La ley del Suelo permite expropiar Tablada por los siete millones que fij¨® Monteseir¨ªn
Los propietarios pierden al menos 75 millones con el nuevo criterio de valoraci¨®n de terrenos
El Ayuntamiento de Sevilla llevaba semanas esperando a que el Congreso de los Diputados aprobara la nueva ley del Suelo para adaptar el expediente de expropiaci¨®n de Tablada a la norma. El Parlamento aprob¨® la ley el pasado jueves y el gobierno municipal ya tiene preparado el acuerdo que llevar¨¢ al pr¨®ximo pleno. La espera no era en balde: el r¨¦gimen de valoraci¨®n de los suelos que establece la norma estatal coincide con los criterios que us¨® el Ayuntamiento para fijar en 6,8 millones el justiprecio de Tablada. La tasaci¨®n municipal, muy inferior a la que piden los empresarios (210 millones), pr¨¢cticamente cuadra con la que sale de aplicarle a los terrenos de la dehesa los coeficientes que marca la nueva ley.
La adaptaci¨®n del expediente de expropiaci¨®n de Tablada a la nueva ley del Suelo se incluir¨¢ en el orden del d¨ªa del ¨²ltimo pleno municipal del mandato, previsto para el pr¨®ximo 18 de mayo. La propuesta de acuerdo que votar¨¢n los concejales pasa por "ordenar" a los t¨¦cnicos de la Gerencia de Urbanismo los estudios e informes necesarios "para completar y fortalecer" los pasos que ha dado el gobierno municipal en el proceso de expropiaci¨®n de la dehesa de Tablada.
El texto del acuerdo recoge que el objetivo de la operaci¨®n es "dedicar la totalidad de la misma a los usos verdes, paisaj¨ªsticos y medioambientales" previstos en el nuevo PGOU, "adaptando" los expedientes iniciados sobre la delimitaci¨®n de la reserva del suelo de Tablada a lo establecido en la ley del Suelo.
El documento que se llevar¨¢ al pleno recoge las tres bazas fundamentales con las que ahora cuenta el Ayuntamiento y que quiere que se incluyan en el expediente de expropiaci¨®n: el texto de la ley, la definici¨®n de Tablada como suelo no urbanizable que recoge el nuevo PGOU de Sevilla (aprobado el pasado verano por la Junta) y la existencia de un expediente abierto por el Gobierno auton¨®mico para declarar la dehesa como parque periurbano.
Con la referencia al PGOU y a las intenciones de la Junta, el Ayuntamiento pretende que a los jueces no les quede duda de que la decisi¨®n de expropiar Tablada est¨¢ justificada. Con la adaptaci¨®n del proceso a la nueva ley, la intenci¨®n municipal es rebajar el justiprecio.
Hasta ahora, la valoraci¨®n econ¨®mica de los suelos pod¨ªa regirse por tres criterios distintos: tasar los terrenos teniendo s¨®lo en cuenta su calificaci¨®n urban¨ªstica, que es lo que hizo el Ayuntamiento al cifrar en siete millones el precio de Tablada (definida en el PGOU como suelo no urbanizable de especial protecci¨®n); valorar el terreno por las expectativas econ¨®micas que pudiera generar, que es en lo que se basan los propietarios de Tablada para fijar en 210 millones su justiprecio; y, por ¨²ltimo, tener en cuenta el llamado valor de comparaci¨®n, un criterio en el que se ha basado a menudo la jurisprudencia del Tribunal Supremo para resolver sobre los justiprecios. En el caso de Tablada, el Ayuntamiento tem¨ªa que, si los jueces se reg¨ªan por este tercer criterio, pudieran tomar como referencia los 30 millones de euros que las cajas de ahorro sevillanas pagaron por Tablada en subasta p¨²blica o incluso los 82 millones que pagaron los promotores a las cajas poco despu¨¦s. Esta opci¨®n hubiera podido encarecer bastante el valor de la expropiaci¨®n.
Pero la ley aprobada el jueves anula tanto la posibilidad de valorar las expectativas econ¨®micas como el valor de comparaci¨®n. Es decir, los justiprecios se fijar¨¢n a partir de ahora exclusivamente en funci¨®n de la calificaci¨®n actual de los suelos. La nueva norma establece que esta valoraci¨®n, en el caso de suelos rurales que como Tablada no han sido objetos de explotaci¨®n real, se calcular¨¢ "atendiendo al rendimiento de uso, disfrute o explotaci¨®n" de los terrenos, que es pr¨¢cticamente nula en la dehesa. El justiprecio saldr¨ªa de sumarle a esa valoraci¨®n un coeficiente (similar al IPC) que fija el Banco de Espa?a.
La nueva ley establece tambi¨¦n que los jueces pueden aumentar el justiprecio que resulte de la operaci¨®n anterior. Como mucho, el juez podr¨¢ doblar este precio. Este incremento tendr¨¢ que basarse en factores objetivos como la accesibilidad a n¨²cleos de poblaci¨®n o centros de actividad econ¨®mica o de su situaci¨®n en entornos de singular valor ambiental y paisaj¨ªsticos.
Seg¨²n los c¨¢lculos municipales, esta cifra casi cuadrar¨¢ con los 6,8 millones en los que el Ayuntamiento tas¨® Tablada despu¨¦s de tener en cuenta el precio del metro cuadrado r¨²stico y el valor catastral de la dehesa. La adaptaci¨®n de la nueva ley a los intereses municipales no es casual, ya que el cap¨ªtulo de expropiaciones de la norma estatal se ha negociado directamente entre el Ministerio de la Vivienda y el Ayuntamiento de Sevilla, al ser la de Tablada la mayor expropiaci¨®n en marcha en Espa?a. El acuerdo que votar¨¢n los concejales en el pr¨®ximo pleno incluir¨¢ tambi¨¦n los nuevos usos de la dehesa acordados entre el Ayuntamiento y la Junta: espacios deportivos, un jard¨ªn bot¨¢nico, una biblioteca y un c¨¢mping municipal.
DE PELOTAZO A NEGOCIO RUINOSO
El Monte y Caja San Fernando compraron en 1998 la dehesa de Tablada por 57,8 millones de euros.
Las cajas de ahorros le vendieron Tablada a ocho grupos inmobiliarios por 82 millones de euros en octubre de 2001, unos meses despu¨¦s de que el Ayuntamiento anunciase su intenci¨®n de expropiarlos.
La expectativa de negocio de los due?os de Tablada rondaba los 300 millones de euros gracias a un proyecto para construir 15.000 viviendas de lujo.
El Ayuntamiento cifr¨® en noviembre de 2004 el justiprecio de la expropiaci¨®n en siete millones de euros. Los empresarios, en 210 millones de euros.
El valor de la expropiaci¨®n lo decidir¨¢n los jueces, pero la valoraci¨®n de los terrenos que obliga a hacer la nueva ley del Suelo anula las expectativas econ¨®micas de los empresarios.
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