El Gobierno rectifica y no dejar¨¢ a las gestoras de derechos cerrar webs
Las entidades se niegan a formar parte de una nueva mesa de debate
Las entidades defensoras de derechos de autor no podr¨¢n cerrar p¨¢ginas web. Despu¨¦s de semanas de discusiones y desencuentros, el Gobierno decidi¨® ayer retirar el anteproyecto de ley en el que se daba poder a estas gestoras para cerrar p¨¢ginas web sin orden judicial. Industria ha propuesto ahora al sector, los internautas y las entidades una nueva mesa de debate, pero las entidades se han negado a formar parte de ella y avisan de que volver¨¢n a intentar que se recupere el proyecto en la Ley de Internet, que actualmente est¨¢ en el Parlamento.
El culebr¨®n sobre el cierre de p¨¢ginas web sin orden judicial concluy¨® ayer, al menos por el momento. Despu¨¦s de intentar infructuosamente, y por dos veces, legitimar a las entidades gestoras para clausurar p¨¢ginas, el Gobierno decidi¨® ayer retirar la propuesta e invitar a todos los implicados en este asunto (operadoras de Internet, proveedoras de contenidos, asociaciones de internautas y gestoras) a una mesa de debate. El objetivo es buscar medidas que logren acabar con la violaci¨®n de la propiedad intelectual en Internet. Todas las partes estuvieron de acuerdo, salvo las entidades gestoras, que no acudir¨¢n a la mesa porque aseguran que llevan m¨¢s de dos a?os discutiendo y consideran todo este asunto una "tomadura de pelo", en palabras de Pedro Farr¨¦, director de Gobierno Corporativo de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores).
La pol¨¦mica sobre este asunto surgi¨® hace dos semanas, cuando la Asociaci¨®n de Internautas (AI) hizo p¨²blico que el Gobierno hab¨ªa incluido un nuevo art¨ªculo a la Ley de Internet (LISI), s¨®lo tres d¨ªas antes de su aprobaci¨®n por el Consejo de Ministros. El art¨ªculo 17 bis facultaba a las entidades de gesti¨®n para decidir cu¨¢ndo una p¨¢gina web violaba la protecci¨®n de derechos de autor y, en ese caso, le daba el poder de obligar a las operadoras de Internet que alojan esas p¨¢ginas a cerrarlas. Seg¨²n denunciaba entonces V¨ªctor Domingo, presidente de la AI, el art¨ªculo convert¨ªa a entidades como SGAE (Sociedad General de Autores) o Promusicae (productores de m¨²sica de Espa?a) en "jueces", y a las operadoras como Telef¨®nica u Orange en "polic¨ªas". Las compa?¨ªas del sector tambi¨¦n criticaron el texto, asegurando que no pod¨ªan aceptar que se les obligara a compartir datos de sus clientes sin permiso de la Agencia de Protecci¨®n de Datos ni a retirar contenidos sin orden judicial. "El problema es que las entidades de gesti¨®n se han cre¨ªdo que pueden legislar en Espa?a", dice Jes¨²s Banegas, presidente de la patronal tecnol¨®gica Aetic. "No podemos permitir que una entidad privada nos convierta en polic¨ªas", opina Mart¨ªn P¨¦rez, presidente de la patronal electr¨®nica Asimelec.
Las entidades que defienden la propiedad intelectual, mientras, se quejan de la lentitud de la justicia a la hora de sancionar a los infractores en Internet y piden nuevas soluciones. En Europa, existe una directiva del a?o 2000 que llama a los pa¨ªses a firmar c¨®digos de conducta voluntarios en este tema. En Francia se ha firmado un acuerdo entre las distintas partes, que han puesto en marcha campa?as de concienciaci¨®n de forma conjunta.
El Ministerio de Industria, con Joan Clos a la cabeza, decidi¨® finalmente retirar el art¨ªculo 17bis y aprobar la LISI sin ¨¦l, comprometi¨¦ndose a abrir un debate entre todas las partes implicadas. El propio Clos se comprometi¨® en el Senado a no aprobar el pol¨¦mico texto. Pero s¨®lo cinco d¨ªas despu¨¦s, los miembros del ¨®rgano asesor del Ministerio de Industria en materia de telecomunicaciones, el CATSI (Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informaci¨®n) recib¨ªan sorprendidos el orden del d¨ªa para la reuni¨®n de ayer: en el punto tres aparec¨ªa de nuevo el art¨ªculo 17bis, esta vez reconvertido en anteproyecto.
Las cr¨ªticas al proyecto se han repetido estos d¨ªas, convirtiendo la reuni¨®n habitual del CATSI, celebrada ayer en Madrid, en algo excepcional. De hecho, el Ministerio de Industria ha invitado tambi¨¦n a las entidades de gesti¨®n. En la reuni¨®n, y seg¨²n diversas fuentes, los miembros del CATSI han criticado con dureza el anteproyecto y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha propuesto entonces una mesa de negociaci¨®n en la que, durante dos meses, todas las partes discutan las medidas que se deber¨ªan tomar para frenar la violaci¨®n de derechos de autor en la Red. En esa mesa no se debatir¨ªa ya el anteproyecto, que desaparece como propuesta.
Las entidades de gesti¨®n han abandonado la reuni¨®n y han decidido que no se sentar¨¢n en m¨¢s mesas de debate. Seg¨²n explica Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, el Gobierno se comprometi¨® hace tres a?os, mediante el Plan Antipirater¨ªa, a implantar medidas "urgentes" que solucionen este problema. Las entidades y la industria tecnol¨®gica llevan dos a?os discutiendo esas medidas, bajo el paraguas de los ministerios de Industria y Cultura, as¨ª que creen que es una "burla" que el Gobierno plantee ahora negociar dos meses m¨¢s.
Comienza, as¨ª, el nuevo proceso de debate sobre la mejor manera de proteger los derechos de autor en la era digital, pero sin las entidades que las gestionan. Guisasola advierte al Gobierno de que las entidades emplear¨¢n toda la "artiller¨ªa" en sus manos, como, por ejemplo, declaraciones p¨²blicas de famosos artistas que alerten de la situaci¨®n, y la presi¨®n para que ese art¨ªculo se recupere en el tr¨¢mite parlamentario de la LISI.
"Jur¨ªdicamente artificial"
Uno de los golpes m¨¢s duros que ha recibido el art¨ªculo 17bis fue el que le propin¨® el Consejo de Estados. El alto ¨®rgano asesor escribi¨® el pasado febrero un dictamen en el que analizaba el proceso de aprobaci¨®n del art¨ªculo y su contenido, y criticaba ambos con mucha dureza.
El Consejo de Estado explicaba que el art¨ªculo hab¨ªa sido introducido "tard¨ªamente" en el proceso y que, a pesar de tratarse de un "precepto importe", no hab¨ªan sido informados "ni los sectores principalmente afectados ni el Consejo Asesor de Telecomunicaciones [CATSI]".
Respecto al contenido del texto, el Consejo de Estado explica que "comparte" la preocupaci¨®n de los promotores del art¨ªculo, que intentan proteger los derechos de los titulares de la propiedad intelectual. Pero a?ade que no puede "compartir por entero la filosof¨ªa jur¨ªdica que subyace a este art¨ªculo tal y como est¨¢, no tanto redactado, sino concebido".
Dicen los autores del dictamen, que "al parecer", el art¨ªculo fue introducido en la LISI a solicitud de la SGAE, que pretend¨ªa llenar "un vac¨ªo legal existente, seg¨²n ella". El texto contempla un mecanismo conocido como de "notificaci¨®n y retirada" que, seg¨²n recuerda el ¨®rgano asesor, "la Directiva 200/31/CE no contempla", sino que "tiende a fomentar otro bien distinto: el de los c¨®digos de conducta mediante acuerdos voluntarios entre todas las partes". Entiende el Consejo de Estado que el "relativo fracaso" de estos sistemas previstos en la directiva del a?o 2000 "llevan a intentar poner en marcha otras alternativas de regulaci¨®n". Pero el organismo discrepa de c¨®mo se ha hecho, por varias razones.
Primero, "muy pocos Estados" han optado por este sistema y, segundo, habr¨ªa sido "¨²til y enriquecedor" someter a debate p¨²blico el texto. Cree tambi¨¦n el organismo, en tercer lugar, que podr¨ªa mejorarse la redacci¨®n del 17bis, y que el coste econ¨®mico de la implementaci¨®n de estas medidas "deber¨ªa ser m¨¢s equilibrado".
"La resoluci¨®n resulta en su conjunto jur¨ªdicamente algo artificial", dice el Consejo de Estado, que concluye que no puede "darse por bueno".
UN PROCESO LARGO Y CONFUSO
-La Asociaci¨®n de Internautas denuncia la introducci¨®n del art¨ªculo 17 bis en la Ley de Internet (LISI), s¨®lo tres d¨ªas antes de su aprobaci¨®n
-Tras las cr¨ªticas, el Gobierno retira el art¨ªculo y aprueba la LISI sin ¨¦l Cinco d¨ªas despu¨¦s, Industria recupera el art¨ªculo, lo convierte en anteproyecto de ley y lo env¨ªa al CATSI
-Ayer, el Gobierno vuelve a retirar el texto
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