M¨¢s transparencia

Representantes y expertos de ONG reconocen que el principal reto que tienen ¨¦stas es la transparencia en la gesti¨®n de sus fondos y en el destino de los mismos. As¨ª parecen confirmarlo los recientes sucesos de Intervida, sujeta a una investigaci¨®n judicial por destinar al menos 45 millones de euros a empresas con las que supuestamente se estaba enriqueciendo, y Anesvad, cuyo responsable fue detenido acusado de apropiaci¨®n indebida de dinero.

Injusto ser¨ªa inferir a ra¨ªz de estos dos hechos que sea sospechosa la labor de todas las organizaciones humanitarias en Espa?a, que por otra parte han proliferado notablemente en los ¨²ltimos a?os, como si con ello la sociedad haya querido dar m¨¢s cr¨¦dito a la actividad de ¨¦stas que a la del Gobierno en el campo de este tipo de cooperaci¨®n. Sin embargo, eso no obsta para exigir a los poderes p¨²blicos mayor eficacia en el control de estas agencias. Resulta a todas luces insuficiente, y si se nos permite hasta un tanto rid¨ªculo, que sea una entidad privada no lucrativa como la Fundaci¨®n Lealtad la que se dedique a realizar peri¨®dicos an¨¢lisis de conducta sobre principios de transparencia y buenas pr¨¢cticas de aquellas ONG que voluntariamente se someten a tal juicio.

El fin no es otro que contribuir a la confianza ciudadana en las actividades de estas organizaciones humanitarias. Y en ese sentido, el trabajo de esta entidad es loable, considerando que, como sus propios responsables reconocen, carece de medios suficientes para hacer una exhaustiva investigaci¨®n. El ¨²ltimo de estos an¨¢lisis abarc¨® a 119 ONG y, aunque la mayor¨ªa cumpli¨® los principios de transparencia y buenas pr¨¢cticas, los dos casos mencionados de presunta irregularidad ser¨ªan motivo m¨¢s que suficiente para revisar los actuales m¨¦todos de supervisi¨®n p¨²blica.

Sobre el papel parece que las ONG estuvieran sometidas a un estricto escrutinio administrativo en Espa?a. La ley les obliga a presentar sus cuentas anualmente a un ¨®rgano p¨²blico que depende de cada comunidad aut¨®noma y, si se trata de una fundaci¨®n, deben presentar su ejercicio al Protectorado de Fundaciones de la autonom¨ªa donde est¨¦ inscrita. Sin embargo, el volumen de trabajo de estos ¨®rganos o su propia incompetencia rebasan en muchas ocasiones la capacidad de supervisi¨®n. Lo ocurrido con Intervida y Anesvad deja bastantes dudas de la eficacia de estos instrumentos. No se trata pues de hacer aqu¨ª un juicio de intenciones sobre la labor, en much¨ªsimos casos, positiva de las ONG, pero s¨ª de exigir que se incremente la transparencia en su gesti¨®n no simplemente con la aportaci¨®n de una entidad no lucrativa, sino con m¨¦todos m¨¢s eficaces por parte de los poderes p¨²blicos.