Las empresas que cumplan criterios sociales y medioambientales recibir¨¢n incentivos

Producir y vender es algo m¨¢s que una actividad econ¨®mica, tiene tambi¨¦n implicaciones sociales. Para concienciar a las empresas y a los consumidores de la incidencia que tienen en la sociedad y el medio ambiente las decisiones que adoptan, el Gobierno prepara una norma que incentive el compromiso de las empresas con su entorno. El texto exigir¨¢ a las compa?¨ªas receptoras de ayudas p¨²blicas que cumplan determinados preceptos sociales y establecer¨¢ incentivos econ¨®micos para las que acrediten buenas pr¨¢cticas. El Gobierno negocia la nueva norma con sindicatos y empresarios.

La responsabilidad social, un concepto cada vez m¨¢s de moda, tiene poco predicamento en Espa?a. Por ello, el Ejecutivo pretende que haya una norma lista para mediados de a?o.Algunas empresas comienzan ya a exhibir buenas conductas relativas al medio ambiente, pero el impacto es muy limitado. En gran parte por falta de exigencia de los propios consumidores. "Los ciudadanos desconocen qu¨¦ es la responsabilidad social de las empresas y qu¨¦ alcance de futuro tiene la discusi¨®n sobre las nuevas responsabilidades que las empresas pueden asumir", admite el Ministerio de Trabajo en un documento que servir¨¢ de borrador para la futura norma.

Este departamento lidera un proceso en el que participan otros seis ministerios. Tras recabar la opini¨®n del Congreso de los Diputados y de un foro de expertos, Trabajo ha iniciado conversaciones con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO para incorporar sus aportaciones. Ya se ha mantenido una reuni¨®n y se ha programado otra para el 10 de abril.

La patronal, en principio, no es partidaria m¨¢s regulaciones, por lo que el debate puede resultar complejo. Pero el Gobierno tiene intenci¨®n de sacar adelante su iniciativa: "Cuanto mayor acuerdo, mejor. Pero si no se produjese, el Gobierno va a tomar una decisi¨®n de todas maneras", advierte Juan Jos¨¦ Barrera, director general de Econom¨ªa Social. Trabajo no pretende fijar medidas obligatorias a todas las empresas, pero las que se comprometan a cumplir con la sociedad tendr¨¢n que acreditarlo. Tambi¨¦n las subvencionadas. ?stos son los principales aspectos de la norma, que no necesariamente acabar¨¢ en ley , seg¨²n Barrera.

- Empresas prioritarias. No todas las sociedades tendr¨¢n la misma obligaci¨®n de ser socialmente responsables. Esta idea, que implica desde limitar pr¨¢cticas lesivas con el entorno hasta promover la igualdad o contratar a colectivos desfavorecidos, se exigir¨¢ con mayor ah¨ªnco a las empresas que reciban subvenciones o cualquier tipo de ayudas p¨²blicas. Tambi¨¦n a las exportadoras, por su proyecci¨®n exterior. Adem¨¢s, las que se comprometan a hacerlo deber¨¢n acreditar que cumplen con esas exigencias sociales.

- Incentivos. Trabajo a¨²n no tiene claro c¨®mo se estimular¨¢ a las empresas para que se decidan a ser socialmente responsables. Es probable que se fijen incentivos econ¨®micos, como los que fomentan el empleo de sectores poco representados o desfavorecidos, pero est¨¢n por concretar.

- 'Pymes'. Las peque?as y medianas empresas representan m¨¢s del 90% del tejido productivo espa?ol, por lo que es necesario que el mensaje de la responsabilidad cale en este segmento. Por ello propone desarrollar pol¨ªticas espec¨ªficas para las pymes.

- Ejemplo desde el sector p¨²blico. La Administraci¨®n p¨²blica quiere predicar con el ejemplo. Los principios de responsabilidad se integrar¨¢n en "los propios sistemas de gesti¨®n [de las administraciones] y en las relaciones con terceros", seg¨²n el documento de Trabajo.

- Consejo consultivo. El Ejecutivo pretende contar con un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas que asesore al Gobierno y elabore informes peri¨®dicos sobre la actuaci¨®n de las empresas. El consejo lo integrar¨¢n representantes de los empresarios, los sindicatos, las administraciones y la sociedad civil.

- Educaci¨®n al consumidor. Para conseguir que sean los propios ciudadanos los que reclamen esas pr¨¢cticas sociales, el Ejecutivo impulsar¨¢ la creaci¨®n de un portal en Internet que divulgue las medidas que se adopten en Espa?a, en la Uni¨®n Europea y en otros pa¨ªses.