Un juzgado cita a la c¨²pula del grupo socialista por el despido de una empleada
La abogada alega acoso laboral tras montar una empresa con una soci¨®loga del PP
La c¨²pula del grupo parlamentario del PSE al completo est¨¢ llamada a declarar hoy en un juicio planteado por una ex trabajadora del mismo, que solicita la nulidad de su despido. Izaskun S¨¢nchez, quien realizaba labores de t¨¦cnico para el grupo socialista como letrada desde 1992, alega que fue despedida en febrero pasado cuando se reincorporaba al trabajo despu¨¦s de una baja de diez meses, que atribuye al acoso laboral que asegura haber sufrido. ?sta situaci¨®n se inici¨®, seg¨²n la demanda que ha presentado, despu¨¦s de que constituyese una empresa con una amiga que pertenece al PP. El PSE no quiso ayer realizar ning¨²n comentario sobre la situaci¨®n de la ex empleada de su grupo.
El secretario general del PSE, Patxi L¨®pez, y toda la direcci¨®n del grupo socialista en el Parlamento est¨¢n llamados a declarar hoy en el Juzgado de lo Social n¨²mero 3 de Vitoria, en el juicio oral por la demanda interpuesta por Izaskun S¨¢nchez, una abogada trabajadora del grupo que fue despedida en febrero pasado.
Ninguno de ellos comparecer¨¢, sin embargo, y ser¨¢ la parlamentaria Blanca Roncal, como responsable de personal del partido y del grupo, quien se har¨¢ cargo de la representaci¨®n de todos los citados, entre ellos el portavoz parlamentario, Jos¨¦ Antonio Pastor; el n¨²mero dos de la ejecutiva, Rodolfo Ares, y el presidente del partido, Jes¨²s Eguiguren.
S¨¢nchez ha trabajado en el Parlamento para el grupo del PSE desde 1992. Desde 1997 es la propia C¨¢mara la que cotiza por ella, como por el resto del personal de los grupos, en la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social, aunque la demandante sigui¨® realizando sus funciones para el grupo socialista. Por ello acusa en su demanda al propio Parlamento de cesi¨®n ilegal de trabajadores.
Seg¨²n el relato de la demanda, a la que ha tenido acceso este peri¨®dico, S¨¢nchez constituy¨® en 2004 una empresa de servicios dirigida a la internacionalizaci¨®n de pymes. Lo hizo en sociedad con la soci¨®loga Bego?a Conde, empleada a su vez del grupo del PP, con quien hab¨ªa trabado amistad.
A partir de ese momento, afirma, empez¨® a sufrir "reproches", "recriminaciones", "comentarios ir¨®nicos", "indirectas", "menosprecio a su quehacer profesional", a recibir "¨®rdenes y contra¨®rdenes" y una "constante degradaci¨®n de su estatus profesional". Tambi¨¦n alega que se le empezaron a requerir tareas como dar recados o pasar trabajos a ordenador.
En marzo de 2006, Jos¨¦ Antonio Pastor le habr¨ªa requerido para que eligiese entre su empresa y el grupo, pero la demandante consider¨® que no exist¨ªa incompatibilidad y as¨ª asegura en la demanda que se lo comunic¨® tambi¨¦n Blanca Roncal, tras estudiar el caso.
En abril de 2006, se tom¨® un periodo de baja laboral tras diagnostic¨¢rsele un cuadro de "ansiedad reactiva a problem¨¢tica laboral". Al reincorporarse a su puesto el pasado 1 de febrero encontr¨® su mesa ocupada y sus efectos personales recogidos en cajas. El secretario del grupo socialista, ?scar Rodr¨ªguez, le comunic¨® que estaba "cesada".
S¨¢nchez envi¨® primero un notario y acudi¨® despu¨¦s a la Inspecci¨®n de Trabajo, al no hab¨¦rsele entregado una carta de despido ni la documentaci¨®n precisa para gestionar el cobro del desempleo. Desde all¨ª, asegura la demanda, se le remiti¨® a la jurisdicci¨®n de lo Social. Ni el PSE como tal ni su grupo parlamentario acudieron en su d¨ªa al acto de conciliaci¨®n.
La demanda se dirige tanto contra el PSE como partido, como contra el grupo parlamentario y la administraci¨®n de la C¨¢mara, ¨¦sta ¨²ltima acusada de cesi¨®n ilegal de trabajadores, ya que formalmente era la empresa de la despedida. Por ello se pide la personaci¨®n de la presidenta del Legislativo, Izaskun Bilbao, criticando que haya permitido una situaci¨®n de acoso en su ¨¢mbito.
"El Parlamento es responsable directo o solidario, pues en su posici¨®n de empleador no ha observado el deber de protecci¨®n de sus trabajadores", reclama la demandante. La C¨¢mara estima que la v¨ªa para este asunto es en todo caso la de lo Contencioso-administrativo.
Derecho al honor
Izaskun S¨¢nchez, de 39 a?os, ingres¨® en las Juventudes Socialistas con 16, en 1984, y en 1991 se afili¨® al PSE. Pertenece a una conocida familia de tradici¨®n socialista de la Margen Izquierda por parte materna. Es nieta de Antonio Ruiz Grijalbo, quien tuvo el carn¨¦ n¨²mero 3 del partido, comparti¨® c¨¢rcel con Ram¨®n Rubial y aval¨® la entrada al PSOE de dirigentes como el padre de Patxi L¨®pez, Lalo L¨®pez Albizu o el ex ministro del Interior, Jos¨¦ Luis Corcuera. La demanda cita estos datos porque estima que "¨²nicamente desde esta realidad personal e intransferible (...) se puede valorar la gravedad de los hechos ocurridos y los grav¨ªsimos perjuicios causados".
S¨¢nchez considera que se han vulnerado su derecho al honor y a la propia imagen, "por el desprestigio personal que ha sufrido dentro de su grupo parlamentario, en el seno del Partido Socialista y el que se ha pretendido crear en el ¨¢mbito parlamentario en general", donde ha desarrollado su carrera profesional y forjado gran parte de su formaci¨®n.
Ni la ejecutiva del PSE ni el grupo parlamentario quisieron ayer hacer ning¨²n comentario.
El personal de los grupos
La forma de contrataci¨®n de la ex empleada del grupo socialista es la misma que tiene todo el personal al servicio de las formaciones parlamentarias, naturalmente concretada en personas designadas por ¨¦stos.
Desde 1997, y porque los grupos as¨ª lo quisieron, esos empleados lo son formal y legalmente del Parlamento, que es quien los tiene dados de alta en la Seguridad Social como empresa. En ello sustenta la demandante su acusaci¨®n de cesi¨®n ilegal a otra empresa, en este caso el grupo socialista.
El Estatuto de Personal de la C¨¢mara los cita a todos ellos como personal eventual. Est¨¢n incluidos en el mismo los integrantes del Gabinete de la Presidencia, el personal de las vicepresidencias y secretar¨ªas de la Mesa y el adscrito a los grupos y sus portavoces. Todos, salvo el personal de presidencia, se denominan asistentes.
Las personas as¨ª contratadas gozan del mismo r¨¦gimen previsto para los funcionarios y tambi¨¦n de sus condiciones de trabajo, siempre que no se oponga la naturaleza de su labor. Tambi¨¦n figuran en la relaci¨®n de puestos de trabajo de la C¨¢mara, con menci¨®n del ¨®rgano o grupo parlamentario al que est¨¢n adscritos y de la remuneraci¨®n que les corresponde.
En el caso de los grupos, los nombramientos los efect¨²a el portavoz de cada uno de ellos y a ellos corresponde tambi¨¦n fijar el n¨²mero de asistentes a que tienen derecho, mediante acuerdo en la Junta de Portavoces. En el caso del Grupo Mixto, se atiende a la pluralidad de sus componentes en cada momento.
Esa reglamentaci¨®n incluye tambi¨¦n las circunstancias en las que puede cesar una de esas personas. Uno de los supuestos es por decisi¨®n de quien la hubiese nombrado, comunicada a la Mesa, que es el procedimiento utilizado por el grupo socialista en el caso de Izaskun S¨¢nchez, en cumplimiento de la reglamentaci¨®n establecida por el Parlamento. El asunto en cuesti¨®n es si el juez de lo Social estima que esa regulaci¨®n colisiona con la legislaci¨®n laboral.
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