Anticorrupci¨®n investiga al Gobierno de Murcia por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n
Los due?os de un terreno con est¨¦riles contaminantes fueron exonerados de su limpieza
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos al haber aprobado la cesi¨®n gratuita de un vertedero de est¨¦riles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que despu¨¦s limpi¨® con cargo al erario p¨²blico y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portm¨¢n Golf, no s¨®lo no sufrag¨® la limpieza del terreno, sino que cobr¨® 2,72 millones por permitir el dep¨®sito de los est¨¦riles contaminantes en una zona aleda?a, de su propiedad, seg¨²n la Fiscal¨ªa.
El coste de la operaci¨®n se financi¨® con dinero p¨²blico tres a?os despu¨¦s, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de dep¨®sito de los residuos peligrosos.
Seg¨²n la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, los empresarios no s¨®lo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio b¨¢sico de la legislaci¨®n ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su art¨ªculo 27.2 textualmente: "La declaraci¨®n de suelo como contaminado obligar¨¢ a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperaci¨®n, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades aut¨®nomas. Estar¨¢n obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminaci¨®n". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los est¨¦riles, ¨¦stos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad tambi¨¦n de la empresa Portm¨¢n Golf.
El Ministerio P¨²blico considera que hay indicios de un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel (PP), desconociese el art¨ªculo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesi¨®n gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos p¨²blicos, incluidos los de la Uni¨®n Europea, su limpieza y recuperaci¨®n.
Obligaci¨®n eximida
Adem¨¢s, esa obligaci¨®n correspond¨ªa a Portm¨¢n Golf, ya que esta entidad era quien deb¨ªa, como due?a de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscal¨ªa considera que despu¨¦s de la cesi¨®n gratuita, la empresa de Mariano Roca Mero?o y de Alfonso Garc¨ªa S¨¢nchez no quedaba eximida del pago, seg¨²n establece la normativa medioambiental.
El Ministerio P¨²blico resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesi¨®n gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero p¨²blico las actuaciones de limpieza y recuperaci¨®n de los terrenos, esos ¨®rganos podr¨ªan haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas. Es decir, podr¨ªan haber incurrido en un posible delito de prevaricaci¨®n, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liber¨® de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administraci¨®n p¨²blica como la murciana, quien financi¨® con fondos p¨²blicos las operaciones. Asimismo, y a trav¨¦s del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.
La Fiscal¨ªa considera, tambi¨¦n, que en la tramitaci¨®n del expediente se cometieron algunas equivocaciones. As¨ª, constata que antes de la cesi¨®n del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejer¨ªa de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya ten¨ªa previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperaci¨®n del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo acept¨® "el terreno destinado a la realizaci¨®n de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrol¨®gicos de la zona". Unos trabajos que seis a?os despu¨¦s no se han iniciado.
La Fiscal¨ªa argumenta tambi¨¦n que por las actuaciones posteriores habr¨ªa que concluir que si la balsa Jenny no hab¨ªa sido calificada como terreno contaminado, deber¨ªa haberlo sido, pues de otro modo no tendr¨ªan explicaci¨®n unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperaci¨®n "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrol¨®gicas de la zona".
La balsa Jenny era un pantano de est¨¦riles mineros que ten¨ªa su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el ¨¢rea minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco m¨¢s de ocho hect¨¢reas, y en ella se depositaron residuos s¨®lidos con un volumen de 1.089.925 metros c¨²bicos.
Subvenci¨®n retirada
El empresario Mariano Roca Mero?o, uno de los propietarios de la empresa Portm¨¢n Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administraci¨®n regional y con la Justicia. Tras la investigaci¨®n del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidi¨® exigir la devoluci¨®n de 841.000 euros que hab¨ªa cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercan¨ªas del Puerto de la Cadena. El Gobierno consider¨® que se hab¨ªa producido un incumplimiento por parte de Roca Mero?o de los requisitos de la subvenci¨®n, que seg¨²n confirm¨® el director general de Regad¨ªos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consist¨ªan en dejar el terreno sin plantar.
Al parecer, y seg¨²n confirm¨® Bernal, el empresario puso en producci¨®n los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que tambi¨¦n ha ampliado regad¨ªos, precisamente en una cuenca en la que est¨¢ prohibido hacerlo, y adem¨¢s en plena sequ¨ªa.
La direcci¨®n de Regad¨ªos, que adem¨¢s de exigir la devoluci¨®n de la cantidad ya entregada durante los ¨²ltimos ocho a?os ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendr¨ªan que haber seguido pag¨¢ndose unos 12 a?os m¨¢s, puso en manos de los servicios jur¨ªdicos de la Comunidad de Murcia la interrupci¨®n de la ayuda. Esta decisi¨®n fue recurrida por el empresario Roca Mero?o, quien pretende que le sigan pagando todos los a?os unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producci¨®n los terrenos de su propiedad ubicados en las cercan¨ªas del Puerto de la Cadena.
Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaraci¨®n ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiaci¨®n de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.
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