales
El proceso contra Arnaldo Otegi por supuesto enaltecimiento del terrorismo sufri¨® dos archivos de la causa, una condena y la repetici¨®n del juicio antes de que el fiscal retirara la acusaci¨®n
El tribunal forz¨® a la Fiscal¨ªa a defender una acusaci¨®n en la que ya no cre¨ªa y el juicio acab¨® con la absoluci¨®n tras retirar el ministerio p¨²blico sus cargos. Hasta ese momento, el proceso contra Arnaldo Otegi por el homenaje a la etarra Olaia Castresana en el cementerio de San Sebasti¨¢n hab¨ªa superado dos archivos, una condena a 15 meses por apolog¨ªa del terrorismo y la anulaci¨®n del juicio previo por el que se le conden¨® por "parcialidad" del tribunal. En el ¨²ltimo acto de este periplo, escenificado el mi¨¦rcoles en la Audiencia Nacional, fueron los magistrados los que se empe?aron en proceder contra ¨¦l. El fiscal pidi¨® sin ¨¦xito que el juicio se suspendiera para redactar una nueva acusaci¨®n, pero la sala se lo neg¨®. "O mantienes los cargos del juicio que se declar¨® nulo o renuncias a acusar", es el mensaje que le lanzaron los magistrados.
El Tribunal Superior vasco consider¨® en 2002 que Otegi no ensalz¨® delito alguno
La Audiencia decret¨® la detenci¨®n del acusado sin que las partes se lo pidieran
En el homenaje celebrado durante el entierro de Castresana, muerta en Torrevieja (Alicante) el 24 de julio de 2001 cuando manipulaba una bomba, el entonces parlamentario vasco Arnaldo Otegi pidi¨® un aplauso para la labor "de todos los gudaris que han ca¨ªdo en esta larga lucha por la autodeterminaci¨®n". Tras portar sobre sus hombros el ata¨²d, cubierto por una ikurri?a y una bandera con el anagrama de ETA, lanz¨® un mensaje a la "clase pol¨ªtica" a trav¨¦s de los medios que cubrieron el acto. "Es un hecho objetivo que es la generaci¨®n nacida en el Estatuto la que se adhiere a la lucha armada para expresar su compromiso pol¨ªtico", declar¨® Otegi.
El entonces fiscal general, Jes¨²s Cardenal, orden¨® ese mismo d¨ªa a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV) que se querellara contra el portavoz independentista y "cuantas personas se determine hayan podido participar en el acto". El escrito citaba expresamente a todos los miembros de la c¨²pula de la izquierda abertzale como supuestos autores de un delito de apolog¨ªa del terrorismo castigado con penas de uno a dos a?os de c¨¢rcel por el C¨®digo Penal.
Esa querella, presentada al d¨ªa siguiente del acto del cementerio de San Sebasti¨¢n (1 de agosto de 2001), fue archivada en dos ocasiones por una magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV (la competente al ser entonces Otegi parlamentario vasco) por considerar que llevar a hombros el f¨¦retro "no integra la acci¨®n de enaltecer o justificar delito alguno". Sobre el aplauso solicitado para los gudaris y las declaraciones a los periodistas, la juez record¨® que el delito de apolog¨ªa del terrorismo "exige el enaltecimiento o la justificaci¨®n de concretos actos delictivos".
Pero el fiscal recurri¨® ambas resoluciones hasta conseguir que, el 2 de junio de 2002, el tribunal admitiera su querella a tr¨¢mite al considerar que las manifestaciones del dirigente constitu¨ªan "expresiones de enaltecimiento". Salaberria, seg¨²n la resoluci¨®n, tambi¨¦n cometi¨® el delito al portar el f¨¦retro de la etarra muerta.
El juicio tuvo lugar el 18 de marzo de 2004 y el fiscal pidi¨® entonces prisi¨®n para ambos y ocho a?os de inhabilitaci¨®n absoluta. Dos meses despu¨¦s lleg¨® la sentencia: 15 meses de c¨¢rcel para Otegi y la absoluci¨®n para Salaberria. El portavoz de Batasuna recurri¨® al Tribunal Supremo.
El alto tribunal, esta vez s¨ª, escuch¨® a la Fiscal¨ªa. La Junta de Fiscales del Supremo acord¨® a finales de 2004 pedir a la Sala de lo Penal que se anulara la sentencia por estar "contaminada", ya que el tribunal que la dict¨®, al admitir a tr¨¢mite la querella ordenada por Jes¨²s Cardenal, es decir, antes de que comenzara el proceso, se pronunci¨® precipitadamente sobre el fondo del asunto. Los magistrados ordenaron por unanimidad repetir el juicio al considerar que el TSJPV hab¨ªa vulnerado el derecho fundamental de Otegi al juez imparcial "al haber intervenido de forma relevante en el tr¨¢mite procesal anterior al juicio".
Como los acusados perdieron sus esca?os y el delito se encuentra entre los de terrorismo, el nuevo juicio lleg¨® a la Audiencia Nacional que, el pasado 15 de enero, fij¨® su celebraci¨®n para el 21 de marzo. Diez d¨ªas antes, la Fiscal¨ªa solicit¨® la suspensi¨®n para proponer nuevas pruebas y redactar una nueva acusaci¨®n de acuerdo a ellas que adem¨¢s excluyera a los otros dos acusados del juicio anterior, Jon Salaberria y Araitz Zubimendi, ambos absueltos en el TSJPV. El Ministerio P¨²blico sosten¨ªa que mantener los cargos contra ellos supondr¨ªa un doble enjuiciamiento sin fundamento, ya que nadie recurri¨® el archivo de sus causas.
Pero la secci¨®n cuarta de la Audiencia, presidida por Fernando Berm¨²dez de la Fuente -que hace meses pidi¨® firmas a favor del PP- e integrada por Carmen Paloma Gonz¨¢lez y Juan Francisco Martel, ya hab¨ªa decidido dinamizar el proceso. Empe?ada en celebrar el juicio contra Otegi, tom¨® una decisi¨®n ins¨®lita: no s¨®lo rechaz¨® retrasar la vista, sino que declar¨® en rebeld¨ªa (huido pero susceptible de ser juzgado) a Salaberria acordando, eso s¨ª, la suspensi¨®n de la comparecencia de este ¨²ltimo.
Sin el apoyo de la acusaci¨®n ni de la defensa, la sala orden¨® detener a Otegi sin que lo pidiera ni el fiscal ni la defensa para llevarlo por la fuerza ante el tribunal. Fuentes jur¨ªdicas criticaron la "desproporci¨®n" y la "desmesura" en que incurri¨® el tribunal para celebrar un juicio con una petici¨®n inicial de 15 meses de prisi¨®n, que incluso en caso de condena no hubiera determinado en inmediato ingreso de Otegi en la c¨¢rcel. Tambi¨¦n criticaron el "gasto desproporcionado" que hubo que afrontar al fletar un avi¨®n por el empecinamiento de la sala en celebrar la vista a toda costa.
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