Una trama dirigida por el ex jefe de Hacienda de Ir¨²n se apropi¨® de al menos tres millones
El fiscal acusa a Bravo y otras tres personas de malversaci¨®n, blanqueo y falsedad de documentos
La Fiscal¨ªa de la Audiencia de Guip¨²zcoa interpuso el pasado lunes una denuncia penal ante los Juzgados de Instrucci¨®n de Ir¨²n contra cuatro personas a las que acusa de haber montado una "trama" en la oficina de Hacienda de Ir¨²n que supuestamente cobraba deudas a contribuyentes a espaldas de la Diputaci¨®n. La Hacienda foral dej¨® de percibir "al menos" tres millones de euros entre 1995 y abril de 2004 por estas pr¨¢cticas. Los inculpados, dirigidos por el entonces jefe de la oficina, Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo, ingresaban en cuentas a su nombre o de empresas interpuestas las cantidades que como anticipo pagaban los deudores. A cambio, los acusados les aseguraban que sus obligaciones fiscales quedaban saldadas.
Los acusados utilizaron 16 empresas y 14 bienes inmuebles para encubrir la procedencia il¨ªcita de los cobros
Los deudores recib¨ªan un documento con un sello de la Hacienda foral que declaraba resuelta su situaci¨®n
El fiscal jefe de la Audiencia de Guip¨²zcoa, Jaime Goyena, quien difundi¨® ayer un comunicado dando cuenta de la marcha del caso, considera que los cuatro inculpados pueden haber incurrido en un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, otro continuado de falsedad en documento oficial y un tercero de blanqueo de capitales. A esta conclusi¨®n ha llegado tras la investigaci¨®n que inici¨® el 12 de septiembre pasado, cuando la Diputaci¨®n puso en su conocimiento un informe interno que detallaba "pr¨¢cticas irregulares" en la gesti¨®n de la oficina de la Hacienda foral en Ir¨²n. El ministerio p¨²blico ha trasladado el caso al Juzgado de Instrucci¨®n de esta localidad, que ahora decidir¨¢ si abre o no una investigaci¨®n.
Tras siete meses de averiguaciones, el fiscal denuncia a cuatro personas de formar parte de una "trama" organizada que persegu¨ªa el "enriquecimiento" personal. La fiscal¨ªa no hizo ayer p¨²blicos los nombres de los denunciados. Entre los implicados se encuentra el ex director de la oficina de Hacienda en la localidad fronteriza, Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo, hermano del senador del PNV V¨ªctor Bravo, quien en las fechas en que se produjeron los hechos ocupaba el cargo de director general de la Hacienda foral.
La fiscal¨ªa ha podido constatar que entre 1995 y "como m¨ªnimo" abril de 2004 los cuatro inculpados formaron un grupo que se dedic¨® a cobrar deudas de contribuyentes a espaldas de la Diputaci¨®n. Durante todo este tiempo, la Hacienda foral estuvo en manos del PNV. El fiscal sostiene que los acusados, "vali¨¦ndose del acceso directo a la informaci¨®n tributaria", recabaron nombres de contribuyentes morosos, con quienes contactaban para requerirles el pago de sus deudas. Los acusados ocultaban "en todo momento" que su verdadero prop¨®sito no era ingresar esas cantidades en el erario p¨²blico, sino "apropiarse de ellas en su propio beneficio y en el de sus colaboradores", siempre seg¨²n el fiscal.
Ante la dificultad de obtener la totalidad de la deuda, optaban por "rebajarles el importe adeudado con el prop¨®sito de estimularles a un pronto pago". Los contribuyentes que aceptaban este trato fueron person¨¢ndose en la oficina de Hacienda para entregar, "unas veces en met¨¢lico y otras mediante cheque bancario", el dinero que se les reclamaba. A cambio, los acusados les exped¨ªan un documento con un sello de la Hacienda foral que declaraba extinguida la totalidad de la deuda tributaria, "ya declar¨¢ndole insolvente, ya declarando prescrito el expediente".
El fiscal concreta que los deudores acced¨ªan a esta f¨®rmula de pago "en la confianza de que [las cantidades] iban a ser ingresadas en la Hacienda de Guip¨²zcoa". En alg¨²n caso, los deudores tuvieron que contratar pr¨¦stamos bancarios para hacer frente a los pagos exigidos.
Fuentes pr¨®ximas a la Diputaci¨®n han se?alado que el grupo actuaba a trav¨¦s de una corredur¨ªa radicada en la localidad fronteriza. Seg¨²n las fuentes citadas, desde la oficina tributaria se iniciaba el requerimiento al moroso, al que daban la oportunidad de regularizar su situaci¨®n antes de iniciar el procedimiento de embargo. Para hacer la tramitaci¨®n se le recomendaba dicha corredur¨ªa. Bravo figura como administrador ¨²nico de la Corredur¨ªa Urdanibia SL, de la que son accionistas una hermana y otras tres personas.
Todas las sumas econ¨®micas entregadas por los contribuyentes se ingresaron "en cuentas corrientes a nombre de los inculpados o de entidades mercantiles interpuestas", seg¨²n el ministerio p¨²blico. Para llevar adelante estas operaciones y "encubrir la il¨ªcita procedencia del dinero obtenido", los inculpados se sirvieron de al menos 16 entidades mercantiles y 14 bienes inmuebles. De este modo, adem¨¢s, se aseguraban el aprovechamiento de las cantidades econ¨®micas.
Mediante estas pr¨¢cticas, los implicados en la trama lograron grandes sumas de dinero y la Hacienda foral dej¨® de ingresar deudas que totalizaban 3.084.292,15 euros.
El fiscal ha descubierto este presunto fraude despu¨¦s de haber interrogado a numerosos testigos y solicitado abundante informaci¨®n financiera. Para completar las investigaciones, el pasado 1 de marzo solicit¨® a la Fiscal¨ªa General del Estado una pr¨®rroga del plazo para continuar con las indagaciones. Entre los meses de marzo y abril pasados, una vez analizados todos los expedientes irregulares, tom¨® declaraci¨®n como inculpadas a cinco personas. Todos comparecieron de forma voluntaria, seg¨²n el fiscal, salvo uno, que se neg¨® a declarar acogi¨¦ndose a su derecho constitucional a guardar silencio.
Entre los inculpados se encuentra Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo, m¨¢ximo responsable de la Hacienda de Ir¨²n cuando supuestamente ocurrieron los hechos. Bravo es el gerente de un hotel de lujo situado en el municipio de Jerte (C¨¢ceres), figura como administrador ¨²nico en otras cuatro empresas y como administrador en siete sociedades m¨¢s, localizadas entre Guip¨²zcoa y dicha provincia extreme?a.
Bravo reconoci¨® ayer que acudi¨® a declarar ante el fiscal y que se encuentra entre los imputados en la denuncia, aunque dijo que no ha recibido ninguna notificaci¨®n oficial al respecto. Asegur¨® que no tiene constancia de que su hermano haya sido investigado por este mismo caso.
La Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa, que propici¨® la apertura de las investigaciones judiciales, eludi¨® ayer pronunciarse sobre la decisi¨®n de la fiscal¨ªa.
El secretario general de los socialistas de Guip¨²zcoa, Miguel Buen, advirti¨® de que el "robo" cometido evidencia que "durante demasiado tiempo no funcionaron adecuadamente los controles pol¨ªticos" en la instituci¨®n foral. Y agreg¨®: "Por desgracia, no ser¨¢n s¨®lo tres millones y tambi¨¦n por desgracia s¨®lo se podr¨¢n probar esos tres millones".
Regina Otaola, candidata del Partido Popular a diputada general, declar¨® que la denuncia del fiscal "viene a confirmar que la corrupci¨®n se ha apoderado de la Hacienda foral" y que el caso "salpica tambi¨¦n al actual Gobierno" provincial.
Ezker Batua y Aralar exigieron la depuraci¨®n de responsabilidades pol¨ªticas de las personas que gobernaron entre 1995 y 2004. El pleno de las Juntas Generales aprob¨® por unanimidad a mediados de febrero la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n para determinar si cabe imputar responsabilidades pol¨ªticas por lo sucedido.
18 meses de investigaciones
La investigaci¨®n de lo ocurrido en la oficina de la Hacienda foral en Ir¨²n ha seguido hasta ayer este recorrido:
Agosto de 2005: El Servicio de Intervenci¨®n y Auditor¨ªa de la Hacienda foral constata "irregularidades y anomal¨ªas" en la delegaci¨®n de la localidad fronteriza, relativas a cobros no registrados realizados en 2003.
Diciembre de 2005: La Direcci¨®n de Hacienda de la Diputaci¨®n analiza el informe y ratifica las supuestas irregularidades.
Septiembre de 2006: El diputado de Hacienda, Juan Jos¨¦ Mujika, hace p¨²blicas las irregularidades en las Juntas Generales. Ese mismo mes se entrega la documentaci¨®n a la fiscal¨ªa.
23 de noviembre de 2006: El pleno de las Juntas Generales rechaza crear una comisi¨®n de investigaci¨®n.
Enero de 2007: Mujika informa de que la Diputaci¨®n remiti¨® a la fiscal¨ªa un total de 228 expedientes, de los que cerca de un 10% presentaban irregularidades y podr¨ªan suponer la comisi¨®n de un il¨ªcito penal. El diputado cifra en un mill¨®n de euros la cantidad presuntamente apropiada.
Febrero de 2007: La Fiscal¨ªa de Guip¨²zcoa sigue en diversas entidades bancarias el rastro de las cantidades que abonaron decenas de contribuyentes y que no fueron ingresadas en las arcas forales.
22 de febrero de 2007: El pleno de las Juntas aprueba por unanimidad constituir una comisi¨®n de investigaci¨®n que analice las irregularidades y determine las posibles responsabilidades pol¨ªticas en este caso.
12 de marzo de 2007: El fiscal jefe de San Sebasti¨¢n, Jaime Goyena, solicita a la Fiscal¨ªa General del Estado una pr¨®rroga de seis meses para poder completar la investigaci¨®n.
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