La dignidad de las instituciones del Estado

La primera instituci¨®n espa?ola a conservar es la Naci¨®n que, en democracia, no es sino la voluntad renovada constitucionalmente de vivir juntos. ?sta es la m¨¢xima instituci¨®n colectiva a mantener y, para ello, es preciso revivir lo antes posible en Espa?a la concordia y la convivencia civil. Es decir, no seguir malbaratando tiempo y energ¨ªas en guerras "preciviles", incruentas, pero efectivas; indignas, en cualquier caso, en relaci¨®n con la excelencia y respeto democr¨¢ticos que debieran merecernos a todos las instituciones del Estado.

Los partidos pol¨ªticos, cuando los electores los sit¨²an en la oposici¨®n, deben aspirar al triunfo electoral; esto es un hecho indubitable para mi ex partido, el Partido Popular. Y es l¨®gico que emplee todas sus armas dial¨¦cticas, ideol¨®gicas y program¨¢ticas en conseguirlo. Ahora bien, quisiera realizar una sucinta reflexi¨®n al respecto. Lo ¨²nico que lo justifica todo, lo que incluso est¨¢ muy por encima del triunfo de un partido concreto en democracia, es el inter¨¦s nacional, su supremac¨ªa, la supervivencia libre de su entramado institucional y colectivo que nunca, jam¨¢s, bajo ning¨²n supuesto partidario o pol¨ªtico de escaso vuelo y menor valor, puede ser utilizado pol¨ªticamente contra el Gobierno leg¨ªtimo y, lo que es peor, contra la Naci¨®n de todos.

As¨ª pues, el inter¨¦s nacional de los espa?oles (cuyo m¨¢ximo exponente es la continuidad constitucional), el normal desarrollo del ejercicio de las competencias leg¨ªtimas del conjunto de las instituciones del Estado (poderes ejecutivo y legislativo, poder judicial, con especial acento en la independencia del fiscal general del Estado, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional), es una prioridad para la dignidad de esas mismas instituciones. Y nadie, ni el Gobierno ni la oposici¨®n, puede "jugar" alegremente con ellas situando sus intereses partidistas por encima del inter¨¦s general del Estado y la consistencia de la Naci¨®n. De modo que la exigencia seg¨²n la cual el buen funcionamiento de las instituciones constitucionales es un inter¨¦s prioritario del Estado mismo, deber¨ªa ser un axioma insoslayable para todos.

No se puede estar a cualquier precio en cualquier sitio para cosa alguna. Este argumento es el primero que debiera diferenciar al pol¨ªtico del mero "carguista". Por esa raz¨®n, que es f¨¢cilmente comprensible para cualquiera que no anteponga sus anteojeras ideol¨®gicas al bien general del Estado, no todo vale para ganar. Y menos que nada la deslegitimaci¨®n diaria de la acci¨®n del Gobierno y el intento de instrumentar partidariamente las instituciones de todos, las instituciones constitucionales.

No se puede buscar el triunfo electoral postergando el inter¨¦s nacional, erosionando, para ello, al Estado o faltando gravemente a la verdad ante los espa?oles en asuntos capitales. Yo no digo que todo esto suceda a diario, pero s¨ª afirmo que el principal partido de la oposici¨®n parlamentaria, el Partido Popular, ha actuado as¨ª en innumerables ocasiones, cometiendo a mi juicio dos graves errores. El primero, la propia desconsideraci¨®n democr¨¢tica consigo mismo al situarse en posiciones "apol¨ªticas" impropias de una formaci¨®n como la suya; el segundo, sometiendo a instituciones capitales del Estado (que son patrimonio de todos los espa?oles) a una furibunda lucha por su control pol¨ªtico que, en momentos delicados, ha derivado en un claro intento de desprestigio de su labor y excelencia.

V¨¦ase, con respecto al terrorismo, la utilizaci¨®n de la Audiencia Nacional y del propio Tribunal Supremo. O el intento de acotar al corral de sus intereses palmarios la propia estructura de jueces del Tribunal Constitucional ante el recurso de inconstitucionalidad presentado en su d¨ªa por el Partido Popular frente al Estatuto catal¨¢n. Esas actitudes, especialmente la referida a la utilizaci¨®n electoral de la lucha antiterrorista, son un caso in¨¦dito en la democracia espa?ola.

Jam¨¢s el partido de la principal oposici¨®n parlamentaria al Gobierno leg¨ªtimo de la Naci¨®n se hab¨ªa comportado con tama?a deslealtad institucional en la historia de nuestra democracia. Ello sucede porque el Partido Popular no ha querido entender, y sigue sin querer hacerlo, que en democracia hay destellos de verdad en cualquier formaci¨®n pol¨ªtica, incluso en el Gobierno.

Por ello, estoy cada d¨ªa m¨¢s convencido de la necesidad de recuperar en Espa?a el di¨¢logo pol¨ªtico sobre los grandes asuntos del Estado: la permanencia y mejor funcionamiento de nuestras instituciones constitucionales; la necesidad de que nadie pretenda "politizar" impunemente su funcionamiento, precisamente porque emana de la propia Constituci¨®n, y ello supone aceptar las reglas del juego y mantenerlas.

No puede ser que en nuestro pa¨ªs se tienda a confundir ideolog¨ªa con servidumbre y subordinaci¨®n de una instituci¨®n a otra del Estado. Ni que se malinterprete la independencia del poder judicial, como si ¨¦ste fuera un elemento ajeno o antisistema incrustado en otro que es el Estado.

No; los poderes del Estado democr¨¢tico son comunes, ordenados y reglados seg¨²n sus propios fines y objetivos definidos en el ordenamiento constitucional. Y esta realidad vale para el Gobierno leg¨ªtimo de Espa?a y debiera servir, sobre todo, para la oposici¨®n mayoritaria en el Congreso y el Senado en este momento, es decir, el Partido Popular.

Porque lo m¨¢s importante que tenemos hoy entre las manos los espa?oles es la permanencia del Estado y la mejora excelente de las instituciones constitucionales.

Joaqu¨ªn Calomarde es diputado al Congreso por Valencia, adscrito al Grupo Mixto.