Sobre los delitos de opini¨®n

En su magn¨ªfico art¨ªculo del pasado 20 de abril, Soledad Gallego-D¨ªaz subraya la necesidad de centrar el debate pol¨ªtico en los temas y problemas que de verdad, afectan y preocupan a la ciudadan¨ªa. En este caso se refiere, entre otras cosas, a los l¨ªmites a la libertad de expresi¨®n. En su texto se refiere al art¨ªculo 607.2 de nuestro C¨®digo Penal que penaliza la negaci¨®n o justificaci¨®n del genocidio y advierte del peligro de que en el futuro se penalice "re¨ªrse de la religi¨®n".

Pues bien, ese peligro se ha confirmado ya, como lo demuestra el art¨ªculo 525.1 del CP vigente: "Incurrir¨¢n en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesi¨®n religiosa, hagan p¨²blicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, tambi¨¦n p¨²blicamente, a quienes los profesan o practican". Se trata de un precepto de encaje constitucional mucho m¨¢s dudoso que el precitado 607. Al fin y al cabo, este art¨ªculo pretende defender a la sociedad de "ideas criminales", y alude a una conducta perfectamente tipificada (negar o justificar un delito) por lo que a mi juicio no plantea problemas de constitucionalidad, mientras que el 525 s¨ª que se presenta como una limitaci¨®n dif¨ªcilmente justificable de la libertad de expresi¨®n.