Pagar para reformar

?Por qu¨¦ es tan dif¨ªcil acometer las necesarias reformas estructurales en una econom¨ªa? En general no es por desacuerdo respecto a las medidas necesarias, sino porque la reforma estructural t¨ªpicamente implica eliminar derechos adquiridos a lo largo de los a?os por ciertos grupos sociales. ?Recuerdan la discusi¨®n de hace unos a?os sobre el tipo ¨²nico del impuesto sobre la renta? Muy pocos de los que se opon¨ªan a la reforma lo hac¨ªan con argumentos serios sobre las caracter¨ªsticas del impuesto: es eficiente, es progresivo si se define adecuadamente, y es f¨¢cil de administrar. La oposici¨®n se deb¨ªa a que, al venir acompa?ado de la eliminaci¨®n de la mayor¨ªa de las deducciones, aparentemente pon¨ªa en peligro muchas de las ventajas fiscales de la clase media, y eso se consideraba pol¨ªticamente imposible. De hecho, los pa¨ªses que tienen un tipo ¨²nico son normalmente pa¨ªses que no ten¨ªan impuesto sobre la renta y que, al introducirlo ex novo, optaron directamente por la soluci¨®n m¨¢s eficiente, lo cual fue posible pol¨ªticamente porque nadie se sent¨ªa perdedor en el proceso.

?C¨®mo resolver este problema end¨¦mico de la reforma estructural? Dos economistas franceses, Charles Wyplosz y Jacques Delpla, acaban de publicar un libro (La fin des privileges, payer pour reformer, publicado por Hachette) con una propuesta sencilla: pagar para reformar. Si se puede cuantificar el coste que implica una reforma estructural para las partes afectadas y se les compensa monetariamente, entonces toda reforma estructural deber¨ªa ser pol¨ªticamente posible. Wyplosz y Delpla calculan que el coste de las reformas necesarias para modernizar la econom¨ªa francesa -incluyendo liberalizar el despido, aumentar la edad de jubilaci¨®n, terminar con el sistema de empleo vitalicio de los funcionarios, eliminar las restricciones a la entrada en el comercio, aumentar la competencia en el sistema educativo, o desmantelar la pol¨ªtica agraria com¨²n- ser¨ªa del 20% del PIB. Es una suma exorbitante, sin duda, pero peque?a comparada con las ganancias esperadas: eliminar la deuda potencial del sistema de pensiones (un 80% del PIB) y aumentar permanentemente el crecimiento potencial de la econom¨ªa en un punto porcentual. Si el precio es correcto, ning¨²n sindicato ni grupo de presi¨®n deber¨ªa rechazar la oferta y al final todo el mundo saldr¨ªa ganando.

Sin embargo, esta estrategia es in¨²til si el Gobierno no tiene una voluntad reformista y decide adoptar una pol¨ªtica intervencionista. ?C¨®mo se puede eliminar la reticencia de los gobiernos a perder control de ciertos sectores de la econom¨ªa? Las estrategias de campeones nacionales, tristemente escenificada en Espa?a con la larga y penosa saga de la OPA de Endesa, introducen distorsiones en las econom¨ªas que responden solamente a deseos puramente de control de los gobiernos. Al fin y al cabo, la conclusi¨®n del culebr¨®n de Endesa ha reflejado que el mercado es, casi siempre, soberano: a pesar de las sospechas de arreglo pol¨ªtico, el precio final de la operaci¨®n, m¨¢s de 40 euros por acci¨®n, es casi el doble del precio inicialmente ofertado hace 18 meses, y cercano a las estimaciones iniciales sobre el valor de la empresa. O resulta una operaci¨®n ruinosa para los nuevos due?os, o el arreglo inicial era una ganga para los compradores iniciales.

Por desgracia, a los gobiernos no se les puede compensar monetariamente para que acepten la p¨¦rdida de control. Pero la miop¨ªa y el juego pol¨ªtico imponen un coste reputacional que puede costar muy caro al pa¨ªs. Si los inversores extranjeros pierden la confianza en los gestores de un pa¨ªs se espantar¨¢n e invertir¨¢n en otros pa¨ªses, reduciendo el crecimiento y perpetuando las ineficiencias. Un pa¨ªs como Espa?a, con un 10% del PIB financiado por capital for¨¢neo y un mercado inmobiliario en r¨¢pida desaceleraci¨®n, no debe permitirse el lujo de maltratar a los inversores extranjeros e imponer la trama pol¨ªtica local a la eficiencia econ¨®mica. El capital pol¨ªtico debe invertirse en reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial del pa¨ªs, no en influir en la nacionalidad del gestor de una empresa o debilitar la independencia de los organismos reguladores.