Vivienda: una ley y un libro blanco

El tema de la accesibilidad a la vivienda -es decir, el de la necesidad de una amplia oferta adecuada a las posibilidades econ¨®micas de la demanda real- se ha convertido en el m¨¢s intenso y reiterativo en las reclamaciones populares y, por lo tanto, en las propagandas electorales. La reclamaci¨®n tiene largas consecuencias que pueden desbordar, incluso, las legalidades estrictas. Entre las varias respuestas, a menudo concretas y anecd¨®ticas, hay s¨®lo un acuerdo indiscutible: el libre mercado no tiene instrumentos para resolver el problema por s¨ª solo. Es decir, en un sistema liberal como pretende ser el nuestro, los pobres no pueden tener vivienda si no hay una pol¨ªtica de intervenci¨®n, si los gobiernos no imponen acciones sobre las iniciativas y las tendencias del negocio privado. Mucho hablar de las excelencias -y la eficacia- del mercado libre, pero, ante los grandes problemas sociales y econ¨®micos, hay que pedir la intervenci¨®n salvadora de un estado fuerte: la ense?anza, la sanidad, la vivienda, el urbanismo, la cultura, etc¨¦tera. ?Qu¨¦ ser¨ªa de todo ello sin el amparo de las concertaciones, las subvenciones y el peso de los presupuestos municipales y nacionales que se sustentan con los impuestos?

Por eso, en la discusi¨®n sobre la vivienda me interesan las propuestas rotundamente intervencionistas, sobre todo las iniciativas que comprometen o comprometer¨¢n directamente a los gobiernos fundamentando su ideolog¨ªa y su gesti¨®n. Ahora, tanto nacional como localmente, hay dos iniciativas en este sentido que habr¨ªa que publicitar mucho m¨¢s y a las que habr¨ªa que apoyar popularmente porque, sin anecdotolog¨ªa ni oportunismo electoral, podr¨¢n dar las bases de una definitiva y permanente actuaci¨®n.

La primera es la Ley de la Vivienda que el Gobierno de la Generalitat ha presentado ya al Parlament y que probablemente se aprobar¨¢ muy pronto. Parece que en junio se firmar¨¢ un pacto nacional para la vivienda y que en julio se aprobar¨¢ la nueva ley. Una l¨ªnea b¨¢sica de actuaci¨®n que propone es la afirmaci¨®n de la autoridad gubernamental, a pesar de integrar en algunos puntos la colaboraci¨®n -condicionada y controlada- de los promotores habituales. Hace pocos d¨ªas Carme Trilla, Secretaria de Vivienda de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente y Vivienda, lo ha resumido claramente en este mismo peri¨®dico. Sin duda la limitaci¨®n de usos excesivos y antisociales de propietarios y promotores -como, por ejemplo, el tema del alquiler forzoso y otras medidas de correcci¨®n de la anomal¨ªa de los pisos vac¨ªos- ser¨¢n en algunos puntos cuestionadas por los partidos aparentemente m¨¢s liberales y m¨¢s conservadores. Estamos, por lo tanto, en un punto crucial, en el que, ante la gravedad del problema, esos partidos deber¨ªan tener una clara conciencia de pol¨ªtica unitaria y aceptar la forzosa superaci¨®n del mercado especulativo. Esperemos que las 144 enmiendas presentadas por CiU se resuelvan sin que el espantajo del consenso precipitado aminore las decisiones m¨¢s rotundas y eficaces del proyecto del Gobierno.

La segunda iniciativa es la redacci¨®n desde el Ayuntamiento del Libro Blanco de la Vivienda en Barcelona, dirigido por Ant¨®n Costas, con la participaci¨®n de un amplio equipo de especialistas. Se trata de un an¨¢lisis exhaustivo de las condiciones sociales, econ¨®micas y urban¨ªsticas del problema de la vivienda, en t¨¦rminos que podr¨ªan parecer demasiado acad¨¦micos y abstractos, si no se acompa?aran con un pliego de recomendaciones que se centran en dos cap¨ªtulos. El primero plantea los objetivos para el establecimiento de un modelo de vivienda asequible y sostenible: prioridad a los ciudadanos de ingresos menores y en riesgo de exclusi¨®n -una categor¨ªa que el libro intenta redefinir en t¨¦rminos nuevos que hacen variar las actuales clasificaciones con algunas sorpresas interesantes- y prioridad a la recuperaci¨®n de las funciones residenciales de los barrios m¨¢s degradados. El segundo cap¨ªtulo define los siete pilares del modelo: un parque de vivienda de alquiler social y apoyo a un mercado de alquiler privado, un nuevo sistema transparente de adjudicaci¨®n, un parque municipal de suelo para usos residenciales, un esfuerzo en la rehabilitaci¨®n, una pol¨ªtica territorial de ciudad compacta y mixta, una firme regulaci¨®n urban¨ªstica y medioambiental y una especial atenci¨®n a la realidad metropolitana y a la eficacia de su gesti¨®n pol¨ªtica, administrativa y urban¨ªstica.

Son dos documentos muy distintos pero con un mismo tono de novedad respecto a la aton¨ªa o el oportunismo habituales. Son instrumentos promovidos por dos gobiernos -el nacional y el local de Barcelona-, con metodolog¨ªas extensibles, que no se pierden en discusiones superficiales porque definen la actuaci¨®n p¨²blica a lo largo de la legislatura. Me extra?a que estos dos documentos no hayan sido la base de las discusiones electorales de esos d¨ªas. Por lo visto, los pol¨ªticos y los electores prefieren discutir aspectos puntuales porque se prestan m¨¢s a la frivolidad y a la jerga dial¨¦ctica. Prefieren ofrecer y discutir emplazamientos para nuevos bloques de vivienda, cuando habr¨ªa que cuestionar la gesti¨®n, el contenido y los resultados pol¨ªticos de leyes y pactos de mayor generalidad. Discutir la nueva ley o el Libro Blanco habr¨ªa sido discutir de verdad los principios pol¨ªticos del derecho a la vivienda digna y las diferencias que se marcan entre los partidos progresistas y los conservadores.

Oriol Bohigas es arquitecto.