?Estado responsable?

Los testimonios policiales aportados hasta la fecha al juicio sobre el 11-M refuerzan la penosa sensaci¨®n, ya vivida en la comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria, de que el aparato de seguridad del Estado siempre fue un paso por detr¨¢s del activismo yihadista en Espa?a, y que si no le tom¨® la delantera fue por escasez de efectivos para culminar sus seguimientos, por fallos propios, burocr¨¢ticos o negligentes, y, en ¨²ltimo t¨¦rmino, por la insuficiente valoraci¨®n de los gobernantes de entonces de la amenaza que representaba.

No resulta por tanto del todo descabellada la idea que barajan algunas acusaciones: demandar al Estado como responsable civil objetivo y directo, por mal funcionamiento de los servicios p¨²blicos de seguridad, de los da?os causados por el atentado terrorista. Lo que resulta no ya descabellado, sino esperp¨¦ntico, es que ?ngel Acebes, m¨¢ximo responsable entonces de los servicios de seguridad, y D¨ªaz de Mera, que lo era de la Polic¨ªa, sigan actuando en pol¨ªtica como si nada de lo revelado en el juicio fuera con ellos.

No es f¨¢cil, desde luego, establecer por v¨ªa judicial la responsabilidad civil objetiva del Estado por los da?os causados por un atentado terrorista, pero al menos existe un precedente: el ataque en el centro comercial de Hipercor en junio de 1987. La familia de tres de las v¨ªctimas logr¨® una condena del Estado por esta v¨ªa, tras declarar probado la Audiencia Nacional que la polic¨ªa "no hizo correctamente lo que ten¨ªa que hacer" para desalojar el centro comercial e impedir que siguieran entrando personas y veh¨ªculos.

En el caso del 11-M son numerosos los fallos susceptibles de ser valorados por un tribunal como efectos del mal funcionamiento del aparato de seguridad del Estado, tanto en su dimensi¨®n profesional como pol¨ªtica. Y van desde dejar sin concluir seguimientos policiales a elementos yihadistas investigados con anterioridad a la masacre del 11-M, algunos de los cuales participaron en ella, hasta la incre¨ªble pasividad policial y judicial frente a la trama asturiana de los explosivos, el descontrol en la custodia de las minas donde se obten¨ªan y la desatenci¨®n por parte de los m¨¢ximos responsables pol¨ªticos de los informes que alertaban de la creciente amenaza del terrorismo islamista en Espa?a.

Algunos de esos fallos han sido subsanados, pero una condena al Estado de estas caracter¨ªsticas supondr¨ªa un serio varapalo pol¨ªtico, y no precisamente retrospectivo, al PP, partido gobernante entonces. Aunque m¨¢s lo ser¨ªa si la responsabilidad civil del Estado derivara de conductas delictivas de las fuerzas de seguridad, tal como los te¨®ricos de la conspiraci¨®n sostienen cuando hablan de destrucci¨®n y ocultaci¨®n de pruebas o de complots y cortocircuitos informativos en el seno de los cuerpos policiales. Pero, como sucede con ETA, de este comportamiento delictivo s¨®lo hay rastro en su imaginaci¨®n, no en las actuaciones judiciales.