El Gobierno blindar¨¢ la ley para evitar que los juicios franquistas generen indemnizaciones

"Franco muri¨® en la cama y tras su muerte, que pon¨ªa fin a una dictadura de cuarenta a?os levantada sobre las cenizas de una guerra civil, nadie habl¨® de crear "comisiones de la verdad" ni se celebraron juicios contra los supuestos verdugos o responsables de los miles de asesinatos y violaciones de derechos humanos.

No hay ninguna duda sobre la definici¨®n y existencia de esos cr¨ªmenes pol¨ªticos, investigados en los ¨²ltimos a?os por decenas de historiadores. La transici¨®n democr¨¢tica, no obstante, los perdon¨® y no se plantea ahora, m¨¢s de tres d¨¦cadas despu¨¦s, el castigo para los responsables y perpetradores de esos cr¨ªmenes.

Lo que propone la Ley de Memoria Hist¨®rica es la compensaci¨®n para las v¨ªctimas de la violencia de los militares sublevados contra la Rep¨²blica y de la dictadura franquista que, al contrario de los que sufrieron la persecuci¨®n en la zona republicana durante la Guerra Civil, tienen todav¨ªa pendiente el reconocimiento jur¨ªdico y pol¨ªtico.

Va a resultar muy dif¨ªcil, sin embargo, que esa condena de la ilegalidad franquista y ese reconocimiento a las v¨ªctimas no cause problemas, agrios debates y falsas revisiones del pasado. Mientras el Partido Popular no lo asuma y mientras los propagandistas de la derecha contin¨²en transmitiendo las mentiras de los vencedores de la guerra, el franquismo seguir¨¢ ah¨ª, pesando en nuestro presente".

"M¨¢s all¨¢ de las importantes diferencias entre el tipo de represi¨®n ejercida por cada bando, en ambas retaguardias tuvieron lugar farsas jur¨ªdicas que la democracia debe condenar por igual. Ahora bien, de las decenas de miles de ejecuciones cometidas despu¨¦s de la guerra, s¨®lo el bando vencedor es responsable, y el Parlamento debe encontrar la forma adecuada de mostrar en¨¦rgicamente su repulsa por aquellas atrocidades y resarcir a las v¨ªctimas y/o a sus familiares. Las posibilidades que se ofrecen son m¨²ltiples, y debe discutirse cu¨¢l es la que mejor combina la ¨¦tica de la responsabilidad con la ¨¦tica de la justicia, pero lo que no podemos hacer es dejar de pronunciarnos p¨²blicamente sobre una de las p¨¢ginas m¨¢s negras de nuestra historia reciente. El pacto entre IU y el PSOE supone, sin duda, un gran avance en esta direcci¨®n. Un proyecto de este tipo, lejos de suponer, como dice el PP, el fin del proceso de reconciliaci¨®n nacional, es su culminaci¨®n.

El r¨¦gimen democr¨¢tico no ha dejado de ampliar los derechos de las v¨ªctimas de la Guerra Civil y el franquismo, constat¨¢ndose que las limitaciones que constri?eron el margen de maniobra de los pol¨ªticos durante la transici¨®n han sido felizmente superadas. Algo falla en el PP si no es capaz de afirmar, con el resto de fuerzas pol¨ªticas, que los juicios ideol¨®gicos del franquismo y la legislaci¨®n en la que se basaron, fueron aberrantes".

"De esta ley, lo primero que se debe decir es que ya era hora. Demasiada gente ha sufrido y durante demasiado tiempo, no s¨®lo penas de c¨¢rcel o la terrible experiencia de ver morir violentamente a seres cercanos, sino el silencio posterior, la marginaci¨®n, y la verg¨¹enza familiar.

Supone un reconocimiento p¨²blico y solemne de que eran personas honorables que no merec¨ªan lo que han sufrido. Tiene para ellos un gran valor simb¨®lico y la sociedad espa?ola se lo deb¨ªa. Otros pa¨ªses, como Sur¨¢frica, han sido capaces de enfrentarse con un pasado turbio de este tipo, reconociendo las injusticias cometidas. Nuestros jueces est¨¢n exigiendo que se haga justicia en Chile o Argentina. ?C¨®mo vamos a negarnos a probar en Espa?a un reconocimiento incluso te¨®rico, de este tipo?

El texto pactado declara la "ilegitimidad" de los ¨®rganos represores y de las sentencias emanadas de ellos: Tribunal de Responsabilidades Pol¨ªticas, de Represi¨®n de la Masoner¨ªa y el Comunismo y de Orden P¨²blico. Ilegitimidad quiere decir que aquellos actos e instituciones carec¨ªan de autoridad moral, estaban basados en principios e inspirados en valores inaceptables en un sistema democr¨¢tico como el nuestro. El acuerdo consiste como tantas veces, en aplazar el problema, en dejar que sean los tribunales los que lo interpreten y decidan. Si la pol¨ªtica es el arte de lo posible, ¨¦sta me parece una soluci¨®n pol¨ªtica razonable".