Estado democr¨¢tico y de derecho

La democracia tal como la entendemos, porque as¨ª se establece por nuestro sistema pol¨ªtico, descansa y se desarrolla a trav¨¦s de la divisi¨®n de poderes. La separaci¨®n entre el legislativo, ejecutivo y judicial impide la concentraci¨®n de poder en uno de ellos y hace posible el Estado democr¨¢tico de derecho. Un Estado que, en el ¨¢mbito del derecho penal, exige, de una parte, que la responsabilidad criminal quede limitada a las propias acciones; de otra, que la transgresi¨®n de la ley tenga una lectura constitucional. Dicho con m¨¢s claridad que ¨²nicamente hay delito cuando as¨ª se declara por los jueces y tribunales que son quienes detentan en exclusiva el Poder Judicial. Si esta distribuci¨®n, y estas garant¨ªas no se respetan, podr¨¢ existir Estado; podr¨¢ existir el Derecho, pero no tendremos el Estado de derecho que proclamamos como base de nuestra sociedad. De ah¨ª que haya que evitar e impedir que ideas u opiniones oportunistas sean las que sirvan para construir la sociedad. En caso contrario; en el supuesto que no se paren estas situaciones de oportunismo el riesgo de quiebra del Estado de Derecho es grande, pues confundir¨ªan unos y otros poderes, y la separaci¨®n dejar¨ªa de ser la base del sistema.

Pues, bien, esta delimitaci¨®n entre poderes, que es un hecho legal en nuestra sociedad democr¨¢tica, en numerosas ocasiones viene a enturbiarse. No ya por cuanto los distintos poderes intenten reforzar sus competencias a costa de las de los dem¨¢s. No. La regla general y el juego limpio, pese a estas maniobras interesadas, son las que imperan. Sin embargo, algunos grupos pol¨ªticos y, en especial, algunos de sus dirigentes, tratan de sustituir a estos poderes; de suplantarlos o, sencillamente, de responsabilizar de delitos a sus adversarios pol¨ªticos ante la sociedad sin esperar a los resultados judiciales. En suma olvidan que se encuentran en un Estado democr¨¢tico de derecho. Un olvido que se acent¨²a en per¨ªodos electorales. Recientes acontecimientos ponen de manifiesto la realidad de estas afirmaciones.

Las manifestaciones de Mariano Rajoy tratando de hacer ver que la detenci¨®n de Isabel Pantoja era conocida por el presidente de Gobierno intentan ensuciar la separaci¨®n de poderes por cuanto invita a pensar que el Ejecutivo influye en el judicial, puede servir de ejemplo. La querella del PA, en per¨ªodo electoral, contra IU por el robo de la cubierta cuando este robo ocurri¨® hace seis meses, puede ser otro. Y uno m¨¢s: la atribuci¨®n al grupo municipal socialista, por parte del candidato del PP a la alcald¨ªa de Sevilla, de algunas facturas que califica de presuntamente falsas.

Imputaciones y atribuciones que, en general y por acontecer en pleno per¨ªodo electoral, permiten pensar que son oportunistas; que s¨®lo buscan el desprestigio de los adversarios pol¨ªticos y no la verdad material de los hechos, que son la base sobre la que descansa el sistema democr¨¢tico y de derecho. Am¨¦n de que olvidan conscientemente que, salvo en el caso de Herri Batasuna, los actos delictivos son responsabilidad de las personas, y no de los grupos pol¨ªticos. Es una situaci¨®n, pues, de la que hay que huir; y si bien es verdad que resulta dif¨ªcil que algunos dirigentes pol¨ªticos respeten estas reglas del juego limpio -a la vista est¨¢ con estos ejemplos y algunos m¨¢s- resulta totalmente exigible que quienes detentan los distintos poderes no entren en este juego. Su entrada, de darse, podr¨ªa servir de ayuda a determinados dirigentes de los grupos pol¨ªticos que se valen de estos m¨¦todos para lograr unos resultados que, sin ellos, no conseguir¨ªan.

Esta situaci¨®n que obliga a extremar la prudencia judicial en su dif¨ªcil y responsable labor de la instrucci¨®n. Es la manera de evitar y entrar en el juego de quienes solo buscan su propio inter¨¦s y servirse de la justicia, buscando compa?eros y haciendo gala de este compa?erismo para crear una imagen que les ayude en un viaje que deben hacer sin este amparo.

Sin duda en una Espa?a, en la que estos m¨¦todos han sido empleados hasta el hartazgo, fiscales y jueces en activo no van a entrar sin m¨¢s en el juego de judicializar hasta el ensuciamiento el proceso electoral pues esta entrada, de darse, solo servir¨ªa para minar el Estado de derecho y a la sociedad, a la que est¨¢n obligados a servir y a la que sirven. Es nuestra tranquilidad.

Eugenio Su¨¢rez Palomares es fiscal y magistrado del TSJA en excedencia.